El pleno acceso a la educación de niños y niñas migrantes y refugiados sigue siendo una asignatura pendiente

A pesar de que en España la educación para todas las niñas y niños está garantizada por ley, en la práctica es diferente: muchas familias migrantes y refugiadas enfrentan obstáculos que les impiden gozar de su derecho a la educación. En el Día Mundial de la Educación, CEAR reivindica el acceso a la educación y lanza una serie de propuestas necesarias para lograrlo.

Cada vez son más los niños y niñas de todas las edades que llegan a España acompañadas por su familia o en solitario. Sin embargo, una vez consiguen establecerse, se enfrentan a numerosos retos que dificultan su proceso de inclusión social y su propio desarrollo personal. Entre los derechos a los que los niños y niñas acceden con dificultades se encuentra el derecho a la educación. Un derecho humano sin el cual no se puede alcanzar un nivel de vida digno, ya que impacta directamente en las oportunidades y las condiciones de acceso al empleo.

La educación es una parte fundamental para el desarrollo de las personas. Una educación suficiente y de calidad aumenta su capacidad de comprender el mundo y prepara a niños, niñas y jóvenes para afrontar la vida con las herramientas necesarias para lograr sus objetivos.

Pero, además, les permite superar discriminaciones que, lamentablemente, se encuentran enraizadas en la sociedad y que se profundizan debido a las situaciones de vulnerabilidad a las que muchas de ellas se encuentran expuestas. Por ello, es esencial detectar las barreras que impiden el acceso a la educación en cualquier etapa y reivindicar el desarrollo de políticas públicas inclusivas e igualitarias que garanticen este derecho humano en la práctica.

Barreras para la escolarización de niños y niñas

Los requisitos para la escolarización de los niños y niñas varían en función del territorio, lo cual supone de entrada un problema de desigualdad en el acceso a la educación. Pero, además, determinadas condiciones limitan la entrada en el sistema educativo concretamente cuando se trata de personas migrantes o refugiadas.

Destaca la exigencia del certificado de empadronamiento en algunos centros escolares, que no tienen en cuenta la imposibilidad de las familias recién llegadas de obtenerlo en un breve periodo de tiempo. Así, por ejemplo, hasta febrero de 2022 la mayoría de las niñas y niños sin permiso de residencia en Melilla se enfrentaban a este obstáculo que impedía su escolarización y suponía una discriminación contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño.

A esto hay que sumarle la falta, en algunos casos, de disponibilidad y la poca agilidad de las comisiones de escolarización, que genera un retraso aún mayor en su incorporación a la fase educativa correspondiente.

Desigualdad en el aula

Existen dificultades para la inclusión plena de los niños y niñas migrantes y refugiadas en condiciones de igualdad. Entre otras, les afecta negativamente la ausencia de aulas de enlace. Psicológicamente, la inexistencia de protocolos de incorporación que faciliten la adaptación y ayuden a sobrellevar la angustia de la separación, teniendo en cuenta que muchas de estas personas se han enfrentado a experiencias traumáticas que van más allá del ya complicado duelo migratorio tiene un negativo impacto.

Especialmente preocupante son las limitaciones que afectan a las niñas y niños con necesidades educativas especiales o diversidad funcional, principalmente ante la falta de disponibilidad de plazas educativas adaptadas a sus necesidades específicas. La ralentización de las pruebas de evaluación y valoraciones pertinentes frenan también la incorporación de estas niñas y niños al aula.

Todo este compendio de barreras se refleja en la menor tasa de escolarización de estudiantes procedentes de otros países, que es un tercio inferior en comparación con las personas de origen español, limitándose a un 49 % según el último informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). Además, los altos índices de abandono temprano y fracaso escolar entre la población migrante, solicitante de asilo o refugiada, se deben principalmente a factores de exclusión como barreras idiomáticas, la segregación escolar y la situación familiar de vulnerabilidad.

Exclusión de personas migrantes y refugiadas adultas

Uno de los mayores problemas identificados entre la población migrante adulta a la hora de acceder a la educación es el acceso a formación profesional subvencionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que exige para determinados certificados de profesionalidad un nivel de estudios acreditado, que en la mayoría de los casos resulta casi imposible de cumplir. La nueva Ley de Formación Profesional, que se ha ido ejecutando a lo largo de 2024 de forma desigual en cada comunidad autónoma, presenta ciertas ventajas para las personas migrantes, como la facilitación del arraigo formativo, el reconocimiento de competencias, las prácticas remuneradas o la certificación por módulos; además de un acceso a ayudas y becas -que se ha demostrado insuficiente- y el hecho de que muchos programas incluyan el aprendizaje del idioma. Sin embargo, los requisitos de documentación y complejos procesos burocráticos siguen suponiendo enormes obstáculos.

Además, el acceso a la formación reglada y ocupacional se ve obstaculizado por la escasez de plazas, el rechazo de la documentación administrativa, pruebas de selección previas o plazos de matriculación incompatibles con el momento que las personas migrantes y refugiadas están viviendo. En el caso de las personas en situación administrativa irregular, las barreras a la formación dificultan la posibilidad de regularización en España. Por otra parte, en el caso de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de la obligación por parte de los Estados de acogida de reconocer los títulos académicos previos, la demora en la homologación o equivalencia de títulos universitarios producen dificultades notorias, tanto en la continuación de los estudios como en el acceso al empleo.

Todos los obstáculos descritos desembocan en una tasa de escolarización en educación superior que se reduce a la mitad en comparación a la de las personas de origen español.

Propuestas CEAR

Para asegurar el acceso inmediato y continuo a la educación de niñas, niños y personas adultas en todos los niveles educativos, CEAR propone:

1. Eliminar las barreras administrativas que retrasan la escolarización y garantizar el acceso a las plazas de enseñanza pública. En particular, facilitar y agilizar los trámites de acceso al empadronamiento y homogeneizar los requisitos en todos los municipios.
2. Adaptar aulas de enlace a nivel lingüístico que respondan adecuadamente a la llegada de alumnado de origen diverso durante el curso escolar, potenciando la intervención de mediadoras interculturales para garantizar un proceso de inclusión efectivo.
3. Promover servicios de información, asesoramiento y acompañamiento en procesos de homologación de títulos y acreditación profesional, así como estudiar las fórmulas para recuperar el currículo oculto de las personas migrantes. Igualmente, es necesario agilizar los procedimientos de homologación y equivalencias de titulaciones universitarias, tal y como recoge el Convenio de Reconocimiento de Lisboa.
4. Facilitar el acceso a cursos de formación para favorecer la inclusión laboral en sectores de actividad menos precarizados, adaptando los programas.
5. Poner en marcha programas formativos dirigidos a profesionales de la administración pública en materia de derechos humanos, migración y asilo, con especial atención a los obstáculos que enfrentan las personas migrantes en el acceso a servicios y recursos públicos básicos.
6. Impulsar políticas de convivencia para prevenir y combatir la discriminación en el acceso a la educación, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía.