Salvar vidas nunca puede ser ilegal, lo ilegal es dejarles morir

El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, ha ordenado la detención de Carola Rackete tras desembarcar a 42 personas rescatadas que llevaban más de dos semanas esperando un puerto seguro en Lampedusa. Una situación insostenible e inhumana que se vio agravada en las últimas horas con la evacuación de urgencia de varias personas por cuestiones de salud.
Basta, entramos. No por provocación, sino por necesidad, por responsabilidad. He decidido entrar al puerto. Sé a lo que me arriesgo, pero los 42 náufragos a bordo están al límite. Los llevo a salvo. Espero que las autoridades europeas e italianas entiendan la situación”. Carola Rackete

Estas palabras de Carola Rackete resumen perfectamente el sentimiento de impotencia que se ha adueñado de quienes tratan de salvaguardar el derecho marítimo internacional, frente a las políticas de externalización de fronteras, criminalización, cierre de puertos y bloqueo de barcos humanitarios en el Mediterráneo Central. La ruta migratoria más peligrosa del mundo se ha visto prácticamente vaciada a la fuerza de barcos humanitarios desde hace ya un año, cuando se prohibió al Aquarius desembarcar a 624 personas en Italia y Malta.

Se calcula que antes había cerca de diez embarcaciones que rescataban activamente a personas en peligro, y actualmente solo el Sea Watch, barco de la ONG alemana, se encontraba en esta zona de rescate para evitar muertes de personas que huyen de Libia, un país en el que se han documentado múltiples violaciones de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, y que actualmente sufre una guerra civil que ni siquiera permite considerar a este país seguro para su propia población.

El incremento de llegadas de personas migrantes y refugiadas a las fronteras a partir de 2015 supuso un punto de inflexión y ha puesto de manifiesto la incapacidad de la UE para dar una respuesta común y respetuosa con las vidas y los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Más de 18.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde el 2014.

En este contexto adverso, las organizaciones de rescate solo tratan de cumplir con el deber internacional de socorrer a personas que se encuentran en peligro en el mar para posteriormente trasladarlas al puerto seguro más cercano. Conforme al Principio de No Devolución recogido en la Convención de Ginebra de 1951 que prohíbe a los Estados expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el que pudiera sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes, como es evidentemente el caso de Libia u otros países del norte de África.

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¿Qué pedimos?

Desde CEAR hacemos un llamamiento a la sociedad civil para que exija a los líderes europeos que recuperen sus valores fundacionales y pongan en el centro de sus políticas a los derechos humanos, frente al auge de políticas racistas y xenófobas que ponen en grave riesgo el proyecto europeo.

 

A Italia

  • Puesta inmediata en libertad sin cargos de Carola Rackete.
  • Derogación de la nueva ley antiinmigración italiana, según la cual los barcos humanitarios que se adentren en aguas nacionales sin autorización se enfrentan a un proceso penal y a sanciones de hasta 50.000 euros.
  • Poner fin a los discursos y políticas que criminalizan a las personas migrantes y refugiadas y a las organizaciones de rescate y salvamento que están viendo su labor obstaculizada.

A la UE y a sus Estados miembros

  • Aprobación de un protocolo europeo de desembarco seguro y predecible, y posterior reubicación. Un mecanismo permanente y vinculante para todos los Estados miembros para evitar que las personas migrantes y refugiadas pasen semanas sin poder desembarcar en puerto seguro y que puedan ser devueltas a un país en el que su vida pueda correr peligro. El Gobierno español tiene ante sí el reto de liderar esta propuesta que suponga un cambio de políticas migratorias centradas en los derechos humanos.
  • Aumentar las vías legales y seguras para obtener protección internacional. Esto implica llevar a cabo un programa ambicioso de reasentamiento de personas refugiadas de acuerdo con los requerimientos del ACNUR. Además, de acuerdo con la reciente resolución del Pleno del Parlamento Europeo, la UE debe establecer un marco normativo que facilite visados humanitarios.
  • Poner fin a la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas y garantizar el salvamento y rescate de vidas humanas en el mar.

Porque salvar vidas nunca puede ser ilegal. Ilegal es dejarles morir.

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*Ilustración de Javier de Isusi

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