2024, el año en que la Unión Europea pactó contra el derecho de asilo
Este año hemos asistido nuevamente a grandes hitos en el ámbito de migración y asilo. La política migratoria se ha convertido en uno de los principales temas de debate a nivel europeo y español, con la aprobación de un Pacto Europeo de Migración y Asilo que pone en serio peligro el derecho de asilo en la UE y una reforma del Reglamento de Extranjería que penaliza a las personas solicitantes de asilo.
En el plano internacional, se agudizó el genocidio interminable del pueblo palestino y se extendió a otros países de la región, mientras sigue sin garantizarse mínimamente la protección de la población civil. Otros conflictos casi olvidados siguieron provocando grandes desplazamientos forzosos a los que urge dar una solución acorde con el derecho internacional, en un final de año en el que hemos asistido a la caída del régimen de Al Assad y se abre un nuevo escenario por ahora incierto en toda la región.
A nivel estatal, sigue siendo preocupante el auge del racismo y la xenofobia y la falta de acceso a derechos fundamentales, en un año en el que se constata un ligero incremento respecto al anterior de llegadas vía marítima y de solicitudes de asilo que han podido ser abordadas, y persistieron los obstáculos en el acceso al procedimiento perpetuándose los problemas para conseguir una cita de asilo.
Pacto con Derechos
En abril se aprobó el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un acuerdo que puede ser “devastador” para los derechos humanos si los Estados miembro, entre ellos España, no lo implementan de forma garantista. El Pacto da pie a reducir las garantías del derecho de asilo y reforzar las políticas de externalización de fronteras y de retorno. Además, apuesta por un mecanismo de solidaridad “a la carta” o “flexible”, no establece un reparto equitativo de las responsabilidades de asilo, extiende la aplicación de procedimientos acelerados y también las detenciones sistemáticas en las fronteras.
El Gobierno español tenía la oportunidad de marcar la diferencia con el resto de socios europeos y liderar otra política migratoria centrada en las personas y sus derechos, contando en todo el proceso con la opinión de la sociedad civil. Lamentablemente, el Plan de Implementación que ha presentado España a la Comisión Europea deja la puerta abierta a que se puedan vulnerar flagrantemente derechos fundamentales, como la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, el análisis individualizado de las solicitudes, el derecho a interpretación o la tramitación de las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos. La participación de la sociedad civil en el proceso sigue siendo una asignatura pendiente y la mayoría de las propuestas de las organizaciones sociales han caído en saco roto, por lo que cobra especial importancia el decisivo trabajo a realizar de cara a la anunciada e inminente nueva Ley de Asilo.
Luces y sombras del nuevo Reglamento de Extranjería
A finales de noviembre se aprobó el nuevo Reglamento de Extranjería, el cual establece algunas mejoras importantes en cuestión de permisos por arraigo, pero no logra un cambio sustancial y definitivo, y deja atrás objetivos clave que pedían organizaciones como CEAR. Entre las luces descollan la reducción de un año del tiempo exigido para solicitar la regularización de la situación administrativa, la flexibilización de requisitos o el desarrollo de los visados como vía regular de entrada.
Entre las sombras, destacan las graves consecuencias para las más de 190.000 personas solicitantes de asilo que se encuentran pendientes de resolución o admisión, ya que las deja en situación administrativa irregular si sus peticiones son denegadas. Las entidades lamentan que, a pesar de haberse abierto canales formales de escucha, las propuestas de la sociedad civil apenas han tenido impacto en la norma aprobada.
Emergencia de derechos de infancia
Este año se han cumplido 30 años desde la llegada de la primera patera a las costas canarias. Una de las rutas migratorias más mortales del mundo que, lejos de detenerse, ha marcado un nuevo récord de llegadas este 2024. A falta de datos oficiales de cierre de año, más de 40.000 personas han tenido que arriesgar sus vidas para llegar al archipiélago y cerca de 1.000 han perdido la vida en el intento, entre ellas muchas mujeres, niñas y niños.
Actualmente hay más de 5.000 niños y niñas migrantes en el archipiélago, lo que sobrepasa con creces la capacidad de atención de las organizaciones e instituciones especializadas en menores. Por este motivo, CEAR y otras entidades que defienden los derechos humanos han pedido medidas urgentes que pongan en el centro la protección de la infancia, entre otras la modificación del actual artículo 35 de la Ley de Extranjería. Es urgente que haya una redistribución justa y solidaria de estos menores para que se puedan garantizar plenamente sus derechos, ante una situación de emergencia que no puede afrontar sola una Comunidad Autónoma.
El genocidio interminable del pueblo palestino
El pueblo palestino sufre un genocidio interminable que amenaza su supervivencia mediante la desposesión, la violencia, el exilio y las violaciones de derechos humanos. Israel ha impuesto un asedio contra Gaza, dejando a dos millones de personas atrapadas sin electricidad, agua, comida o medicinas, y sometidas a continuos bombardeos que se cobran la vida de una media de 250 personas al día.
Masacres indiscriminadas que también se están dando en Cisjordania y que se están extendiendo peligrosamente por la región, especialmente al Líbano, uno de los países con mayor población refugiada del mundo. Estos ataques israelíes están causando centenares de muertes y decenas de miles de desplazamientos forzosos. CEAR lleva más de un año exigiendo que se ponga fin al genocidio del pueblo palestino y a la impunidad con la que actúa el ejército israelí, con una campaña que han firmado más de 138.000 personas.
Conflictos casi olvidados
Tras más de 13 años de guerra en Siria, la caída del régimen de Bachar Al Assad a principios de diciembre abre un nuevo escenario en toda la región, que por ahora plantea grandes incertidumbres para la población civil. Especialmente preocupante es la decisión de algunos países de la UE de suspender las solicitudes de asilo o revocar la protección a personas procedentes de Siria, país que ha sufrido una de las mayores crisis de desplazamiento forzoso a nivel global durante este siglo. Estas medidas ponen en grave peligro el derecho de asilo, ya que estos retornos solo se podrán dar cuando los cambios sean significativos y duraderos.
Mientras tanto, otros países siguieron sufriendo conflictos interminables, y la mayoría de veces olvidados, cuyo final parece aún lejano. Entre ellos destaca el incremento de las hostilidades en Sudán y, por tanto, de los desplazamientos forzosos. Pese a ello, las autoridades españolas han impuesto visados de tránsito a las personas sudanesas y chadianas que imposibilitarán aún más su llegada a través de vías legales y seguras. Además, persisten las graves vulneraciones de derechos humanos y la violencia que impiden a millones de personas vivir en paz en países como Afganistán, Malí, Ucrania, Colombia o Yemen, entre otros.
Barajas, puerta de entrada de solicitantes de asilo
El año comenzó con cientos de personas solicitantes de asilo hacinadas en las salas del aeropuerto de Barajas, el principal punto de llegada de las personas que buscan refugio en España, pese a la percepción generalizada de que la mayoría llega a través de las rutas marítimas. CEAR, que facilita atención jurídica en estas salas aeroportuarias, elevó una queja ante los juzgados de instrucción y el Defensor del Pueblo para alertar de la grave vulneración de derechos que se estaba dando desde hace meses, al tiempo que reclamó medidas urgentes como la autorización de entrada por razones humanitarias de estas personas. Además, recordó que la imposición constante de visados de tránsito cada vez que hay un incremento de solicitudes de una nacionalidad, les aboca a emprender rutas cada vez más peligrosas y mortales.
También el aeropuerto de Barajas fue el escenario de otro episodio lamentable de desprotección con personas del Sahara Occidental, que estuvieron durante semanas bloqueadas en el aeropuerto pendientes de una amenaza de expulsión que finalmente se concretó en la mayoría de los casos. CEAR condenó la devolución de personas a un país donde sus vidas y derechos corren serio peligro y recordó que, tras cada caso, puede haber diferentes situaciones de persecución que se deben valorar en profundidad y de manera individualizada: “Son personas de territorios ocupados, por lo que se deben estudiar sus solicitudes de apatridia de forma pormenorizada”, como recomienda ACNUR y el Defensor del Pueblo.
Más que cifras
Hasta el 30 de noviembre, más de 155.000 personas habían solicitado asilo en España, principalmente de Venezuela, Colombia y Perú, países cuyos nacionales representan casi el 70 % de las peticiones. No obstante, se incrementaron también las personas que buscan refugio de Malí y Senegal que llegan a través de la mortal ruta de Canarias. Lamentablemente, las autoridades de asilo siguen denegando un 47 % de las solicitudes y tan solo un 14 % fueron resueltas favorablemente, mientras que a un 39 %, la inmensa mayoría venezolanas, se les concedió el permiso por razones humanitarias, menos garantista.
A esto hay que añadir que más de 190.000 personas están pendientes de una resolución de la que depende su vida y su futuro en España, sin contar aquellas que tienen que esperar durante meses o incluso más de un año en situaciones de irregularidad ante los problemas crónicos para conseguir una cita de asilo.
Impunidad ante los discursos de odio
El auge del racismo y la xenofobia siguió alcanzando cotas insostenibles, como plasmó el último estudio del CIS en el que la migración se situó como principal preocupación de la sociedad española. Lamentablemente, esto tiene consecuencias directas en el acceso a derechos básicos de las personas migrantes y refugiadas, como puede ser la vivienda, la inclusión financiera, la educación, el empleo, la sanidad u otros ámbitos donde sufren discriminaciones más invisibles.
Sin embargo, igual que sucedió durante la pandemia, las personas migrantes y refugiadas demostraron durante la emergencia de la DANA que juegan un papel fundamental como parte de la sociedad. Pese a ello, muchas de ellas tuvieron que soportar discursos de odio y han sido excluidas de las ayudas, lo que ha hecho que las organizaciones sociales pidan medidas específicas para garantizar sus derechos.
Derecho a vivir en familia
La extensión y reagrupación familiar constituye una de las escasas vías legales y seguras recogidas en la Ley de Asilo para poder acceder a la protección sin jugarse la vida en peligrosas rutas migratorias. Por este motivo, aprovechando estas fechas navideñas en las que nos reencontramos con nuestros seres queridos, CEAR ha lanzado una campaña para reclamar que se garantice el derecho a vivir en familia de las personas refugiadas, sin obligarlas a tener que esperar meses o años hasta que puedan darse el abrazo más esperado.