CEAR reclama que se garantice el derecho a vivir en familia a las personas refugiadas
CEAR denuncia hoy, Día Internacional de las Personas Migrantes, las barreras legales, administrativas y económicas que tienen que superar las personas refugiadas para que se les garantice el derecho a la unidad familiar y a vivir en familia, de conformidad con el marco jurídico internacional y europeo. La organización destaca que la reunificación familiar es una de las vías legales y seguras a las que se pueden acoger para reencontrarse con sus seres queridos y que, en caso de que sea necesario, se les garantice la protección internacional, ya que pueden sufrir la misma persecución en países de origen y tránsito.
Sin embargo, señala que la reunificación familiar sigue siendo un proceso lento que puede llevar tiempos de espera de años y plantea numerosos desafíos prácticos, como los elevados costes que suponen los billetes de viaje o la expedición de documentación requerida.
A esto hay que añadir los requisitos restrictivos para poder beneficiarse de este derecho. Conforme a la legislación española se incluyen en la extensión o reagrupación familiar a los ascendientes en primer grado (padre y madre), descendientes en primer grado menores de edad (hijos e hijas), cónyuges y personas asimiladas, y miembros de la familia respecto de los cuales se acredite la dependencia y la existencia de convivencia previa en el país de origen. Esto deja fuera a muchas personas con grado de parentesco cercano o que no puedan acreditar la dependencia y la convivencia previa con la interpretación restrictiva de la Administración
Las personas afganas y palestinas entre las más afectadas
A estas barreras, se añaden otras específicas en función del contexto y de los países de origen. Así, en el caso de las personas afganas, a la dilatación del proceso se suman importantes impedimentos burocráticos para conseguir cita en la embajada española en Irán, así como criterios restrictivos para la expedición del visado. Mientras tanto, los miembros de la familia a reagrupar se encuentran esperando durante meses en Afganistán o en terceros países como Irán o Pakistán, donde su vida, integridad y derechos humanos están en peligro debido a las expulsiones masivas que están sufriendo.
Es el caso de Mahdia, una mujer afgana que tras tres años de espera logró traer con el apoyo jurídico de CEAR a su hermana y a sus tres sobrinas en España: «Todos los días estaba mandando mensajes para saber qué podía hacer. Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio, vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o de los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán”, señala esperanzada.
Para las personas palestinas de Gaza que tienen reconocida la extensión familiar el proceso es incluso aún más complejo porque sus familias permanecen atrapadas en la Franja debido al cierre de los pasos fronterizos y a la negativa de Israel de permitir su salida. “Soy incapaz de pensar en un futuro sin mi marido”, comenta desesperada Tahreer, una mujer gazatí que fue evacuada junto sus hijos e hijas para que pudieran recibir tratamiento médico de urgencia.
Ante estas situaciones de incertidumbre y desesperación, CEAR reclama que las futuras reformas legislativas necesarias para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA)—que entrará en vigor en junio de 2026— refuercen el derecho a la vida en familia de las personas refugiadas. Para ello considera necesarias medidas urgentes, como que se habiliten vías legales y seguras para que ninguna familia tenga que arriesgar su vida; ampliar la extensión familiar a parientes cercanos , incluyendo como miembros de la familia a hermanos y hermanas, hijos e hijas mayores de 18 años y personas adultas dependientes; establecer un plazo máximo de tres meses para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país y, en el caso de superar dichos plazos, efectuar el traslado por silencio administrativo; o facilitar salvoconductos a las personas reagrupadas en los casos en que no puedan obtener o renovar su pasaporte, entre otras.
Mientras tanto, la organización pide el apoyo de la ciudadanía a través de la campaña ‘El abrazo más esperado’ , con el objetivo de poder afrontar los elevados costes que suponen los traslados de las familias. Durante este año, CEAR ha asesorado jurídicamente a 754 personas refugiadas en el trámite de extensión familiar, presentando a lo largo del año 187 solicitudes. Además, apoyó económicamente 19 reagrupaciones familiares, en las que llegaron 65 personas en total, gracias en gran parte a esta campaña.