Masacre de Melilla: tres años de impunidad

Tres años después de la masacre de Melilla, en la que al menos 37 personas perdieron la vida y centenares fueron devueltas ilegalmente cuando buscaban un lugar seguro donde vivir, las víctimas y sus familias continúan sin recibir justicia. CEAR reivindica, una vez más, el fin de la impunidad para los responsables de esta flagrante violación de derechos humanos y recuerda las claves de un terrible suceso que no debe caer en el olvido. 

Detalles del incidente 

El 24 de junio de 2022 fallecieron al menos 37 personas, desaparecieron 70 y alrededor de 470 fueron devueltas sumariamente a Marruecos, tras el uso desproporcionado de la fuerza en la frontera de Melilla, el incidente más mortífero jamás registrado. 

De las aproximadamente 2 000 personas que aquel día intentaron alcanzar España, tan sólo unas 134 lograron acceder a territorio y solicitar protección internacional, muchas heridas por el uso de pelotas de goma. La mayoría procedían de Sudán, pero también de Chad, Eritrea, Camerún y Guinea, algunos de los cuales cuentan con una alta tasa de reconocimiento de asilo. 

La violenta represión ejercida, tanto por las fuerzas de seguridad marroquís como españolas, convirtió la frontera en una trampa mortal. Más de 400 personas se encontraban atrapadas en un patio sin escapatoria, siendo objeto de empujones, pelotas de goma, golpes de piedras y porras, así como del uso de gases lacrimógenos y pimienta. La mayoría de las muertes se debieron a la aglomeración y al aplastamiento, pero no fue el único incidente letal. Tanto quienes no lograron cruzar a territorio español y se quedaron en el patio, como quienes sí lo lograron, pero fueron objeto de devoluciones a territorio marroquí, fueron golpeadas y retenidas durante horas, muchas de ellas ya heridas, sin acceso a atención sanitaria. 

Tres años después, las víctimas no han recibido ninguna justicia y las familias de 70 personas desaparecidas siguen sin noticias del paradero de sus seres queridos. Marruecos se ha negado a proporcionar la lista de personas fallecidas y ha obstruido los intentos de las familias y organizaciones de acceder a hospitales y a las morgues. 

Investigación y reivindicaciones de la masacre Melilla 

Investigaciones de diversa naturaleza confirman que el 24 de junio se vulneraron obligaciones de España en materia de protección de los derechos humanos y protección internacional. El uso de gas lacrimógeno, gas pimienta y pelotas de goma por parte de la guardia civil española pudo intensificar la situación de peligro y contribuir al aumento del número de víctimas, según el Defensor del Pueblo. Los testimonios de diversas personas presentes afirman que los agentes españoles continuaron golpeándolas después de que estuvieran bajo su control y no supusieran ninguna amenaza, tal y como informaba Amnistía Internacional. 

No son las únicas organizaciones que emitieron informes al respecto. El Comité contra la Tortura (CAT) exigió una investigación “imparcial e inmediata” de lo ocurrido en Melilla, así como adoptar medidas para garantizar la no repetición de estos hechos, condenando las devoluciones en caliente que impiden el acceso al procedimiento de protección internacional. La comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, adicionalmente, se pronunció reconociendo que “en la práctica, parece no haber otra vía de entrar en Melilla y solicitar protección ante las autoridades pertinentes que nadando o saltando la valla, arriesgando la vida”, algo que en numerosas ocasiones hemos denunciado desde CEAR. 

Además, junto a otras ocho ONG, exigimos ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que se abriera una investigación ante la presunta utilización de fondos europeos en prácticas de la política migratoria que podrían vulnerar los derechos humanos, como actuaciones violentas y desproporcionadas como las ocurridas aquella fatídica mañana en Melilla. 

Preocupa enormemente que la Fiscalía General del Estado reconociese que el 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla ocurrieron vulneraciones muy graves de derechos humanos y, sin embargo, decidiese dejar sin resolver un ilícito penal, exonerando de toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad españolas y sentando un peligroso precedente. 

Implicaciones en materia de derechos humanos y protección internacional 

La alta tasa de reconocimiento de protección internacional en 2024 de Sudán o Eritrea, del 94 y el 90 %, respectivamente demuestran que probablemente muchas personas que intentaron llegar a España aquel día a través de Melilla podrían tener necesidad de protección internacional. Sin embargo, el Estado español continúa poniendo trabas a la llegada de estas personas mediante diversas acciones, como la imposición del visado de tránsito a quienes provienen de Sudán, vigente desde hace un año. 

Las historias de refugio de diversas personas acogidas por CEAR hablan de los peligros que enfrentan en sus países de origen. Rachid inició su huida dentro de Sudán con tan sólo 5 años, tras el asesinato de su padre, hasta que con 17 consiguió salir del país y huir de la persecución y la guerra. Sekou, procedente de Guinea, señala que sufrió torturas, cárcel, persecución y violencia como activista político. En este mismo sentido se pronuncia Amadou, procedente de Senegal, quien muestra las cicatrices físicas grabadas en su piel.  

Los hechos acaecidos el 24 de junio son presuntas vulneraciones del derecho a la vida y a la integridad física, del acceso al derecho de asilo, de la prohibición de tortura y malos tratos, de la prohibición de expulsiones colectivas y una omisión del deber de socorro. La externalización de fronteras, que en este momento continúa reforzándose, entre otros, mediante el Pacto Europeo de Migración y Asilo, supone un peligro para las personas migrantes en general y las solicitantes de asilo en particular, puesto que sus vidas se ven seriamente amenazadas en los países de los que provienen.  

Tres años después de la masacre de Melilla, continuamos reivindicando el fin de la impunidad. Es imprescindible que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia, conocer cómo sucedieron los hechos y ser reparadas por el daño sufrido. Es urgente impulsar políticas migratorias que prioricen el derecho a la vida y los derechos humanos, facilitando el acceso a la protección mediante vías legales y seguras, son hoy más necesarias que nunca. Han de ponerse todos los medios al alcance para que una tragedia como esta nunca más vuelva a repetirse.