2025, el año en el que las políticas antimigratorias impulsaron los discursos de odio

En la encrucijada en la que nos encontramos, el año 2026 será decisivo para saber qué rumbo toma la UE y España. Ambas aún están tiempo de impulsar otras políticas migratorias y otras narrativas que pongan en el centro a las personas y acabe el señalamiento constante que sufren las personas migrantes y refugiadas, entre ellas, muchos niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, a quienes se criminaliza y estigmatiza impunemente. La nueva Ley de Asilo, necesaria para adaptar nuestra legislación al Pacto Europeo de Migración y Asilo, es una oportunidad para que el Gobierno español impulse y lidere esa otra UE que no reniega de sus valores fundacionales y mira al futuro con esperanza. 

Un Pacto que pone en riesgo derechos humanos 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024, consagra un enfoque de contención, control y externalización de fronteras. El nuevo ciclo político, tras las elecciones europeas, consolidó este enfoque con la creación de dos nuevas carteras en la Comisión Europea que buscan reforzar la construcción de la Europa Fortaleza. 

Para adaptarse a esta normativa europea, España tiene que aprobar una nueva Ley de Asilo, que debe poner el foco en el mantenimiento de las garantías ya existentes como la asistencia jurídica gratuita a lo largo de todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España, entre otros. Además, debe asegurar que los nuevos procedimientos como el de triaje cuentan con todas las garantías y que se respeta el principio de no devolución. También debe reforzar el derecho a vivir en familia para que muchas personas refugiadas que llevan años esperando puedan darse, por fin, ‘El abrazo más esperado’. 

Luces y sombras del Reglamento de Extranjería 

El nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo, flexibiliza el arraigo para algunas personas en situación irregular, pero excluye del cómputo a quienes hayan visto sus solicitudes de asilo rechazadas, empujándoles a permanecer dos años en situación irregular.  

La aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas migrantes puede ser una herramienta válida para dar respuesta a las situaciones de irregularidad que quedan fuera del nuevo Reglamento, pero sigue paralizada en el Congreso. En 2026 no deberían caber más excusas para impulsar una iniciativa que cuenta con un enorme respaldo de la ciudadanía y de la sociedad civil.  

Descenso de solicitudes de asilo 

El nuevo Reglamento de Extranjería ha provocado un descenso en el número de solicitudes de asilo, principalmente de personas procedentes de países como Colombia, que podrían necesitar protección internacional, pero que ven sistemáticamente rechazadas sus peticiones, a pesar de la frágil paz que impera en el país andino.  

De hecho, las resoluciones desfavorables han crecido de nuevo este año hasta el 44%. CEAR considera que España aún tiene mucho margen de mejora como demuestran los datos de asilo. Solo un 11 % de las solicitudes han sido resueltas favorablemente en lo que llevamos de año (hasta el 30 de noviembre), empeorando más de siete puntos la tasa de reconocimiento de 2024, que ya ubicaba a nuestro país a la cola de la UE. 

En cuanto al número total de solicitudes, todo apunta a que haya un considerable descenso. A falta de un mes para acabar el año el número de personas solicitantes de asilo se situaba en 134.401, un 14 % menos que en el mismo periodo que el año anterior. 

Descenso de llegadas marítimas 

Durante este año, también han descendido el número de llegadas por vía marítima a costas españolas, en gran parte debido a los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal. Este descenso se ha dejado notar sobre todo en el archipiélago canario, al que han llegado un 60 % menos de personas que el año pasado. Sin embargo, cuando se cierra una ruta, se abren otras, en ocasiones más largas y, por tanto, más peligrosas. Es el caso de la nueva ruta identificada a finales del año pasado desde Somalia a Baleares que ha experimentado un incremento del 27 %.  

Entre las personas que tienen que arriesgar sus vidas en estas mortales rutas se encuentran niñas, niños o adolescentes, muchos sin referentes familiares. Su protección supone uno de los principales retos en materia migratoria ante un sistema desbordado y la falta de acuerdo político e interterritorial para su acogida. El auto del Tribunal Supremo y la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería presentan una oportunidad para dar una respuesta adecuada a cada niño y niña, poniendo su interés superior en el centro. 

Aumento de desplazamientos forzosos 

Pese a este descenso en el número de solicitudes de asilo y en el de llegadas, las crisis de desplazamiento a nivel mundial persisten, especialmente en países como Venezuela, Afganistán, Ucrania, Sudán, región Sahel y, especialmente, con el genocidio en Gaza que, desde octubre de 2023, se ha cobrado la vida de más de 71 000 personas palestinas por ataques indiscriminados del ejército israelí.  

El frágil acuerdo de tregua alcanzando en octubre, auspiciado por Estados Unidos, no ha logrado frenar el genocidio más silencioso que sufre el pueblo palestino. Cerca de 400 personas palestinas han muerto por la ruptura del alto el fuego por parte de Israel, mientras más de un millar han resultado heridas. La situación humanitaria sigue siendo crítica: más de un millón de personas continúan alojadas en refugios improvisados, con acceso limitado a asistencia humanitaria y enfrentándose a condiciones cada vez más duras ahora que llega el invierno. Sin embargo, los crímenes perpetrados por Israel han despertado una enorme ola de solidaridad hacia el pueblo palestino, por la que miles de personas alrededor del mundo han alzado sus voces en defensa de los derechos humanos; un grito de esperanza que demuestra que una paz justa y duradera aún es posible. 

También cabe destacar el agravamiento de la situación humanitaria en Sudán a medida que se recrudece el conflicto lejos del foco mediático. Tras más de dos años, la toma de El Fasher el pasado octubre ha dado otra vuelta de tuerca a la que ya es la mayor crisis de desplazamiento forzado en todo el mundo. Más de 13 millones de personas sudanesas permanecían desplazadas de manera forzosa a mediados de 2025; de ellas, más de 10 millones internamente, según datos de ACNUR. 

Además, este año se han cumplido 50 años de exilio del pueblo saharaui debido a la ocupación ilegal de Marruecos en el Sáhara Occidental. En la actualidad, más de 173.000 personas refugiadas viven aisladas en el desierto, mientras quienes viven bajo la ocupación marroquí y defienden la causa saharaui sufren graves represalias y vulneración de derechos. Por todo ello, su lucha y reivindicación de su derecho a la libre autodeterminación continúan más vigentes que nunca. 

La punta del iceberg de los delitos y discursos de odio 

Lo sucedido en Torre-Pacheco en julio visibilizó una realidad que afecta a miles de personas: la gran amenaza que representan los delitos y los discursos de odio, que en su inmensa mayoría continúan invisibilizados. Las personas migrantes sufren miles las agresiones y discriminaciones diarias, en diferentes ámbitos (empleo, vivienda, padrón, etc) impulsadas en muchos casos por los discursos del odio que se encuentran completamente normalizados.   

Estos hechos son denunciables y las condenas judiciales ayudan a visibilizar injusticias y a impulsar cambios necesarios para toda la sociedad. Sin embargo, persisten las dificultades para que muchas personas puedan denunciar y para obtener justicia y reparación. Por este motivo, CEAR ha lanzado este año ‘Alza la voz contra el racismo y la xenofobia’, que cuenta con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo Plus. El objetivo es ayudar a las personas migrantes y refugiadas a denunciar este tipo de situaciones, complementando al Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que forman parte numerosas organizaciones. 

Estas acciones impulsadas por la sociedad civil están logrando importantes pasos para luchar contra el racismo y la xenofobia, como el nombramiento de una Autoridad Independiente que ha sido celebrado por las entidades de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, al tiempo que reclaman al Gobierno ser escuchadas en su regulación. 

Porque el odio no es una opinión, sino una amenaza para la convivencia. Ojalá 2026 sea el principio del fin de este auge del odio y haya cada vez más herramientas para que no sigan creciendo impunemente.