
Tarajal nunca más: 12 años exigiendo verdad, justicia y reparación
El caso Tarajal se ha abierto y cerrado en los tribunales en diversas ocasiones desde aquel 6 de febrero de 2014; sin embargo, 12 años después las víctimas y sus familiares continúan sin recibir verdad, justicia y reparación.
Este 6 de febrero se cumplen 12 años desde que al menos 14 personas perdieran la vida en Ceuta debido uso de material antidisturbios por parte de los agentes de seguridad. Al menos 23 fueron devueltas sin garantías a las autoridades marroquíes. Sin embargo, la tragedia del Tarajal no ha obtenido justicia.
A pesar del documentado uso de ese material antidisturbios para intentar repeler la entrada de personas migrantes en territorio español, esta flagrante violación de derechos humanos continúa impune. No obstante, al mismo tiempo la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias es incansable, y cristaliza un año más en la XIII Marcha por la Dignidad.
¿Qué sucedió en el Tarajal aquel 6 de febrero?
Aquel día, alrededor de 200 personas migrantes intentaron entrar en territorio español a través de Ceuta, alcanzando la zona fronteriza de la playa del Tarajal a nado. Al menos 14 murieron ahogadas y 23 fueron devueltas a las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal.
Mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de materiales como pelotas de goma, salvas detonadoras y botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que testificaron.
¿En qué punto se encuentra el caso Tarajal en la administración de justicia?
El caso Tarajal se ha abierto y sobreseído o archivado en distintas ocasiones, a pesar de la contundencia de los recursos interpuestos por parte de organizaciones sociales como CEAR, las palabras de diversas juezas que han atendido el caso y, por supuesto, de los testimonios de víctimas y familiares.
El caso ha pasado por el juzgado de instrucción nº 6 de Ceuta en dos ocasiones, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. La propia jueza de la Audiencia Provincial, a pesar de archivar el caso, señaló que “si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal, no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos”. También que los guardias civiles “podían haber auxiliado a los migrantes y se abstuvieron sin causa que justifique su omisión”.
Ante semejante escala, CEAR junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Coordinadora de Barrios de la acusación popular presentaron un recurso de amparo por la falta de investigación de las muertes y de tutela judicial efectiva, que en junio de 2023 se admitió a trámite en el Tribunal Constitucional. Una nueva oportunidad para que se establezca doctrina constitucional que proteja el derecho a la vida de las personas migrantes en las fronteras.
Las voces de los supervivientes del Tarajal
Tanto las familias como varias de las personas supervivientes han elevado la voz contra lo sucedido en el Tarajal. Hervé, una de las 90 personas que trató de llegar a nado a la playa aquella fatídica mañana, decidió romper su silencio en 2018 con el apoyo de CEAR.
En 2024, diez días antes del décimo aniversario del caso, otro de los supervivientes presentó una queja contra España ante el Comité contra la Tortura de la ONU liderada por la organización de derechos humanos European Center por Human Rights (ECCHR). La demanda señalaba los fallos de la investigación, exigiendo que se reabra y abriendo así una nueva vía hacia la justicia, paralela al procedimiento al recurso ante el Tribunal Constitucional.
El mismo 6 de febrero de 2025, Brice O., otro superviviente del Tarajal, denunció a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU, con el apoyo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y de Irídia. Brice, que se encontraba en el agua a oscuras cuando recibió el impacto de material antidisturbios en un ojo, con la consiguiente pérdida de visión, acusa a España de incumplir su obligación de prevenir e investigar los malos tratos y de reparar a las víctimas.
Por las voces de los supervivientes,
por las víctimas y sus familias,
por los derechos humanos,
continuamos exigiendo verdad, justicia y reparación.
¡TARAJAL NO OLVIDAMOS!
