75 años de la Convención de Ginebra: urgen medidas para que cumpla muchos más

Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, millones de personas en Europa se vieron obligadas a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Esto provocó que la comunidad internacional promulgara una serie de instrumentos jurídicamente vinculantes que cristalizan en la Convención de Ginebra, que buscaba garantizar la protección de las personas que se vieran obligadas a huir por conflictos armados y persecución política.

El 28 de julio de 1951 será siempre recordado por Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, una conferencia diplomática celebrada en la ciudad de Ginebra que se convirtió en el hito fundacional del derecho internacional para las personas refugiadas. 75 años después de su adopción, la Convención sigue siendo el principal instrumento internacional en materia de asilo, pese a las innumerables amenazas globales que amenazan su subsistencia.

Menos protección, más necesidades

Los conflictos y persecuciones que dieron lugar a la Convención no solo no han remitido 75 años después, sino que las necesidades de protección siguen aumentando, alcanzándose en los últimos años cifras récord de desplazamiento forzoso a nivel global.

En 2014, más de 59 millones de personas estaban desplazadas forzosamente, superando la cifra de personas desplazadas por la II Guerra Mundial. Desde entonces, esta cifra no ha dejado de crecer, y hoy día más de 117 millones personas están obligadas a vivir lejos de su hogar, casi el doble que hace una década.

Además, cabe recordar que la responsabilidad de la acogida recae principalmente en los países vecinos, pese a la percepción social basada en desinformaciones. Casi tres de cada cuatro personas refugiadas viven en países de renta baja o media, y dos de cada tres no han salido de un Estado vecino al suyo.

Auge de discursos y delitos de odio

La propagación de discursos de odio construye narrativas y políticas que deshumanizan a las personas migrantes y refugiadas. En el Estado español, el aumento de los discursos de odio, el racismo y la xenofobia plantea importantes desafíos para la cohesión social, la convivencia y la defensa de los derechos humanos.

El año pasado se registraron casi un 24% más que en 2024, según datos del Ministerio del Interior. El racismo y la xenofobia representan cerca del 43% del total, constituyendo la principal motivación y alcanzando la cifra más alta desde que hay registros. A esto hay que añadir la criminalización constante que sufren las propias personas migrantes y refugiadas, y quienes tratan de defender sus derechos o salvar sus vidas.

Externalización de fronteras

Las últimas décadas han venido marcadas por el fenómeno creciente de las políticas de externalización de fronteras. Los acuerdos de cooperación de la Unión Europea con países como Egipto, Jordania, Líbano, Mauritania, Marruecos, Túnez y Libia se supeditan a la implantación de políticas y medidas de contención por parte de los países socios, tal y como ha denunciado el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas migrantes.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 y en aplicación desde el pasado 12 de junio, consagra este paradigma securitario y de contención. Algunas de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos que introduce el Pacto son el refuerzo y la flexibilización del uso de los conceptos “tercer país seguro” y “país de origen seguro”, con la posibilidad de introducir listas nacionales, además de la ya establecida a nivel europeo.

La aplicación extensiva de estos conceptos presenta el riesgo de que no se lleve a cabo una auténtica evaluación individualizada de las solicitudes de asilo, conduciendo a decisiones automáticas y generalizadas sin tener en cuenta las circunstancias particulares de cada persona, y poniendo en grave riesgo el principio de no devolución, uno de los principios fundamentales de la Convención de Ginebra.

Retornos a países no seguros

El acuerdo sobre el nuevo Reglamento de Retorno aprobado en el Parlamento Europeo el pasado 17 de junio consolida la preocupante deriva antimigratoria de la UE, chocando frontalmente con los valores fundacionales de la Unión y planteando serios desafíos para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Entre las consecuencias más graves de este acuerdo destaca la extensión de la detención a plazos de hasta 24 meses, prorrogables por otros seis, permitiéndose múltiples detenciones en cada Estado miembro. Además, el texto abre las puertas a la deportación de personas a centros en terceros países fuera de la UE, los llamados ‘return hubs’, sin necesidad de que exista ningún vínculo previo entre la persona y el país al que será expulsada. Una medida que también vuelve a poner en grave riesgo el principio de no devolución.

Por tanto, en este contexto de amenazas constantes contra el derecho de asilo, es urgente defender el espíritu y letra de la Convención de Ginebra. Ahora más que nunca, 75 años después, hacer memoria y alzar la voz es fundamental para que pueda cumplir muchos más.