Propuestas electorales autonómicas y municipales para mejorar la protección de las personas refugiadas
Con motivo de las Elecciones Autonómicas y Municipales que se celebrarán en diferentes territorios durante 2023, CEAR presenta una serie de propuestas a los partidos políticos para que incorporen la mejora de la protección internacional y el respeto de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad como una prioridad en la agenda electoral.
La creciente inestabilidad que se vive a nivel mundial por violencias, conflictos, persecuciones, el impacto del cambio climático y las vulneraciones de derechos humanos, entre otras razones, han causado un aumento de las solicitudes de protección internacional, también en España.
Este incremento de peticiones de asilo presenta numerosos retos que deben ser abordados desde los diferentes niveles de la Administración. Las autoridades autonómicas y municipales tienen un papel fundamental en el acceso a los derechos, como el empadronamiento, la salud o la vivienda, y como motor de políticas locales para promover la convivencia y la cohesión social.
Además, durante la emergencia humanitaria provocada por la invasión de Ucrania se han puesto en marcha muchas iniciativas interesantes desde entidades locales que pueden tomarse como ejemplo a seguir. Como la apertura del sistema de “ventanilla única” que puso en marcha la Comunidad de Madrid, donde las personas procedentes del conflicto en Ucrania pueden recibir toda la información y la tramitación relativa al acceso de sus derechos sociales básicos como empadronamiento, asistencia sanitaria, escolarización, abono transporte, etc.
En total, CEAR ha identificado 29 medidas que mejorarían sustancialmente la protección y el acceso a derechos de las personas que buscan protección en España de cara a las Elecciones Autonómicas y Municipales, que se celebran el próximo 28 de mayo
Mejorar la atención
Facilitar la llegada a la sociedad de acogida y la creación de espacios de seguridad, debe ser, además de la protección legal, una prioridad de las administraciones en la recepción de las personas solicitantes de protección y migrantes.
Las autoridades locales y autonómicas deben mostrar un compromiso con la mejora de la atención desde un enfoque de no revictimización, independientemente de si las personas han sufrido discriminación y violencia en el país de origen, en la sociedad de acogida o en el tránsito migratorio. Esto es especialmente importante en la atención a mujeres supervivientes de violencias.
También es posible avanzar en la detección de las víctimas de trata de seres humanos, abordando cualquier acción en materia de trata de personas partiendo de un enfoque de derechos humanos, centrado en la víctima y que respete las especificidades de género.
Acceso a derechos
Las personas solicitantes de protección, refugiadas y migrantes encuentran innumerables barreras para acceder a derechos básicos, lo que les impide reiniciar sus vidas en España con dignidad.
Las administraciones tienen la responsabilidad de eliminar las dificultades para que puedan acceder al sistema público sanitario, así como a recursos de salud mental. Garantizar su bienestar es el primer paso para promover su inclusión social.
Por eso también son necesarias políticas y medidas que faciliten el camino a una vivienda de las personas llegadas a España que están fuera de los dispositivos de acogida, además de la puesta en marcha de las acciones necesarias para que las entidades bancarias cumplan la normativa vigente en materia de acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas. Sin ellas, pagar un alquiler, firmar un contrato de trabajo o recibir subvenciones públicas se convierte en una odisea.
Para quienes han visto denegadas sus solicitudes de protección, la oportunidad de conseguir el arraigo mediante planes de empleo que posibiliten su regularización puede ser la puerta a una vida segura.
Inclusión social
En el contexto actual, con una creciente preocupación ante el aumento de discursos y delitos de odio, urge impulsar políticas de convivencia y lucha contra la discriminación a nivel autonómico y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de sensibilización y lucha ante actitudes xenófobas y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online. Apelamos a los responsables políticos a que durante el período de elecciones mantengan una línea discursiva inclusiva y renieguen de narrativas que dañan la dignidad y criminalizan a las personas migrantes y refugiadas, amenazando gravemente la cohesión social y la convivencia intercultural.
Para avanzar en este sentido, es imprescindible que desde las administraciones públicas, locales y autonómicas promocionen espacios de coordinación con las organizaciones sociales especializadas para trabajar desde un enfoque de derechos que incluya la participación de las propias personas migrantes y refugiadas.
Conoce a fondo el resto de las propuestas en el siguiente enlace.
