CEAR condena la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende justificar las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla y pone en grave riesgo el derecho de asilo

Marzo. El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana incluyendo en su contenido la enmienda a través de la cual se da cobertura legal a las devoluciones ilegales que se están produciendo, desde hace años, en Ceuta y Melilla.

El texto aprobado establece que quienes intenten cruzar la frontera de Ceuta y Melilla sin autorización “serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. De esta forma, se crea la nueva figura de ‘rechazo de frontera’ a través de la cual se pretende legalizar las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla. Esta figura no cuenta con procedimiento regulado normativamente por lo que no contempla las garantías establecidas en los artículos 20 y 22 de la LOEX para los procedimientos de devolución y expulsión: derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al recurso contra actos administrativos, derecho a abogado e interprete, así como la garantía de no ser expulsado o devuelto en caso de que se vulnere el principio de no-devolución contenida en el artículo 57.6. “El ‘rechazo en frontera’ sin garantías ni procedimiento alguno pone en grave riesgo el derecho de asilo al justificar la devolución inmediata de personas que llegan a Ceuta y Melilla sin identificación de aquellas que son merecedoras de protección internacional, así como otros perfiles vulnerables”, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) mostramos nuestro rotundo rechazo a esta maniobra legal que supone un claro ataque al derecho de asilo. “Cuando las personas que llegan a Ceuta y Melilla son devueltas al otro lado de la valla sin ser identificadas y sin acceso a garantía alguna, estamos ante una expulsión sumaria contraria a la normativa existente”, señala Estrella Galán. “España no puede aplicar un régimen especial en Ceuta y Melilla al margen de las garantías establecidas en la Ley de Extranjería y Asilo, así como en la normativa europea e internacional”, aclara Galán.

La reforma de la Ley responde a un enfoque puramente securitario de la gestión de fronteras. Las recién inauguradas oficinas de asilo enmascaran la realidad en la frontera y buscan calmar conciencias. “La normativa sobre derechos humanos y protección internacional no solo debe respetarse en las oficinas de asilo, sino también en la valla y en el resto del territorio. Las personas de origen subsaharianos se ven forzadas a llegar a España a través de la valla y por otros medios no seguros ya que son numerosos los obstáculos que les impiden llegar a las oficinas. Las autoridades tienen la obligación de garantizarles el derecho a solicitar asilo aunque su entrada se haya producido por puesto no habilitado”, destaca la secretaria general de CEAR.

La solución al drama de la frontera sur no pasa por potenciar medidas de control de fronteras ni dar cobertura legal a prácticas como las devoluciones ilegales. Es necesario abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados y habilitar vías legales para que las personas refugiadas puedan obtener protección en países seguros.

Desde CEAR alertamos, una vez más, de las terribles consecuencias de la política de blindaje de fronteras llevada a cabo por España y la Unión Europea que ponen en grave riesgo la vida de miles de personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares.

//Fin//

CEAR puso en marcha con motivo de las 15 personas que perdieron la vida en la playa de El Tarajal el 6 de febrero de 2014 la campaña estohayquecortarlo.org que denuncia la política de blindaje de fronteras en Ceuta y Melilla y pide el respeto de los Derechos Humanos de las personas refugiadas, así como al derecho de asilo y al cumplimiento de la normativa nacional e internacional.

Departamento de Comunicación: 91 598 05 35 (Ext 113)

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