España a la cola de la UE en reconocimiento de asilo en un año de graves conflictos y emergencias humanitarias

La tasa de resoluciones favorables de protección internacional se situó en un 12%, muy alejada de la media europea del 42%, mientras que el genocidio en Gaza y el aumento de llegadas a Canarias muestran que siguen creciendo las necesidades de protección en un año en el que el número de personas desplazadas forzosamente en el mundo alcanzó un récord de 110 millones.

CEAR ha destacado hoy, en la presentación de su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa, que España se ha situado a la cola de la Unión Europea en cuanto a tasa de reconocimiento de asilo, precisamente en un año en el que siguen aumentando las necesidades de protección en todo el mundo. La organización señala que empeora cuatro puntos con respecto al año anterior hasta resolver favorablemente apenas el 12% de las solicitudes, mientras la media europea mejoró tres puntos hasta alcanzar el 42% de reconocimiento. 

La entidad afirma que este retroceso contrasta con el actual contexto internacional, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un nuevo récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, según los últimos datos de ACNUR. A conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, entre otros, se unen dos nuevas grandes emergencias humanitarias, como el genocidio en Gaza o la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y en los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias. 

Con respecto a la situación en Gaza, CEAR recuerda que hasta la fecha más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, siendo la mayoría de ellas ya refugiadas anteriormente. “Se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional. El Gobierno español está dando algunos pasos en la buena dirección, pero aún debe seguir dando más para poner fin a este genocidio y que haya una paz justa y duradera, y que se garantice el derecho al retorno, tal y como pedimos en nuestra campaña que hasta la fecha han firmado más de 100 000 personas”, declara Mauricio Valiente, director de la organización.  

Respuesta ante la emergencia de Canarias 

El 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias (un total de 39 910 personas). Este drástico repunte migratorio desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006. En los primeros cinco meses de este año se ha mantenido el ritmo de las llegadas, especialmente de personas que proceden de Senegal. Además, destaca la presencia de cada vez más mujeres y niños y niñas sin referentes familiares, para lo que el sistema de protección de las islas no está preparado, según el informe de CEAR. En respuesta, el Gobierno de Canarias ha llegado recientemente a un acuerdo con el Gobierno central para tramitar la modificación de la Ley de extranjería y articular un sistema de reparto de la acogida de menores. 

La organización destaca que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue rápida y se activaron medidas extraordinarias como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED). Esta respuesta evitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín. “Aunque en un primer momento sirvieron para descongestionar la situación, España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas”, reclama Mónica López, directora general de CEAR.  

Además, denuncia que en términos de acogida la respuesta no fue equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania: “Las dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento protección, junto con las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social”.   

Un Pacto devastador para el derecho de asilo 

En su informe CEAR también analiza las consecuencias devastadoras que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Un acuerdo que “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”. 

Sin embargo, CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma garantista, con el objetivo minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección. “El resultado de las elecciones europeas es preocupante porque refuerza a los partidos que amenazan gravemente el derecho de asilo. Esperamos que España impulse un cambio de rumbo para situar en el centro a las personas y sus derechos”, exige Mauricio Valiente. 

Continúan los retrasos crónicos con las citas de asilo 

Durante 2023, persistieron los problemas crónicos con las citas previas para solicitar asilo, lo que siguió alimentando un mercado irregular de compraventa de citas. Esta situación provocó que miles de personas estuvieran en una situación de total desprotección y en un limbo legal durante periodos de hasta nueve meses, según recoge CEAR en su informe.  

Además, la organización destaca las condiciones de hacinamiento e insalubridad que sufrieron cientos de personas en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas a finales de año, que se prolongaron hasta principios del actual, ante el aumento de llegadas de personas procedentes de Senegal y Kenia. “En lugar de habilitar vías legales y seguras, las autoridades españolas siguen recurriendo a imponer más obstáculos, como los visados de tránsito a personas que pueden ser merecedoras de recibir protección internacional”, lamenta Mónica López. 

Por último, el informe dedica un capítulo a las enormes dificultades para que las personas migrantes y refugiadas accedan a derechos básicos en España, como la vivienda, el empleo, la salud o cuentas bancarias, entre otras. Una situación que se agrava por el auge de la discriminación racial, por la falta de reconocimiento de la documentación de solicitantes de asilo y por la baja tasa de reconocimiento de protección internacional.