CEAR se une a las reivindicaciones por el derecho a una vivienda digna y sin discriminaciones
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un reto de primer orden, un derecho cada vez más inaccesible especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las migrantes y refugiadas, debido a las discriminaciones a las que se ven sometidas diariamente.
Lograr un hogar digno y seguro en el que poder vivir se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España: al incesante incremento de los precios del alquiler y de compra, se suma el reducido parque de vivienda pública o el acaparamiento por parte de los grandes propietarios, entre otras cuestiones. En los grandes núcleos urbanos, que además concentran una parte significativa de los puestos de trabajo, el fenómeno de la gentrificación expulsa cada vez más a las personas de sus barrios. El sinhogarismo es, a su vez, un fenómeno que se ha incrementado significativamente durante los últimos 10 años: se estima que más de 37.000 personas viven en situación de calle en España, siendo alrededor de la mitad personas migrantes.
Garantizar una vivienda digna para todas las personas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de aquellas en situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran las solicitantes de asilo y refugiadas, pasa por poner en marcha iniciativas que faciliten su acceso. Estas deben alinearse con los compromisos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, la Agenda 2030 o la Agenda Urbana Española. En este contexto, CEAR reivindica una serie de medidas concretas para garantizar el derecho a la vivienda sin dejar a nadie atrás.
Sin casa no hay refugio
En el caso concreto de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, es necesaria su consideración como posibles beneficiarias de vivienda social. Además, pueden proporcionarse garantías e incentivos fiscales a quienes les alquilen un inmueble asequible, implementando servicios de asesoramiento legal y mediación entre las partes.
Actualmente, distintas administraciones a nivel estatal, autonómico y local tienen competencias en vivienda y protección internacional, pero a menudo trabajan de forma fragmentada. Por ello, junto a las medidas anteriores, es fundamental una mayor coordinación y responsabilidad compartida en la gestión y financiación de la vivienda para estas personas, entre otras cuestiones.
Discriminación racial o étnica
Las personas en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales son migrantes y refugiadas, sufren discriminación, racismo y xenofobia, por lo que para lograr su acceso a la vivienda es vital incluir medidas que contribuyan a combatirlo. Para ello es fundamental la aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación y una comunicación constante y fluida entre los distintos canales oficiales de identificación, registro y denuncia de casos de discriminación existentes, como el Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE. También llevar a cabo programas de sensibilización dirigidos a agentes clave en el ámbito de la administración, a propietarios y agentes inmobiliarios a fin de combatir la discriminación en el alquiler.
En esta misma línea, el CEDRE ha elaborado una recomendación para prevenir y erradicar la discriminación étnico-racial en el acceso al derecho humano a la vivienda, que aborda tanto los obstáculos o abusos contractuales para alquilar o comprar, como las casuísticas que se suceden una vez en la vivienda: las dificultades para el empadronamiento, el acoso u hostigamiento vecinal, los desalojos y prejuicios sobre el comportamiento de determinados grupos.
Asimismo, trata aquellas situaciones de discriminación estructural donde estos grupos están sobrerrepresentados, como es el caso de los asentamientos chabolistas y de infraviviendas. La recomendación incluye, entre otras, la constitución de la recientemente nombrada Autoridad Independiente que, en cumplimiento de la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, garantice la independencia, acceso a la justicia y protección de las víctimas de discriminación con relación a la vivienda; así como que el Plan Estatal de Vivienda para 2026 prevea acciones concretas para garantizar su acceso a una vivienda asequible.
Como se ha demostrado una vez más tras el desastre causado por la DANA, la ausencia de medidas concretas que contemplen la realidad específica de las personas migrantes y refugiadas agrava su situación de vulnerabilidad. Es por ello por lo que la ciudadanía se organiza para salir a las calles a reivindicar el derecho a una vivienda digna para todas.
CEAR se suma a esta lucha y estará presente en las manifestaciones del 5 de abril convocadas en distintas ciudades, aportando su granito de arena para que nadie se quede atrás: todas las personas, independientemente de su procedencia, tienen derecho a tener un hogar seguro en el que vivir en paz y con dignidad.
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