Los derechos de las personas afganas tras cinco años de la vuelta al poder de los talibanes

El 15 de agosto se cumplen cinco años desde la toma de Kabul por los talibanes. Desde entonces, la situación humanitaria y de derechos humanos se ha deteriorado exponencialmente en un país que ya sufría las consecuencias de un conflicto duro y longevo. Hoy, continuar exigiendo los derechos de las personas afganas dentro y fuera del país es más necesario que nunca. 

Las mujeres, las personas LGTBIQA+, defensoras de derechos y pertenecientes a minorías étnicas se encuentran entre las más afectadas por los retrocesos de derechos y libertades individuales en Afganistán.  

Además, desde la toma del poder por parte de los talibanes, se han documentado cientos de casos de asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes, evidenciando un amplio abanico de riesgos para la seguridad, la libertad y la protección de quienes habitan el país. Fuera de las fronteras afganas, la protección internacional tampoco se está viendo garantizada. 

Las mujeres y niñas afganas, las más amenazadas 

La situación es particularmente crítica para las mujeres y niñas que sobreviven en Afganistán. Desde agosto de 2021, los talibanes han adoptado hasta 79 normas imponiendo restricciones a sus derechos, incluidos su libertad de movimiento y su participación en el ámbito educativo, laboral, económico y en la vida pública, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).  

Entre estas, destacan la prohibición de la educación de las niñas y las mujeres después del sexto grado, realizar cualquier trabajo fuera del hogar, participar en actividades deportivas, visitar parques o mostrarse en público sin la compañía de un hombre de referencia. Además, sufren la obligación de cubrir completamente su cuerpo, incluido el rostro. 

Estas violaciones sistemáticas y a gran escala, así como sus duros métodos de aplicación, han sido calificadas de forma tajante por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como un marco institucionalizado de apartheid de género: en Afganistán, la mujer es una persona sin derechos. 

A la situación de las mujeres y niñas se suma que, en la actualidad, hasta el 45 % de población total del país requiera asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, agravadas por las graves inundaciones que han asolado el país a finales de julio y que se suman a otros fenómenos meteorológicos extremos que se produjeron con anterioridad. 

La situación de las personas afganas fuera del país 

A finales de 2025 la población afgana refugiada alcanzaba los 3,7 millones, lo que supone un descenso pronunciado de más del 36 % respecto al año previo, según ACNUR. Esto se debe principalmente a un cambio en las políticas de acogida en países como Irán y Pakistán, países vecinos y principales receptores de la población refugiada afgana durante décadas, que han conducido a retornos forzosos y deportaciones.  

En Europa, Afganistán se mantuvo como la tercera nacionalidad en número de llegadas irregulares a Europa, con más de 15.000, según la OIM. Estas se producen a través de rutas cada vez más peligrosas. Durante 2025, las personas afganas se convirtieron en la nacionalidad que presentó el mayor número de solicitudes de asilo en la UE, con un 67 % de tasa de protección favorable. En España se registraron cerca de mil solicitudes de asilo por su parte, un aumento respecto a 2024 del 8 %; sin embargo, el reconocimiento de la protección internacional para ellas ha descendido cerca de un 40 % desde 2022. 

Reivindicaciones de activistas afganas 

Ante el peligro que corren las personas afganas, activistas del país acogidas en España que forman parte del Comité de Personas Refugiadas de CEAR (CPR) han tomado la palabra para reivindicar derechos tras cinco años en el poder de los talibanes. Ellas ponen su voz por todas aquellas niñas que se han visto obligadas a suprimir sus estudios; por las mujeres que ven restringidos sus derechos al trabajo, a la libertad de movimiento o a la vida pública. Para ellas, garantizar el acceso a vías legales y seguras para huir del país y obtener la protección internacional por motivos de género es absolutamente crucial. 

En palabras de estas activistas, nadie está a salvo mientras se sigan vulnerando los derechos humanos de millones de personas en Afganistán, así como restringiendo su derecho a la protección fuera del país. Señalan que, incluso aquellas personas afganas acogidas en España, no estarán del todo seguras mientras sus seres queridos sigan bajo el yugo talibán. Una de sus principales preocupaciones son las grandes dificultades para obtener la reagrupación familiar, ya que, ante la dilatación del proceso y los obstáculos burocráticos, sus familias se ven obligadas a esperar durante meses en Afganistán o en terceros países como Irán o Pakistán, donde su vida, integridad y derechos humanos están en peligro.   

No se puede guardar silencio.  

La comunidad internacional debe garantizar la protección de las personas afganas. 

Miles de vidas dependen de ello.