ONG piden investigar el posible uso de fondos europeos en vulneraciones de derechos humanos

Ocho organizaciones españolas se dirigen a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por la presunta utilización de estos fondos en prácticas de la política migratoria española que podrían vulnerar los derechos humanos, como actuaciones violentas y desproporcionadas como ocurrió en la Tragedia de Melilla.

Varias organizaciones de la sociedad civil se dirigen a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con sede en Bruselas, para solicitar la apertura de una investigación en relación con la posible utilización de Fondos Europeos por parte del Estado español en actuaciones que podrían vulnerar los derechos humanos en la frontera sur.

Estas actuaciones están relacionadas con acciones violentas perpetradas por las fuerzas policiales, tanto marroquíes como españolas, contra las personas que intentan acceder al territorio europeo, y que tienen como consecuencia la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física, la falta de acceso al procedimiento de protección internacional y la vulneración del principio de no devolución. 

Vulnerar derechos

En concreto se hace referencia a los fondos utilizados por España para ejecutar la llamada política de lucha contra la inmigración irregular –Fondo de Seguridad Interior (FSI) y al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV)–, y su posible ​relación con actuaciones violentas y desproporcionadas perpetradas por las fuerzas policiales que pudieron tener como consecuencia la muerte, las lesiones y la devolución ilegal de las personas migrantes y refugiadas, como las que tuvieron lugar en Melilla el pasado 24 de junio.

Señalamos asimismo la inadecuada constitución y composición del mecanismo de vigilancia sobre el uso de los Fondos, la falta de transparencia sobre su gestión y ejecución, así como la limitada participación de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito migratorio.

Entendemos que la OLAF tiene competencia para entrar a analizar esta situación y determinar el posible incumplimiento de la normativa por la falta de respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la falta de transparencia y por no disponer, además, de la adecuada constitución de los mecanismos previstos para la monitorización del uso de los Fondos.

Organizaciones firmantes

Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Pro-Derechos Humanos de España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Iridia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Stop Mare Mortum y Red Acoge.