El futuro de la Unión Europea debe sostener el derecho de asilo en Europa

Para asegurar que las personas refugiadas tienen acceso a protección, los Estados deben de garantizar el derecho a solicitar y disfrutar del asilo; y mantener su compromiso con respecto al sistema internacional de protección de personas refugiadas, una obligación aplicable a todos los Estados Miembros bajo el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Sin embargo, los intentos recientes y cada vez mayores de la UE y sus Estados Miembros de eludir sus responsabilidades de asilo externalizando el procesamiento de solicitudes de asilo y protección de refugiados corren el riesgo de socavar el sistema de protección internacional.

Las discusiones sobre la externalización del procedimiento de asilo no son nuevas, y han sido criticadas constantemente, impugnadas y rechazadas a lo largo de los años. La propia Comisión Europea descartó la viabilidad legal de dichos modelos en el año 218, describiéndolos como “ni deseables, ni factibles”. Las necesidades globales de protección son más altas que nunca y los países de ingresos bajos y medios están acogiendo al 75% de las personas refugiadas del mundo. A pesar de todo esto, ha habido un reciente resurgir de propuestas para cambiar el proceso de las solicitudes de asilo, o incluso la responsabilidad a la hora de dar protección a personas refugiadas, a países no pertenecientes a la UE.

Italia , por ejemplo, actualmente está buscando procesar las solicitudes de asilo de determinados grupos de solicitantes de asilo fuera de su territorio, desde centros de detención en Albania – lo cual podría dar lugar a una detención prolongada y automática, la negación de acceso a un procedimiento de asilo justo con las garantías procesales necesarias, y el retraso del desembarco de personas rescatadas o interceptadas en el mar. Otros países, como Dinamarca y Alemania, están evaluando la viabilidad de este tipo de acuerdos. 15 Estados Miembros de la UE y algunos grupos políticos han respaldado medidas similares a corto plazo para trasladar el proceso de asilo fuera de los territorios de la UE y han animado a la Comisión Europea a buscar nuevas formas de facilitarlo a través de una reforma legislativa adicional, incluyendo el concepto diluido de “tercer país seguro”.

Estos intentos deben de ser vistos en un contexto de esfuerzos de contención paralelos que buscan frenar las salidas y prevenir la llegada de personas en búsqueda de asilo a territorios europeos a través de acuerdos de cooperación con terceros países, con poca o escasa atención a los registros de derechos humanos de dichas autoridades.  En los últimos años, la Comisión Europea ha seguido eludiendo el escrutinio público o parlamentario y los marcos legislativos de la UE al concluir acuerdos cada vez más controvertidos y opacos con países no pertenecientes a la UE, lanzando grandes sumas de dinero sin salvaguardias de derechos humanos ni mecanismos de monitoreo, con el objetivo de contener y disuadir la migración y el movimiento de personas refugiadas hacia la UE, aparentemente a cualquier costo humano.

El coste humanitario de la externalización

Los intentos por externalizar el proceso de asilo a países terceros son manifestación flagrante de los estados que evaden su responsabilidad legal hacia las personas necesitadas de protección. Externalizando el proceso de asilo y protección a países terceros los cuales no pueden proveer protección efectiva o que están actualmente acogiendo a personas refugiadas de manera desproporcional, va en contra del objetivo y espíritu de la a Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Además, oscurece la jurisdicción y la responsabilidad, dificultando que las personas accedan a la justicia cuando se violan sus derechos. En aquellos lugares en donde se ha probado la externalización del proceso de asilo, se ha causado un sufrimiento humano incalculable, así como violaciones de derechos.

En particular, el esquema de detención extraterritorial de Australia demuestra cómo estos modelos han creado un confinamiento prolongado y restringido la libertad de movimiento, causando un grave daño tanto a la salud mental como física de las personas que buscan protección. Se producen persistentes abusos de derechos humanos como resultado, incluida la imposición de condiciones que constituyen tratos inhumanos y degradantes, negligencia, falta de acceso a la asistencia legal, falta de identificación y apoyo a necesidades específicas, y separación familiar. Esto debería haber servido como una advertencia. Sin embargo, intentos más recientes, como el esquema de asilo entre el Reino Unido y Ruanda, que aún no está en efecto tras la declaración de ilegalidad por parte del Tribunal Supremo del Reino Unido y que de todas formas es poco probable que se implemente a gran escala, ya han llevado a que personas sean detenidas y se encuentren en un limbo legal dañino bajo amenaza de expulsión. El envío de solicitantes de asilo a Ruanda y otros terceros países viola las obligaciones de los países de destino bajo las normas internacionales de personas refugiadas y socava su compromiso con el estado de derecho.

Las falsas promesas de los Estados Miembros de la UE de asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el contexto de los acuerdos de externalización no son más que palabras vacías. Como demuestra el extenso historial de violaciones de derechos humanos en países socios como Libia, la UE y los Estados miembros carecen de herramientas y competencias adecuadas para supervisar o hacer cumplir eficazmente las normas de derechos humanos fuera del territorio de la UE.

Más allá del terrible coste humano, estos acuerdos también tienen un impacto ruinoso en la administración y en el coste de los sistemas de asilo: se prevé que los intentos del Reino Unido de expulsar a la fuerza a personas a Ruanda cuesten la asombrosa cifra de 1,8 millones de libras esterlinas por solicitante de asilo devuelto. Esto no es sólo un despilfarro injustificable de dinero público, sino también una oportunidad perdida de gastarlo en formas que realmente ayudarían a las personas que buscan asilo, invirtiendo en sistemas de asilo justos y humanos y en las comunidades que los acogen.

Efectos de la elusión de responsabilidades

La viabilidad política de los acuerdos de externalización ha sido también muy cuestionada, dada la reticencia de terceros países a asumir la responsabilidad de las personas solicitantes de asilo o refugiadas que Europa se niega a acoger. La externalización de la tramitación del asilo y la protección de las personas refugiadas, manda una peligrosa señal a los países del Sur global sobre la negativa de los países de la UE a asumir sus responsabilidades con las personas refugiadas y hacer lo que les corresponde.

Lejos de mostrar solidaridad internacional, la UE intenta hacer recaer sus responsabilidades en países que ya acogen a la mayoría de las personas refugiadas, a menudo con muchos menos recursos, una política que no conduce necesariamente a aumentar la influencia mundial, el objetivo declarado de la Comisión Europea. Al mismo tiempo, el bloque está reduciendo el apoyo no relacionado con la migración que ofrece a los países socios, reorientando la ya escasa ayuda a los esfuerzos para prevenir la migración y gastando gran parte de la ayuda al desarrollo en programas nacionales.

Casi el 17% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la UE se destina a sufragar los costes de las personas refugiadas en el país donante, lo que significa que nunca sale de sus territorios. Las relaciones comerciales o en materia de visados también se han convertido en moneda de cambio en polémicos acuerdos con países no pertenecientes a la UE para presionarlos a cumplir los objetivos migratorios internos de la UE.

Enfoque de derechos humanos

Esta falta de compromiso con el reparto de responsabilidades, los tratados internacionales y el sistema global de protección de las personas refugiadas no pasa desapercibida para los países socios, y corre el riesgo de socavar su disposición a proporcionar protección: ¿por qué otros grandes países que acogen personas refugiadas se verían incentivados a asumir la responsabilidad de la protección de personas refugiadas de la UE, cuando la misma UE se niega a defender el derecho a solicitar asilo en su territorio? El efecto dominó potencial podría ser devastador para la protección de personas refugiadas a nivel mundial.

Las organizaciones de la sociedad civil han expresado claramente sus serias preocupaciones con respecto a las reformas recientemente acordadas en el Pacto sobre Migración y Asilo. Sin embargo, la transferencia de solicitantes de asilo fuera del territorio de la UE para el procesamiento de asilo y la protección de personas refugiadas no está contemplada en el Pacto ni en la legislación actual de la UE. Después de que la UE y los Estados miembros hayan dedicado casi una década intentando reformar el sistema de asilo de la UE, deberían centrarse ahora en implementarlo con un enfoque centrado en los derechos humanos que priorice el derecho al asilo según la legislación de la UE y los principios fundamentales del derecho internacional de las personas refugiadas a las que siguen estando vinculados. No deberían, apenas semanas después de que se aprobara la reforma, perder más tiempo y recursos en propuestas que son incompatibles con la ley europea e internacional.

Organizaciones firmantes

11.11.11, ActionAid International, Adopt a Revolution, AGDDS, AMERA International, Amnesty International, APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana), Asociación de Mujeres migrantes y refugiadas Tierramatria, Asociación Elin, Asociación Rumiñahui, Bedsteforældre for Asyl, Brot fuer die Welt, Caleidoscopia, Caritas Europa, Casa do Brasil de Lisboa, CCFD-Terre Solidaire, CEAR, Centre for Peace Studies, Christian Council of Norway, Churches’ Commission for Migrants in Europe, CCME, Ciré asbl, CNCD-11.11.11, Commission on Migration of the European Baptist Federation, CONVIVE – Fundación Cepaim, CRLDHT, Danish Refugee Council, Danish United Nations Association / FN-forbundet, DIGNITY, Dutch Council for Refugees, Ellebæk Contact Network, EuroMed Rights, Europe Cares eV, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), European Evangelical Alliance (EEA), European Network on Statelessness, Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI), Finnish Refugee Advice Centre, Finnish Refugee Council, Foundation for the Promotion of Rights, Algeria, Fundación Alboan, Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty, Fundacja Right to Protection, Geloof & Samenleving, Greek Council for Refugees (GCR), HIAS Europe, Human Rights Legal Project, Human Rights Watch, I Have Rights, International Rescue Committee, Irídia-Center for the Defense of Human Rights, iuventa-crew, JRS Europe, Justice & Peace Netherlands, La Cimade, LeaveNoOneBehind, LGBT Asylum, Ligue des droits humains Belgique, Lysfest for Humanisme, Médecins du Monde International Network, Migration Consortium, Migration Policy Group, Mission Lifeline International.e.V, Movimiento por la Paz( MPDL), Novact, Ocalenie Foundation, Oxfam, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants – PICUM, Polish Migration Forum, Polska Akcja Humanitarna, PRO ASYL, r42-SailAndRescue, RECOSOL – Rete delle Comunità Solidali, RED ACOGE, Refugees International, Refugee Legal Support (RLS), Refugees Welcome, RESQSHIP e.V., Salud por Derecho, Save the Children, Sea-Watch, Seebrücke, Servicio Jesuita a Migrantes España – SJM, Små Broer, SOLIDAR, Solidarity with Kærshovedgård, SOS Humanity, SOS Racism Denmark, Statewatch, Stowarzyszenie Egala / Egala Association, Svenska Kyrkan (Church of Sweden), United Against Inhumanity, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vores Asylbørn y Zusammenland gUG.