Europa debe cambiar su política si quiere evitar más muertes en el Mediterráneo.

 La propuesta de potenciar la vigilancia marítima de FRONTEX sólo agravará el problema. Deben adoptarse medidas de acogida y protección a escala europea.

Europa debe activar el mecanismo de protección temporal en caso de afluencia “masiva” de personas desplazadas para proteger a las personas refugiadas que se juegan la vida en el Mediterráneo.

Las reciente tragedia acontecida en las aguas del Mediterráneo, dónde, en una semana, cerca de 400 personas han perdido la vida al naufragar dos embarcaciones con destino a las islas italianas de Lampedusa y Sicilia, ha provocado una decepcionante y preocupante reacción por parte de las autoridades europeas. En vez de replantearse la eficacia de unas políticas fronterizas y de gestión de los flujos migratorios que están fracasando y provocando muertes, la Comisión Europea ha optado por profundizar en las mismas al potenciar la agencia FRONTEX y otros dispositivos de vigilancia como Eurosur.

Precisamente FRONTEX es parte del problema. Concebida como una agencia de control de fronteras meramente coercitiva, dotada de medios prácticamente militares, no está orientada a proteger a las víctimas de esta situación, las personas refugiadas y migrantes, sino a impedir que las personas salgan de sus países y a combatir las redes de tráfico de personas. La eficacia  de su labor está ocasionando que las redes de tráfico opten por métodos y rutas cada vez más peligrosas, con trágicas consecuencias. Cada año, alrededor de 1.500 personas pierden la vida en el Mediterráneo según el ACNUR.

Las personas migrantes y refugiadas no dejarán de intentar alcanzar las costas europeas mientras persistan las causas que les expulsan de sus países: las guerras, las violaciones generalizadas de derechos humanos, las dictaduras, el despojo, la pobreza, el hambre. En cambio, Europa, lejos de enfrentar estas problemáticas, ha centrado exclusivamente sus esfuerzos en conseguir que los países de origen y de tránsito accedan a convertirse en gendarmes de las fronteras europeas. Gendarmes carentes de escrúpulos desde el punto de vista de los derechos humanos.

La solución no pasa por potenciar las medidas de control de fronteras, sino por abordar las causas de los desplazamientos forzados en los países de origen y por hacer frente a las obligaciones de protección internacional asumidas por los países europeos conforme a los tratados internacionales de los que son parte.

La inmensa mayoría de las personas que están tratando de llegar a Europa por el Mediterráneo proceden de países en conflicto como Siria, Eritrea o Somalia. Seguirán jugándose la vida en el mar porque es su única opción para huir de la persecución y la violencia. Un continente rico, con 500 millones de habitantes, perfectamente puede acoger a unos pocos miles de personas refugiadas. Sin embargo, frente a la petición italiana de distribuir entre el conjunto de países europeos la responsabilidad de acoger a las personas llegadas a sus costas, hemos asistido, una vez más, a la falta de altura de miras de los políticos europeos.

La responsabilidad europea con las personas refugiadas no debe depender de la voluntad política de sus dirigentes. Sin embargo, éstos se muestran reacios a abordar la creación e implementación de un sistema de acogida a escala europea pese a que ya se dispone de un mecanismo europeo para dar respuesta a crisis similares a la que se está viviendo en el Mediterráneo: el mecanismo europeo de protección temporal en caso de afluencia masiva de población desplazada[1]. Este mecanismo está ideado para distribuir la responsabilidad de la acogida masiva de personas refugiadas entre el conjunto de países europeos, destinando un fondo para apoyar económicamente a los países en función del número de personas que acoja.

Esa opción ni siquiera ha sido considerada en el debate público. En cambio, Europa, a través de la Comisaria Europea de Interior, Cecilia Malmström, nos ofrece como gran solución ampliar FRONTEX, revistiéndola de empresa humanitaria y solidaria, destinada a salvar muchas vidas en el mar.

Ante esta endeble repuesta desde CEAR reivindicamos:

• La  puesta en marcha de la Directiva relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Norma vinculante que obliga a los Estados a actuar en situaciones de desplazamiento masivo.
• La asistencia y salvamento inmediato de toda persona cuya vida peligre en el mar, en aplicación de los Tratados del Derecho internacional del mar[2]
• La suspensión de los retornos forzados de todas las personas procedentes de países en conflicto o en graves crisis humanitarias, facilitando su acceso a la protección internacional.
• La Mejora el programa de reasentamiento para facilitar la acogida en condiciones de vida dignas a las personas refugiadas.
• La visibilización de las personas refugiadas como colectivo mayoritario que se está viendo abocado a jugarse la vida en el mar como consecuencia de una política restrictiva que hace infranqueable las puertas de Europa.
• La puesta en marcha de una nueva política europea de asilo e inmigración que priorice a las personas y los derechos humanos.