10 medidas imprescindibles para que la nueva Ley de Asilo garantice derechos

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado hoy sus propuestas dirigidas al Gobierno español, grupos parlamentarios y actores claves que participan en la elaboración de la nueva Ley de Asilo, anunciada a finales de año y que espera llegue próximamente al Congreso para iniciar el debate parlamentario. Lo ha hecho en un desayuno informativo en el que expertas de la entidad han explicado los principales retos y amenazas que plantea el nuevo marco normativo europeo, y cómo se puede convertir en una oportunidad para mejorar la garantía de derechos en España.

La nueva Ley de Asilo se convertirá la tercera que se apruebe durante el periodo democrático y su objetivo será adaptar el marco normativo español al Pacto Europeo de Migración y Asilo que entrará en vigor en junio de 2026. Organizaciones sociales como CEAR han alertado de que la nueva legislación europea da amplio margen para que se puedan traspasar líneas rojas que pueden socavar el derecho de asilo. No obstante, señalan que los Estados miembro aún tienen la oportunidad de garantizar derechos y en el caso español la nueva Ley de Asilo puede representar la oportunidad para abanderar un Pacto centrado en las personas y en sus derechos.

En este sentido, Carlos Berzosa, presidente de CEAR, recordó que su organización fue parte fundamental en las anteriores leyes de asilo (1984 y 2009) y espera que se tengan en cuenta sus propuestas para la nueva Ley y ser un “dique de contención frente a las políticas contrarias a derechos” que se están impulsando en otros países.

Por este motivo, la organización ha presentado un decálogo de propuestas cuyo objetivo es que España “rescate la Europa de los valores y los derechos”. Para ello, reclaman, entre otras medidas, que la nueva normativa refuerce la obligación de habilitar vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados españoles, para que las personas no tengan que arriesgar su vida en el intento. Además, piden mantener las plenas garantías en el acceso al procedimiento (asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información, el derecho a intérprete y el derecho a un recurso efectivo); establecer alternativas a la detención para que esta se utilice siempre como último recurso; y cumplir el ‘principio de no devolución’ de la Convención de Ginebra, por el que una persona no puede ser devuelta a terceros países donde sus vidas no sean garantizadas.

«La nueva Ley de Asilo marcará un antes y un después en los derechos humanos en España. Aún estamos a tiempo de dar un giro de 180º y liderar otra Europa, donde todas las personas que se ven obligadas a huir de sus países tengan reconocidos sus derechos y puedan vivir con dignidad”, exige Mónica López, directora de CEAR.

Para ello, CEAR también recuerda que es necesario adaptar el procedimiento y las condiciones de acogida a las personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, proponen que se refuercen las buenas prácticas del sistema actual, como el permiso de trabajo a partir del sexto mes desde que se registra la solicitud de asilo, o garantizar el derecho a vivir en familia, estableciendo plazos más breves para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país. Por último, entre otras cuestiones, consideran fundamental instaurar un mecanismo de monitoreo independiente en las fronteras, para evitar vulneraciones flagrantes de los derechos humanos como las que provocaron las muertes de Tarajal en 2014 o la masacre de Melilla en 2022.

«Estamos ante una oportunidad histórica de contar con una Ley de Asilo que sea recordada por su carácter vanguardista y garantista. Solo hace falta voluntad política y altura de miras”, concluye Mauricio Valiente, director de CEAR.