Tres años de la invasión rusa a Ucrania que ha provocado el mayor desplazamiento forzoso en Europa desde la II Guerra Mundial

La guerra en Ucrania desencadenada por la invasión rusa, que ya se ha cobrado la vida de al menos 12.000 personas, persiste en un clima de incertidumbre. Cuando se cumplen tres años de la agresión militar rusa y 11 desde que se produjera la anexión ilegal de Crimea, CEAR recuerda la acogida ejemplar de las personas ucranianas que continúan en necesidad de protección y reclama que se aplique a todas las personas que se ven obligadas a huir, independientemente de su lugar de procedencia.

Tras tres años de conflicto y con un recrudecimiento de las hostilidades, el coste humano de la invasión rusa a Ucrania es terriblemente alto. Además de los millones de personas que se han visto obligadas a abandonar el país para salvar su vida, más de 12 millones permanecen en Ucrania en zonas gravemente afectadas, sin acceso a servicios básicos como alimentos, agua y medicinas. Es importante considerar que casi medio millón de personas rusas también se han visto forzadas a huir de su país, siendo especialmente preocupante la situación de objetoras de conciencia, activistas, personas LGTBIQ+ y disidentes políticas, ante el aumento de la represión relacionada con un intento de silenciar la oposición pública a la guerra.

Durante este tiempo, en la Unión Europea más de cuatro millones de personas ucranianas han accedido a la protección internacional, demostrando que es posible una respuesta rápida y eficaz a estas crisis que pasa por garantizar los derechos y el acceso a la protección de todas las personas que se ven obligadas a huir.

Dimensión de la crisis humanitaria

En Ucrania, además de las más de 12.000 muertes, el número de personas desplazadas internamente ha aumentado a cerca de cuatro millones y hay más de seis millones de personas ucranianas refugiadas en todo el mundo. En el caso de las niñas y niños, al menos 2.400 han perdido la vida y un millón han sido desplazadas, encontrándose además especialmente expuestas al riesgo de caer en redes de trata de personas. Estas cifras representan el mayor desplazamiento forzado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, poniendo de manifiesto tanto la necesidad de su protección, como la de aquellas personas que han retornado a Ucrania para buscar y reunirse con sus familiares.

Persisten las violaciones graves del derecho internacional y de los derechos humanos en el conflicto. Los ataques en las regiones en primera línea de fuego se han intensificado y el daño generalizado a infraestructuras ha agravado las situaciones de vulnerabilidad preexistentes en todo el país. Es extremadamente grave el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas, que ha ocasionado daños en edificios residenciales, hospitales, escuelas, lugares históricos y otras infraestructuras civiles. Además, prolifera el uso de armas prohibidas como las bombas de racimo y de minas antipersona. También la violencia sexual en los centros de detención rusos, así como otras formas de tortura empleadas de forma generalizada, según la ONU. Se han documentado, a su vez, asesinatos de periodistas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.

Acogida y solidaridad ejemplares en España

La invasión rusa a Ucrania supuso desde su comienzo un gran reto para toda Europa, poniendo a prueba su capacidad de acogida, más allá de los países limítrofes. A lo largo de estos tres años, España ha otorgado protección temporal a más de 231.000 personas refugiadas de Ucrania. Con anterioridad a la invasión total, entre 2014 y 2022, más de 16.000 personas ucranianas habían solicitado protección internacional. En cuanto a las personas desplazadas de Rusia, el año pasado 919 personas solicitaron asilo en España, situándose entre las 20 primeras nacionalidades. Son personas que huyen del reclutamiento forzoso y la situación de deterioro de los derechos humanos, especialmente para ciertos grupos como las personas LGTBIQ+.

Para hacer frente a la situación, España ha ampliado su red de acogida y puso en marcha los innovadores Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que en la actualidad se han reconvertido y sirven de puerta de entrada al sistema de protección internacional tal y como venían reclamando organizaciones como CEAR, demostrando que es posible registrar, documentar y proteger en tiempo récord a las personas refugiadas. Durante estos tres años, CEAR ha atendido a más de 38.000 personas procedentes de Ucrania, casi un 60 % de ellas mujeres. Su acogida sigue planteando importantes retos, como garantizar su inclusión social para lo cual es urgente abordar el problema estructural de la falta de vivienda pública en España y la discriminación que enfrentan las personas refugiadas en el acceso a este derecho básico.

Propuestas de CEAR

A pesar de esta respuesta ejemplar por parte de la Unión Europea y España, CEAR continúa reivindicando que la auténtica solución para las personas que se han visto obligadas a huir pasa por el fin de las hostilidades desde el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional. Hasta alcanzar esta realidad, será necesario garantizar la protección de todas las personas civiles, especialmente de las desplazadas internamente. Asimismo, es fundamental garantizar el acceso adecuado y sin impedimentos a la ayuda humanitaria, así como mantener las fronteras de los países limítrofes y establecer corredores humanitarios.

Por último, todos los países deben continuar abordando solidariamente la protección internacional de quienes tienen que abandonar sus hogares, adoptando medidas ágiles y eficaces para favorecer el proceso de inclusión de las personas ucranianas y rusas que han buscado refugio en la UE.