Diez años de la guerra de Yemen, una de las mayores emergencias humanitarias del mundo

Diez años después del inicio de la guerra de Yemen, que comenzó a raíz de las operaciones militares de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí, el país continúa sumido en una situación crítica. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 19,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y protección urgentes, incluidas 15 millones de mujeres, niñas y niños, lo que supone un 7 % más que en 2024.

Pese a que la tregua negociada por la ONU en 2022 se ha traducido en una disminución de la intensidad de las hostilidades, los efectos del conflicto prolongado persisten. Además, el colapso del orden público, incidentes relacionados con la presencia de minas antipersonas y los conflictos localizados continúan aumentando el sufrimiento de la población civil.  

A los efectos devastadores de la guerra de Yemen se suman, además, el impacto del cambio climático y las tensiones regionales. El 49 % de la población sufre de inseguridad alimentaria, y el 55% de las niñas y niños menores de 5 años de malnutrición crónica. Alrededor de 4,8 millones de personas se encuentran desplazadas de manera forzosa en el interior del país, lo que hace de Yemen el quinto país del mundo con mayor número de personas desplazadas internamente.

Por otro lado, más de 84.000 personas yemeníes se encuentran desplazadas de manera forzosa fuera del país, como solicitantes de asilo o refugiadas, acogidas principalmente en países vecinos y de la región como Jordania, Somalia, Egipto, Yibuti y Etiopía. En Europa, destacan Países Bajos, Alemania y Grecia, que acogen respectivamente a más de 10 000, 7000 y 3000 personas de este país.

En España apenas se registraron 80 solicitudes de protección internacional en 2024, y solo se resolvieron cerca de un centenar de solicitudes de personas yemeníes, de las cuales más del 80% fueron favorables. Estas bajas cifras reflejan las dificultades a que se enfrentan las personas de este país para acceder al procedimiento de asilo de forma legal y segura, ya que desde enero de 2020 se les exige un visado de tránsito aeroportuario, un obstáculo insalvable para la inmensa mayoría de personas que buscan refugio.