¿Por qué no pueden considerarse seguros los países incluidos en la propuesta de la Comisión Europea?

La lista de países de origen seguros propuesta por la Comisión Europea es alarmante. Son diversos los Estados incluidos en los que persisten graves vulneraciones de los derechos humanos y de los que, por lo tanto, miles de personas se ven obligadas a huir. CEAR advierte del peligro que supone discriminar a las personas que buscan refugio en función de su país de origen y reclama un estudio individualizado de cada solicitud para poder garantizar plenamente los derechos. 

El pasado 16 de abril la Comisión Europea presentó una propuesta de reforma del Reglamento de Procedimientos de Asilo que pretende establecer una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión Europea. Esto implicaría que las solicitudes de protección internacional de las personas nacionales de estos Estados serían examinadas en un procedimiento acelerado y, si esa persona no hubiera accedido aún al territorio, su solicitud podría realizarse mediante el procedimiento fronterizo. Ambas opciones son menos garantistas y pueden dar lugar a pasar por alto situaciones de vulnerabilidad específicas. 

Entre los países propuestos para formar parte de la lista se encuentran candidatos a la adhesión a la UE como Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania; Kosovo como potencial candidato; pero también otros como Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos o Túnez, donde se dan graves vulneraciones de derechos y no se garantiza la protección. 

¿Por qué no es aceptable el concepto de “país seguro”? 

Para la UE, un país que no sea miembro puede ser designado como seguro solo si, a la luz del contexto legal y político, en él no pueden darse persecución, ni riesgo real de daño grave.  Sin embargo, la aplicación de este concepto en sí mismo puede ser contraria a la Convención de Ginebra, que establece que las personas refugiadas deben ser tratadas sin discriminación por nacionalidad. 

Denominar un país como seguro provoca la ausencia de una auténtica evaluación individualizada de las solicitudes de asilo, pudiendo caer en decisiones automáticas y generalizadas sin tener en cuenta las circunstancias particulares de cada persona. Asimismo, disminuye las garantías, descartando la suspensión automática de la devolución en caso de que se recurra la decisión o impidiendo el acceso a un permiso de trabajo mientras se valora la solicitud. Además, refuerza el riesgo de devolución a países que no ofrecen garantías adecuadas para la protección de los derechos humanos. Frente a esto, cada solicitud debe ser objeto de una evaluación individualizada que ayude a prevenir las devoluciones y retornos erróneos, asegurando el respeto de los estándares de protección internacionales. 

Atendiendo al caso de las solicitudes de asilo presentadas en España, dos de los países señalados en la propuesta requieren de especial atención. Colombia y Marruecos han presentado 5.458 y 482, respectivamente, durante el primer trimestre del año. Además, 297 personas colombianas y 50 marroquíes han sido reconocidas con el estatuto de refugiadas. Aunque la mayoría de sus solicitudes de personas procedentes de ambos países son rechazadas, este reconocimiento de la protección internacional a decenas de personas es una muestra evidente de que cada caso tiene que ser valorado individualmente para garantizar que no haya denegaciones automáticas en función de la nacionalidad. 

Colombia y Marruecos, dos de los países más peligrosos 

En Colombia, los grupos armados han ampliado su presencia, persistiendo los abusos contra la población civil, a pesar del acuerdo de paz alcanzado en 2016. A ello se suman otros graves desafíos en materia de derechos humanos, como el acceso efectivo a la justicia y la persecución a periodistas y defensoras y defensores de derechos, siendo uno de los países más peligrosos del mundo para estos grupos: en 2024 se registró un asesinato cada dos días de líderes sociales. Las mujeres y personas LGTBIQ+ también se encuentran en el foco de la violencia, con 745 feminicidios registrados el pasado año y numerosas amenazas por LGTBIfobia. 

Más allá de las vulneraciones de derechos que sufren determinadas personas, es importante señalar que la propia dinámica del conflicto genera repuntes de desplazamientos forzosos de la población en general. Un ejemplo de ello es lo sucedido en el Catacumbo, donde más de 52.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y comunidades tan solo desde enero de este año, según ACNUR. 

Si bien Marruecos celebra elecciones regularmente, muchas libertades fundamentales están restringidas en la práctica. Las libertades de expresión y reunión están severamente limitadas y las autoridades continúan reprimiendo la disidencia y las protestas pacíficas. Periodistas independientes y las personas defensoras de derechos humanos continúan sufriendo abusos, intimidación, espionaje y detenciones arbitrarias, como ha reconocido el propio Parlamento Europeo.  

Persiste, además, la criminalización del aborto, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio o de las relaciones entre personas del mismo sexo, así como las leyes y prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas. La violación conyugal no está criminalizada, mientras que las víctimas de violaciones ocurridas fuera de la relación de matrimonio se exponen al riesgo de persecución por haber tenido relaciones sexuales ilegítimas. Más allá de todo ello, la legislación no ofrece una protección efectiva contra la violencia machista. Por otro lado, es destacable la ocupación ilegal ejercida sobre parte del Sáhara Occidental desde 1975, donde se producen intimidación, espionaje y discriminación contra personas saharuis, especialmente entre activistas en favor de la autodeterminación. 

Colombia y Marruecos no son los únicos países que presentan problemáticas en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional. Alguno son países candidatos a la adhesión a la UE, lo que no supone que el país en cuestión cumpla con los derechos humanos, políticos y sociales, sino solo que ha iniciado un proceso para validar su cumplimiento. En la actualidad, los informes emitidos señalan deficiencias en estos ámbitos.  

Cada año, miles de personas se ven obligadas de huir de sus países por muy distintos motivos y casuísticas: cada vida es una historia y como tal su solicitud de asilo debe analizarse exhaustiva e independientemente. Es necesario elaborar normativa que garantice unos tiempos suficientes y los derechos de estas personas, anteponiendo su seguridad a la política de control de fronteras y dejando atrás cualquier tipo de discriminación. Las vidas de miles de personas están en juego.