CEAR denuncia que las “políticas hostiles” obligan a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas corren peligro

El XXIV Informe Anual CEAR constata que las dificultades para obtener protección provocaron durante el último año que descienda el número de personas desplazadas forzosamente, pese a que aumenten las necesidades. Paralelamente, la UE obstaculizó aún más el acceso a la protección con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo, que permite listas de países seguros en los que se pueden vulnerar gravemente derechos y España continuó empeorando en tasa de reconocimiento y en el acceso a derechos básicos como la vivienda digna, mientras aumentaban los delitos y discursos de odio. 

CEAR ha denunciado hoy, en la presentación de su Informe Anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa, que el incremento de políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos provocaron el primer descenso en una década de las personas desplazadas a nivel global: 117,5 millones, un 5 % menos que el año anterior. Sin embargo, la entidad señala que este descenso no viene acompañado de menos necesidades de protección internacional, sino todo lo contrario, ya que se siguieron intensificando los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo.

Entre esas políticas hostiles, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio y que plantea importantes desafíos para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización llama la atención especialmente sobre la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos se incluyen algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el  futuro  Reglamento de Retorno que supone graves riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país. Una medida que sigue el modelo Italia-Albania, paralizado por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

«España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, sostiene Mónica López, directora de CEAR. 

Cada vez menos protección, pero más necesidades 

Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina representaron las principales crisis de desplazamiento forzado en 2025, según muestra el Informe de CEAR. De nuevo, la mayoría de las personas desplazadas de manera forzosa lo eran dentro de su propio país y quienes tuvieron que traspasar fronteras fueron acogidas sobre todo por países vecinos de renta media y baja. 

Situaciones que se han ido cronificando y agravando, y a las que se han sumado en este principio de año los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano, que amenazan aún más si cabe la paz y la justicia global. En este contexto y debido a la extensión de políticas hostiles contra la migración, CEAR alerta de que millones de personas se ven condenadas a sobrevivir en lugares donde sus derechos y sus vidas corren serio peligro. 

En el caso de España, registró una reducción significativa solicitudes de asilo (13,7 %), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Esto se debe principalmente a la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo. Venezuela se mantiene como la primera nacionalidad, pero las solicitudes de personas de Colombia, Perú o Senegal cayeron estrepitosamente fruto de esta medida disuasoria, que el proceso de regularización está minimizando en parte, aunque solo temporalmente. 

Además, la tasa de reconocimiento de asilo descendió más de siete puntos hasta quedarse en un escasísimo 11 %, lo que sitúa a España en el antepenúltimo lugar de la UE en cuanto a resoluciones favorables de solicitudes, solo por delante de Croacia y Chipre. Una vez más muy alejada de la media europea del 34 %, que también descendió considerablemente en el último año. 

Disminución de llegadas 

Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a costas canarias, un 62 % menos que el año anterior. No obstante, aumentaron a Baleares un 24,5 %, consolidándose la nueva ruta que parte desde Somalia. En este contexto, CEAR vuelve a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdida de vidas en las rutas migratorias. 

Además, la organización subraya que el 15 % de las llegadas a costas fueron niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares. La reforma Ley de Extranjería, que facilita la corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas, y los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional han agilizado los traslados a la Península.  En total, 581 niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025. 

Vulneraciones de derechos y auge de discursos de odio en España 

CEAR denuncia en su Informe Anual que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que también persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas.  

Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna y al empadronamiento. Además, la escalada del racismo y la xenofobia continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6 % en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior. 

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que agrieta la sociedad. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Mauricio Valiente, director de CEAR. 

Comité de Personas Refugiadas 

La presentación del Informe Anual de CEAR en el Congreso de los Diputados también sirvió para presentar el recién creado Comité de Personas Refugiadas (CPR) que ha impulsado la organización. Un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, tanto dentro como fuera de la entidad.  

Por este motivo, Ashtar Alahmad, activista, refugiada siria y representante del CPR, participó en la mesa de debate de expertas sobre migración y asilo que se celebró después del análisis de las principales claves, y en la que también estuvieron presentes Kadiata Malick Diallo, diputada de la Asamblea Nacional de Mauritania; Mohamed Farhan, refugiado somalí; y Tahreer Abujumaa, refugiada gazatí.  

* Este informe está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI); y Fondo Social Europeo + (FSE+).