8M: CEAR alerta sobre las amenazas emergentes contra los derechos de las mujeres refugiadas y migrantes

El auge a nivel global de discursos contrarios a los derechos de las mujeres y a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas amenaza con frenar e, incluso, revertir los avances de los últimos años. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero como cada día, este 8 de marzo CEAR se suma a la lucha por sus vidas y sus derechos en cualquier ámbito.

Actualmente, la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas se está viendo amenazada por el incremento de discursos de odio mismas que redundan, a su vez, en contra de las personas refugiadas y migrantes. A este fenómeno se suma el hecho de que la persecución por motivos de género continúa siendo una realidad invisibilizada, a pesar de que millones de mujeres y niñas en el mundo sufren a diario violaciones sistemáticas de sus derechos humanos.

Avances y retrocesos en el ámbito europeo e internacional

Los discursos que degradan los derechos de las mujeres y niñas se traducen cada vez más en políticas públicas. El caso más representativo es el de la nueva administración de Estados Unidos, que en un breve periodo de tiempo ha puesto en marcha medidas para recortar servicios de salud reproductiva, restringir el acceso al aborto o negar la existencia de la identidad de género. Estas medidas tienen repercusiones globales, ya que impactan profundamente en la implementación de los programas de acción exterior que trabajan esta materia afectando a miles de mujeres, de las cuales muchas son migrantes y refugiadas que se encuentran en situaciones de grave desprotección.

A nivel europeo, a pesar de que en los últimos años se han producido importantes avances en materia de género, los discursos y políticas que amenazan los derechos de las mujeres son cada vez más frecuentes en el ámbito institucional. Entre las mejoras caben destacar la recomendación del Consejo de Europa sobre la protección de niñas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el reconocimiento de protección y la aprobación de la Directiva 2024/1385 para prevenir y combatir la violencia sobre las mujeres.

Sin embargo, el recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo plantea retos en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género. Aunque reconoce la necesidad de proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, no ofrece mecanismos claros para abordar sus necesidades específicas, como la protección contra la violencia de género o el acceso adecuado a servicios de salud. Esto genera incertidumbre sobre cómo se garantizarán la protección y la identificación adecuada de situaciones de violencia y trata, lo que supondrá graves riesgos para la vida de las mujeres migrantes y refugiadas. La deriva de la UE también se evidencia con la desaparición o el estancamiento de comisiones de trabajo y planes de igualdad, o el abandono de la Directiva sobre Igualdad de Trato en materia de protección frente a la discriminación.

A nivel estatal, los posicionamientos de distintos países europeos también están siendo relevantes. Las mujeres en Polonia, por ejemplo, afrontan una de las peores amenazas en cuanto a derechos reproductivos, tras prohibirse el aborto casi en su totalidad. A su vez, en Hungría se han adoptado medidas que dificultan el reconocimiento legal de las personas trans, afectando especialmente a las mujeres.

Estas tendencias internacionales en cuestiones relacionadas con el género que se dan en determinados países de acogida suponen una amenaza para los derechos de las mujeres y niñas en su conjunto, especialmente para quienes tienen que buscar refugio.

De qué huyen las mujeres que piden asilo en España

Las mujeres y niñas solicitantes de asilo en España durante 2024 procedieron, principalmente, de seis países de Latinoamérica y cuatro del norte de África y África occidental. El peligro de sufrir violencia de género, incluidas violencias sexuales, se acentúa en estas regiones debido a conflictos armados o a la explotación de los recursos naturales. Son ellas, además, quienes están más expuestas a sufrir las consecuencias del cambio climático, la degradación medioambiental y los desastres naturales.

En América Latina, por ejemplo, se registraron 2.128 feminicidios en 16 países tan solo durante la primera mitad de 2024: una media de una mujer asesinada cada dos horas. En Venezuela se registraron 127 tan solo entre enero y septiembre de 2024. Y en Colombia, más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, siendo las indígenas y afrocolombianas quienes lo sufren con mayor intensidad. Mientras tanto, en Perú la violencia de género afecta a seis de cada diez mujeres.

En algunos países africanos, a la violencia y los conflictos, hay que sumar prácticas como la mutilación genital femenina, que continúa dándose en Mali y Mauritania; o el matrimonio infantil, común tanto en Mali como en Marruecos, a pesar de estar prohibido en este último país. Asimismo, en el reino alauita, la paralización desde hace casi una década de la reforma sobre la despenalización del aborto continúa poniendo en serio peligro la vida y la salud física y mental de muchas mujeres. Por otra parte, en un país como Mauritania, que el año pasado se situó entre las principales nacionalidades de las personas que solicitan asilo en España, las comunidades haratines continúan estando expuestas a diferentes formas de esclavitud, así como a la explotación y a los abusos sexuales.

Medidas para garantizar los derechos de las mujeres y niñas refugiadas

Ante las amenazas emergentes a nivel global, CEAR alerta sobre la necesidad de que la Unión Europea, y en particular España, avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de género y lidere en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un enfoque de igualdad, no discriminación y garantía de los derechos de las mujeres a nivel global.

CEAR considera fundamental la incorporación del enfoque de género en la futura implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en los Estados miembro de la UE recordando la importancia de que todo el personal implicado en cualquier fase del procedimiento reciba formación especializada en género, infancia, diversidad e interseccionalidad, acompañado de un protocolo para la detección individualizada de situaciones de vulnerabilidad.

También en este contexto resulta fundamental la activación de vías legales y seguras para garantizar la protección de mujeres que sufren violencia y persecución, y se encuentran atrapadas en países que no garantizan su protección.

Finalmente, la organización considera fundamental garantizar la protección por razones de género y reclama que se establezcan mecanismos eficaces de identificación de víctimas de trata que primen su protección sobre el enfoque de persecución del delito. Por ello, reclama la aprobación urgente de la primera Ley Integral de lucha contra la trata de personas.