CEAR reclama agilizar la homologación de estudios superiores a las personas migrantes y refugiadas para garantizar empleos dignos
La homologación de títulos superiores es uno de los principales factores que empujan a las personas migrantes y refugiadas a la precariedad laboral. En el Día Internacional de la Educación, CEAR reivindica la validez de los estudios en los países de origen y pide eliminar las barreras que alejan a estas personas de un empleo digno.
Diversos factores estructurales e interseccionales provocan graves situaciones de vulnerabilidad a las personas migrantes y refugiadas. El acceso a un empleo cualificado y en condiciones dignas es uno de los mayores condicionantes a la hora de desarrollar una vida autónoma e inclusiva, condicionando el nivel de ingresos, el ritmo de vida y la capacidad de conciliación, entre otros. Sin embargo, a su llegada al país de acogida, además de a las trabas para su regularización administrativa, estas personas se enfrentan a la pérdida de valor de sus estudios, especialmente a aquellos de alta cualificación.
La homologación de estudios, barrera para la inclusión
La educación y la formación son verdaderas herramientas de inclusión. Para que las personas migrantes y refugiadas puedan acceder a ellas sin enfrentarse a barreras que les impiden construir el futuro que desean, deben dejar de considerarse un privilegio condicionado por el origen o la situación administrativa. Reviste de gran relevancia, por lo tanto, que se consideren como derechos fundamentales.
Cuando a una persona se le niega la validez de su titulación educativa, se rebaja su capacidad de inclusión laboral. Además, esta situación puede perjudicar su autoestima, al ver desaparecer esfuerzos que, en ocasiones, se han logrado llevar a cabo incluso en contextos de persecución o situaciones de pobreza extrema, representando un gran sacrificio para la persona y su familia.
Principales problemas en la homologación de títulos universitarios
Aunque muchas personas migrantes y refugiadas cuentan con titulaciones superiores en sus países de origen, en España siguen ocupando mayoritariamente sectores precarizados. La causa principal son los complejos procesos de homologación de títulos universitarios o superiores extranjeros, que implican tiempos de espera desmedidos y se convierten en un escollo más para el proceso de inclusión, aumentando el desaliento, la frustración y la sensación de desaprovechamiento personal y profesional. Estos retrasos, que en muchos casos se prolongan durante años, suponen una vulneración práctica de los derechos a la educación y al trabajo digno.
Según la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de homologación en España, esta sigue siendo la mayor barrera para el acceso al empleo cualificado de personas migrantes y refugiadas. El informe señala deficiencias estructurales, incumplimiento de plazos y falta de recursos humanos y tecnológicos. Como consecuencia, miles de personas se ven obligadas a desempeñar trabajos que no corresponden a su formación académica en un contexto en el que, además, España demanda profesionales con cualificación en ámbitos clave como competencias digitales y nuevas tecnologías, habilidades lingüísticas, prevención de riesgos, comunicación o el área científica.
Un problema con solución
Es necesario tomar medidas para afrontar esta situación y facilitar el acceso al empleo de personas formadas, para lo cual los servicios relativos han de reforzarse con personal cualificado, de cara a agilizar los trámites de homologación y equivalencias. A su vez, es vital establecer vías de tramitación y resolución rápidas, así como la simplificación de los procedimientos, tal y como marca la normativa europea. Esto debe incluir la reducción efectiva de los tiempos del proceso e, incluso, el cumplimiento de los plazos ya vigentes, con transparencia y un enfoque de atención personalizada.
Por último, es posible implementar políticas dirigidas a equiparar el procedimiento al que se aplica a la ciudadanía de la UE, permitiendo trabajar sin haber obtenido la homologación definitiva cuando se pueda acreditar formación y experiencia previa.
En el Día Internacional de la Educación, es imprescindible recordar que el derecho a la educación incluye también el reconocimiento de los aprendizajes previos. Garantizar el acceso a la homologación en condiciones justas y razonables es clave para que los derechos de las personas migrantes y refugiadas se traduzcan en una inclusión real y efectiva.
