Basta de impunidad ante los delitos de odio

Lo ocurrido en Torre Pacheco ha tenido una tremenda repercusión social. Estas terribles persecuciones abiertamente racistas y xenófobas han puesto en el foco las consecuencias de los discursos de odio y escenificado la deriva que sufren los derechos humanos. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado: numerosos delitos de odio y casos de discriminación de muy diversa índole son el día a día de miles de personas. En el Día Europeo de las Víctimas de Delitos de Odio, CEAR recuerda la importancia de investigar y condenar judicialmente este tipo de hechos, demostrando que la justicia es posible cuando el sistema garantiza una denuncia segura. 

Lo sucedido en Torre Pacheco visibiliza una realidad que afecta a miles de personas: los delitos de odio. Este, cometido en base a una motivación racista y xenófoba muy específica, ha alcanzado una importancia mediática y social de gran relevancia debido a su flagrante violencia y magnitud. Pero, en muchas ocasiones, este tipo de delitos continúan invisibilizados, siendo diversos los factores que inciden para que así suceda. Hoy son miles las agresiones y discriminaciones diarias que sufren las personas migrantes, impulsadas en muchos casos por los discursos del odio que se encuentran completamente normalizados.  

Estos hechos son denunciables y las condenas judiciales ayudan a visibilizar injusticias y a impulsar cambios necesarios para toda la sociedad. Sin embargo, persisten las dificultades para que muchas personas puedan denunciar y para obtener justicia y reparación. 

Delitos de odio 

Los delitos de odio son actos criminales motivados por el sesgo o el prejuicio hacia una persona o grupo por prejuicios contra características personales como sexo, origen étnico, nacionalidad, ideología, identidad de género, orientación sexual o creencias religiosas. El marco normativo europeo subraya que el odio no es una opinión, sino una amenaza para la convivencia. En España, durante 2023, la cifra registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue de 2268 hechos, lo que supone un aumento del 21 % en relación con el año anterior.  

El Eurobarómetro Especial sobre la Discriminación de 2023 mostraba que más de la mitad de las personas encuestadas creen que existe discriminación en sus países por ser romaní, por color de piel, origen étnico, identidad de género u orientación sexual. Estos datos muestran que el contexto de los países de la Unión Europea a nivel general es hostil, generando sensaciones de inseguridad frente a una estructura que no tiene los niveles de protección adecuados.  

Una realidad preocupante es la infradenuncia. A pesar de los avances legislativos y de algunas condenas, las dificultades para denunciar siguen existiendo. Si bien el número de delitos de odio registrados ha aumentado debido a la concienciación y a determinados esfuerzos porque así sea, la cantidad que continúa sin ser contabilizada es muy significativa. En España, en 2021, tan solo una de cada 10 víctimas denunciaba ante las autoridades, según el Informe sobre la evolución de los delitos de odio del Ministerio del Interior. La infradenuncia puede estar motivada por el miedo a represalias, desconfianza en las instituciones o el temor de las víctimas a que no crean en su relato, ocultando gran parte de esta violencia y alimentando la impunidad; pero existen otros obstáculos que revisten de gran importancia a la hora de fomentarla. 

Principales barreras para la denuncia 

A las barreras emocionales se añaden las barreras sociales e institucionales que muchas personas enfrentan al querer denunciar. El problema subyace en un contexto que impide a determinadas personas y colectivos históricamente excluidos su acceso a derechos. Interiorizar esta realidad puede llevar a pensar que las discriminaciones vividas obedecen a situaciones normales que les toca vivir a esas personas. A ello se suman otras dificultades como la falta de conocimiento de la existencia del sistema de demanda, el miedo a represalias o las barreras idiomáticas. A estas cuestiones se añade la falta de garantía de mecanismos seguros y confidenciales de denuncia. 

La respuesta a estas problemáticas pasa por la implementación de procedimientos basados en los derechos humanos que atiendan todos los aspectos de forma interseccional. Toda iniciativa que busque proteger a las víctimas debe tener como base la construcción de estructuras seguras y de confianza que no hagan diferenciaciones entre las personas que las necesitan. 

En este sentido, existen buenas prácticas que ya se han mostrado efectivas, como la posibilidad de denuncia anónima o políticas centrada en las víctimas en las que una situación administrativa irregular no se tenga en cuenta en el momento de presentar una denuncia, lo cual ya se aplica en determinadas circunstancias para personas víctimas de delitos de género o víctimas de trata de seres humanos. 

En tanto estas cuestiones no se encuentren resueltas, existen espacios como las Fiscalías especializadas en delitos de odio o el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE que procuran una asistencia segura, facilitando el acceso a derechos.  

La garantía de mecanismos seguros, confidenciales y eficaces para la denuncia constituye un pilar esencial en la lucha contra el odio y la discriminación. Solo mediante una respuesta institucional firme, coordinada y centrada en los derechos humanos, será posible prevenir y condenar estos delitos, asistir adecuadamente a las víctimas y consolidar una sociedad basada en el respeto, la diversidad y la convivencia pacífica.  

Mecanismos de denuncia y protección para las víctimas