CEAR celebra la primera concesión de asilo a una víctima de trata.

Espera que esta decisión del Gobierno no sea un hecho puntual y estemos asistiendo al nacimiento de una nueva etapa de decidida protección hacia las víctimas de trata

Es la primera vez que se concede asilo a una víctima de trata con fines de explotación sexual en nuestro país, hecho que CEAR celebra, tanto por el reconocimiento del derecho a la ciudadana nigeriana que lo solicitó, como por el precedente que sienta de cara al futuro. La víctima llegó hace tres años a España y solicitó protección internacional para intentar huir de las garras de la mafia que estaba traficando con su vida y explotando su cuerpo. El asilo le ha sido concedido a ella y a su hija de 3 años, de quién estaba embarazada cuando llegó a nuestro país.

Hasta ahora las autoridades españolas se negaban sistemáticamente a aceptar las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de las mafias de explotación sexual. Se anteponía la eficacia policial en la lucha contra las redes criminales por encima de la vulnerabilidad de las víctimas y de sus especiales necesidades de protección. Una práctica que CEAR ha denunciado públicamente en múltiples ocasiones, reivindicando el reconocimiento del derecho a solicitar asilo y protección internacional a las víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual. Por este motivo CEAR celebra esta decisión del Gobierno y espera que inaugure una nueva etapa de decidida protección hacia las víctimas de trata en nuestro país.

Para CEAR existe un vínculo claro entre la trata y la persecución por motivo de género, motivo reconocido en la Ley de Asilo. Si las autoridades españolas asumen a partir de ahora este criterio implicará una mayor protección de las víctimas de trata al igualarse al nivel de protección con el que cuentan el resto de solicitantes de protección internacional siempre que se respete el principio de no devolución.

CEAR, como miembro de la Red Española contra la Trata de Personas demanda una Ley Integral contra la Trata que se desarrolle desde una perspectiva de defensa y respeto a los derechos humanos y solicita que España cumpla con su responsabilidad de protección a las víctimas.

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