Huir por motivos medioambientales es una realidad de la que nadie está a salvo

En 2023, cerca de 26,4 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por desastres naturales, principalmente debido a inundaciones, tormentas y sequías. Personas que no pudieron buscar protección fuera de sus países. 

Cuando la degradación medioambiental y el impacto del cambio climático ponen en peligro la vida, o hacen de sus hogares un lugar inhabitable, el desplazamiento se convierte en una vía de escape. En la mayoría de los casos, dentro de las fronteras de los propios países: en los últimos 15 años, se han registrado en todo el mundo un promedio de 25 millones de nuevos desplazamientos internos anuales debido a desastres. 

Estos desplazamientos son el comienzo de grandes retos y peligros. Porque cuando dejan atrás el lugar donde vivían, las personas se enfrentan a situaciones de más vulnerabilidad, viendo amenazado su acceso a derechos básicos como la salud, la educación o el empleo. Especialmente cuando además tienen que huir por conflictos, violaciones de derechos humanos y persecuciones. En estos casos, hasta un 76% de las personas busca refugio en países empobrecidos y afectados por el impacto del cambio climático, aunque son los que menos han contribuido a ello.  

Brasil, Panamá o Pakistán son algunos de los países en los que ha habido numerosos desplazamientos forzosos recientes por inundaciones o el aumento del nivel del mar, pero Europa o Estados Unidos también están sufriendo las consecuencias de la subida de las temperaturas globales, con más muertes y enfermedades. Ningún lugar en el mundo está libre de estos riesgos medioambientales. 

¿Quién tiene protección? 

Aunque afecta a millones, y cada vez más, no hay ninguna norma internacional vinculante que proteja a las personas que cruzan fronteras por estos motivos. En el contexto actual de emergencia medioambiental, CEAR considera urgente que en las agendas internacionales y estatales la protección de todas estas personas sea una prioridad. 

También es necesario encontrar soluciones legales que den respuesta al riesgo de apatridia por el aumento del nivel del mar y la desaparición de Estados insulares, como Kiribati. 

¿Qué se puede hacer? 

España debe asumir su responsabilidad en la crisis ambiental global, y adoptar un enfoque integral que combine medidas de mitigación, adaptación y protección. Actualmente existen mecanismos que pueden dar respuesta a estas situaciones: una interpretación más amplia e inclusiva de la Convención de Ginebra, la concesión de la protección subsidiaria a las personas que huyen por el cambio climático y no reúnen los requisitos para obtener el estatuto de refugiado, conceder la autorización de permanencia por razones humanitarias (según lo establecido en la Ley), activar el artículo 38 de la Ley de asilo española para pedir protección en consulados y embajadas, o regular la figura de los visados humanitarios, entre otras. 

Estas medidas son más necesarias que nunca por las previsiones de que este tipo de desplazamientos forzosos sigan creciendo exponencialmente en los próximos años: se estima que entre 143 y 250 millones de personas huyen del clima para 2050, según informes del Banco Mundial y las Naciones Unidas.  

Aún no es tarde para actuar. Es el momento que tanto España como Europa y la comunidad internacional aborden la emergencia climática y prioricen la protección de las personas que huyen por estos motivos.