Impacto de la pandemia en la acogida e inclusión de las personas refugiadas

La pandemia está teniendo profundas repercusiones económicas y sociales en las personas refugiadas, tanto las que se encuentran en tránsito, como las que supuestamente han llegado a un país de acogida. Si ya antes encontraban innumerables obstáculos para acceder a sus derechos, con el coronavirus se han multiplicado exponencialmente.

Como refleja el Informe Anual de CEAR 2021, durante la primera ola de la pandemia, 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras y, en febrero de 2021, aún 144 países las tenían cerradas o aplicaban algún tipo de restricción de acceso a personas refugiadas o solicitantes de asilo, según ACNUR. Además, provocó que la pobreza extrema aumentara en 150 millones de personas, según un informe del Banco Mundial.

Al igual que en otras crisis, las personas refugiadas y migrantes resultan más perjudicadas por la pandemia que la población en general en términos psicosociales y en aspectos decisivos como el acceso a una vivienda o a un puesto de trabajo, entre otras cuestiones. Durante el primer estado de alarma, al inicio se paralizaron casi por completo los traslados de solicitantes de asilo y migrantes en el marco del programa de Acogida Humanitaria a los centros de acogida, lo cual supuso un tapón en los espacios donde se hallaban entonces: los CETI de Ceuta y Melilla, recursos de Primera Acogida, dispositivos de recepción en Canarias… Además, se cerraron los CIE de manera temporal y el Defensor del Pueblo solicitó que continuaran los traslados a la península desde los CETI para evitar la expansión de los contagios entre personas en situación de vulnerabilidad debido a la sobreocupación existente ya antes del comienzo de la pandemia

Los programas de acogida demostraron una capacidad sin precedentes de adaptación y despliegue de medidas protectoras, siempre tratando de garantizar en la medida de lo posible el acompañamiento cercano. CEAR valora de manera muy positiva el abanico de medidas que el Gobierno implementó en favor de las personas solicitantes de protección internacional como: la prórroga de la documentación caducada durante el estado de alarma; la posibilidad de prolongar la estancia de las personas migrantes y solicitantes en los dispositivos de acogida; o la flexibilización en la imposición de medidas de bajas obligatorias cautelares del sistema para evitar la desprotección a pesar del incumplimiento grave de la normativa o del compromiso de participación en el programa.

Revivir el trauma

Desde el punto de vista psicológico, la pandemia puede considerarse como un trauma social puesto que, al igual que cualquier otro evento de este tipo, irrumpió en la sociedad y en la vida de las personas de una forma inesperada e impredecible, y supone un peligro para su integridad física y psicológica.

Para las personas que previamente han vivido situaciones traumáticas su impacto ha sido aún mayor, al volver a romperse la sensación de seguridad y la confianza que posiblemente habían empezado a sentir, reforzándose la creencia de impredecibilidad y amenaza, y generando pensamientos del tipo “no estoy seguro en ningún lugar”, que originan sentimientos de angustia y ansiedad, en un estado de alerta permanente.

La pandemia ha supuesto un gran desajuste emocional a las personas refugiadas: “Ahora me da miedo todo, ya no solo siento que me persigan y que me pueden matar a mi hijo o a mí; ahora siento el peligro de poder contagiarnos en cualquier momento. Ya no me siento segura en ningún lado”, declara Diana, refugiada de origen colombiano, defensora de los derechos humanos y acogida en uno de los dispositivos de CEAR.

Quienes vivían en los dispositivos de acogida, por sus propios medios o con ayudas económicas, vieron como sus proyectos de futuro, su camino hacia la autonomía y sus sueños se rompían de nuevo. De este modo, las personas solicitantes de asilo vieron como su nueva vida se paralizaba abrupta e inesperadamente, cuando empezaban a reconstruirse emocionalmente o se encontraban en búsqueda activa de empleo, vivienda, trabajo, amistades, etc.

Asimismo, el impacto del confinamiento domiciliario estricto, impuesto por el primer estado de alarma, fue especialmente complicado para quienes previamente habían vivido distintas situaciones relacionadas con la privación de libertad, así como para las que habían sufrido situaciones de tortura, malos tratos u otras formas de violencia. Estas personas han desarrollado, o se ha agravado en ellas, la sintomatología de carácter postraumático, síntomas de reexperimentación como las pesadillas o los flashbacks, dificultades para conciliar el sueño, permanente estado de alerta, angustia… debido a que pueden tener la sensación de estar reviviendo recuerdos dolorosos del pasado.

Especialmente doloroso ha sido para quienes han perdido seres queridos y que no han podido despedirse en persona ni acompañarles en sus últimos días. Mohammed, solicitante de protección internacional natural de Malí, vivió el fallecimiento de su madre en su país de origen con un fuerte sentimiento de culpa y de impotencia por no haber podido protegerla, ni cuidar o acompañar a sus seres queridos en esos difíciles momentos. Frente a la incapacidad económica para hacer frente a los gastos generados por la enfermedad y el entierro, sus propios compañeros reunieron dinero para apoyarle y disminuir su angustia y así le reconfortaron en el dolor.

Falta de acceso a derechos básicos

Sin duda, uno de los retos ha sido lograr el acceso a la protección social que encuentran en nuestro país, es decir, a la atención médica (incluida la prevención y la detección) y a la seguridad de los ingresos (no solo a través de los generados por actividades remuneradas, sino con las rentas e ingresos del sistema público de protección social).

El problema radica en que las personas solicitantes de protección internacional no tienen derecho a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno para paliar las dramáticas consecuencias que estaban viviendo miles de personas ante la falta de trabajo. Para percibir esta ayuda se exige la “residencia legal o ininterrumpida durante un año en España”, requisito que no cumplen quienes han solicitado asilo y están a la espera de una resolución de su expediente, ya que solo disponen de una autorización de residencia de carácter temporal.

Durante los meses del primer estado de alarma, como ya se ha expuesto, se produjo un parón administrativo, que dificultó tanto la posibilidad de formalizar la solicitud de protección internacional como su renovación. Además de alimentar la incertidumbre, generó también muchos interrogantes al empresariado para llevar a cabo contrataciones de estas personas.

La Instrucción 9/2020 del Ministerio de Interior proporcionó cierta seguridad jurídica a las personas solicitantes cuya documentación caducó durante el estado de alarma a través de la prórroga automática de sus documentos identificativos y reconoció el derecho a trabajar a quienes tuvieran el resguardo (blanco) de presentación de la solicitud de asilo, siempre que no se le hubiese notificado la resolución de su expediente. Pese a ello, numerosas entidades públicas y privadas (bancos, empresas, academias), el Instituto de la Seguridad Social o los registros de empadronamiento de algunos ayuntamientos interpretaron que la documentación de la persona solicitante estaba caducada. Esto dificultó o impidió una sucesión de trámites y gestiones básicas en el inicio de la inclusión en una sociedad de acogida: el empadronamiento, la solicitud de tarjeta sanitaria, la apertura de cuenta bancaria, la escolarización, la inscripción en el servicio público de empleo, etc.

A pesar de la flexibilidad de las medidas aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se mantuvieron barreras relacionadas con la brecha digital y la imposibilidad de acceso a medios para participar en la formación para el empleo, a excepción de aquellos casos en que se pudieron conseguir dispositivos electrónicos gracias a las donaciones privadas.

Las personas solicitantes de protección internacional, cuya situación administrativa y cuyo permiso de trabajo son temporales, sufrieron de forma acuciante la pérdida de empleos por la no renovación del contrato temporal, por la incertidumbre que generó la caducidad de los documentos identificativos, por los despidos en periodos de prueba, por la no realización o finalización de las prácticas formativas que podían darles la oportunidad de acceder a un empleo y por la destrucción de puestos de trabajo en los sectores en los que tienen un mayor índice de empleabilidad, como turismo, servicios, hostelería, cuidados… Por el contrario, encontraron mayores oportunidades laborales en sectores que fueron claves para paliar los efectos de la pandemia, como: la logística, almacén y transporte; la limpieza; el sector sociosanitario y de cuidados; y el agrícola. Pese a ello, la población extranjera en su conjunto sufrió un mayor impacto en la pérdida de afiliación a la Seguridad Social, un 6,1% respecto al 3,4% de la población española.

La declaración del estado de alarma detuvo la búsqueda de vivienda de muchas personas solicitantes de asilo, al igual que la actividad del mercado inmobiliario en general por no considerarse esencial. Sin embargo, con la llegada de la «nueva normalidad», y como consecuencia de la suspensión de la actividad turística y académica, una gran cantidad de pisos destinados a estos sectores quedó disponible.

Muchas personas propietarias y empresas inmobiliarias cambiaron su postura en relación a alquilar a personas migrantes, pasando de considerarlo un colectivo peligroso por su inestabilidad económica y laboral a verlo como un potencial cliente. El respaldo de una ayuda económica pasó a ser una garantía de pago por encima de muchas personas que, debido a la pandemia, se encontraban también sin nóminas ni ayudas de unos servicios sociales completamente colapsados.

Brecha digital

La pandemia ha impuesto una experimentación acelerada de la digitalización de la sociedad y ha mostrado el déficit generalizado en competencias digitales, de manera aún más notoria en este colectivo. Falta un uso apropiado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), ya sea por la carencia de acceso a ellas, por la ausencia de conocimientos sobre el uso de las diferentes herramientas o por no tener dispositivos informáticos o acceso a internet.

Esto ha dificultado la realización de trámites administrativos, como las solicitudes de citas en la Oficina de Asilo y Refugio, el SEPE o el médico, el aprendizaje del idioma, las formaciones ocupacionales en línea e, incluso, la posibilidad de realizar las atenciones y entrevistas con los diferentes equipos profesionales del proceso de acogida e inclusión (intervenciones psicológicas o de atención psicosocial, jurídicas,
sociales…).

Impacto en las mujeres refugiadas

Muchas mujeres solicitantes de protección internacional han visto paralizadas sus expectativas de una futura vida independiente y autónoma. Otras han señalado sentimientos de culpa al no poder asumir en la distancia su rol de cuidadoras de sus seres queridos en momentos tan difíciles, sintiéndose fracasadas. Esta “culpa de género” ha afectado especialmente a aquellas que han visto enfermar o fallecer a seres queridos en la distancia.

Además, su alta representación en el trabajo sanitario y de los cuidados supone un elevado grado de exposición al contagio ante el contacto directo y continuado con personas afectadas por la COVID-19. Además, muchas debieron abandonar sus empleos para hacer frente al cuidado de los menores cuando los centros educativos permanecieron cerrados o en momentos de cuarentenas en las que, al carecer de una red de apoyo familiar o social, no han podido elegir entre trabajar o cuidar. Su inserción laboral se produce, por ejemplo, en sectores de comercio de alimentación (cajeras y dependientas) y en los servicios de limpieza hospitalaria y residencias, declarados esenciales, pero altamente precarizados y que tienen mucha actividad en la economía sumergida.

Por otra parte, en 2020 la ONU realizó un llamamiento mundial para actuar frente al repunte de la violencia de género en situaciones de aislamiento. España vivió un aumento de las peticiones de ayuda por este motivo tras el inicio de la pandemia, de hecho 2020 fue el tercer año en el que el 016 ha sido más utilizado. El confinamiento permitió a los agresores mantener el control sobre sus víctimas sin necesidad de imponer las formas más agresivas de violencia, dañando gravemente la salud mental de las mujeres, menores y personas dependientes.

Ejemplos de superación

Pese a todo lo expuesto, cabe destacar que las personas refugiadas y solicitantes están siendo un ejemplo de fortaleza, adaptación y resiliencia. El hecho de que hayan vivido previamente situaciones traumáticas, de peligro, amenaza, aislamiento o incertidumbre probablemente explique por qué muchas de ellas activan y tienen recursos, habilidades y estrategias para superar esta nueva realidad.

No obstante, durante el tercer trimestre de 2020 se comenzaron a resolver muchas solicitudes pendientes, lo que generó la salida del sistema de muchas personas solicitantes cuya solicitud de asilo fue rechazada. Esto provocó que muchas se quedaran en situación administrativa irregular, sin acceso a un empleo ni a ningún tipo de prestación económica o cobertura de sus necesidades básicas, en plena pandemia.

Este artículo es un resumen del capítulo 4 del Informe Anual de CEAR 2021: ‘El impacto de la pandemia en la acogida e inclusión de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas’.

 

 

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