CEAR reclama desbloqueo de barcos de rescate y protocolo de desembarco europeo

CEAR hace un llamamiento al Gobierno español para que rectifiquen la decisión de la Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, de bloquear los buques ‘Open Arms y ‘Aita Mari’ -impulsado por Maydayterraneo-, y faciliten el trabajo que las ONG de rescate españolas vienen realizando el Mediterráneo Central.

Según CEAR, ante la ausencia de dispositivos de rescate puestos en marcha por los Estados europeos, ambas embarcaciones, junto a otras organizaciones europeas, realizan una labor encomiable que consigue reducir la pérdida de vidas humanas de quienes no tienen otra salida que el mar para huir de infierno libio.

La entidad recuerda que el año pasado habrían muerto más de 1.300 personas migrantes y refugiadas en la zona donde operan estas dos naves, y según organismos internacionales más de 200 personas habrían perdido la vida en el Mediterráneo en lo que va de año.

En este sentido, CEAR comparte la preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las acciones de los Estados para disuadir a las ONG de realizar operaciones de búsqueda y rescate; así como la declaración de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española en la que señalaba los requisitos de “cumplimiento imposible” impuestos para justificar el bloqueo.

Protocolo de desembarco seguro

CEAR reclama que los países europeos aprueben un protocolo de desembarco seguro y predecible, por el cual ninguna persona migrante pueda ser devuelta a un país en el que su vida pueda correr peligro, como Libia, y así cumplir con el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra.

Por este motivo, la entidad reclama que los países europeos cumplan los siguientes compromisos:

1. Acabar con la improvisación y la incertidumbre tras cada rescate. Se necesitan soluciones para dar una respuesta rápida a una situación de emergencia, sin tener que esperar a la buena voluntad de los países para cada caso concreto.
2. Evitar que las personas migrantes y refugiadas pasen semanas sin poder desembarcar en puerto seguro. El cierre de puertos de Italia y Malta está condenando a los barcos de rescate a estar días e incluso semanas en alta mar a la espera de que un país les facilite un puerto seguro, que en ocasiones se encuentra a varios días de navegación, con el riesgo que ello supone para la tripulación y las personas rescatadas.
3. Agilizar los desembarcos y asegurar que no se realicen en países donde la vida de las personas corra peligro. De esta manera se evitarían vulneraciones flagrantes del ‘principio de no devolución’ como las que se están produciendo en estos momentos a Libia, país del que parten la mayoría de embarcaciones y en el que se han documentado detenciones, maltratos, torturas, trata y condiciones de esclavitud a las que son sometidas las personas migrantes y refugiadas.
4. Garantizar el acceso al derecho de asilo a las personas rescatadas. Tras llegar a puerto seguro es imprescindible que se realice una identificación inmediata para detectar casos de extrema vulnerabilidad o de necesidad de protección internacional.
5. Establecer tras el desembarco un sistema justo de reubicación entre países europeos. Aquellos que reciben las llegadas por mar de personas migrantes (Grecia, Malta, Italia o España) no pueden afrontar la acogida. Se necesita un mecanismo de corresponsabilidad para que exista un reparto justo, equitativo y vinculante entre los Estados miembro de la UE.
6. Dar garantías jurídicas a todas las embarcaciones que realicen labores de rescate. Según el Derecho Internacional Marítimo, cualquier barco que se encuentre con personas en peligro en el mar tiene el deber de socorrerlas y llevarlas al puerto seguro más cercano. Los Estados europeos deben garantizar su cumplimiento y dejar de poner obstáculos que impidan salvar vidas.