Desafíos, amenazas y retos para el refugio en el 70 aniversario de la Convención de Ginebra

Accem, CEAR, Fundación Cepaim, Red Acoge y Rescate Internacional manifiestan sus principales preocupaciones sobre el sistema de asilo español y el nuevo Pacto Europeo de Asilo en la conmemoración del 70 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Hoy se ha celebrado en España el 70 Aniversario de la Convención de Ginebra y del nacimiento del ACNUR, con la visita a nuestro país del Alto Comisionado, Filippo Grandi, poniendo en valor la importancia de la protección internacional, en un momento en el que existen en el mundo más de 82 millones de personas desplazadas forzosas debido al incremento de conflictos, vulneración de derechos humanos y otras muchas causas que obligan a que millones de seres humanos se vean obligados a huir.  

Hablar del sistema de asilo en España es hablar de trabajo en red de muchos actores. Las ONG, en representación de la sociedad civil, han formado parte del sistema de asilo en alianza y colaboración con la Administración del Estado desde su puesta en marcha, en los años 80. Esta colaboración de las entidades especializadas con los diferentes ministerios implicados, con el ACNUR, administraciones locales y autonómicas, asociaciones de vecinos y vecinas, sindicatos, universidades y empresas entre otros agentes, aporta un valor añadido que da como resultado un sistema de acogida participativo e integrador que, con áreas de mejora, tiene grandes fortalezas y garantiza la transparencia, eficacia y eficiencia del sistema. 

Esta fórmula mixta de gestión compartida, garantiza la participación de la sociedad de acogida en el proceso de integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, aportando proximidad al territorio, flexibilidad, conocimiento de los recursos locales y del entorno social, lo que permite ofrecer respuestas inmediatas, innovadoras, eficaces y coordinadas con todos los agentes clave. De hecho, la participación de las entidades sociales en la gestión de políticas públicas se ha evaluado como ejemplo de buena práctica por parte de la Comisión Europea. 

Con todo ello, y en un momento tan estratégico, consideran necesario reflexionar desde la experiencia y el pragmatismo que arroja el trabajo diario con personas solicitantes de asilo y refugiadas, sobre la situación del asilo en España y en Europa. 

En primer lugar, apuntan a que no se puede hablar de compromiso con el asilo sin garantizar el acceso al procedimiento. Por ello, consideran urgente la puesta en marcha de vías legales y seguras, cuya ausencia empuja a miles de personas a tratar de acceder por la vía irregular y en muchos casos a perder la vida en el intento.  

Así mismo, destacan los innumerables obstáculos que impiden que personas necesitadas de protección internacional puedan llegar a España debido a prácticas tales como: el requisito impuesto por nuestro país, exigiendo visados de tránsito a quienes proceden de conflictos tales como Palestina, Siria, Yemen o Mali, entre otros; las devoluciones en caliente que siguen produciéndose en Ceuta y Melilla; o los acuerdos de externalización y control de fronteras con terceros países donde no se garantizan el cumplimiento de derechos fundamentales.  

Por este motivo, las ONG reclaman al Gobierno español compromisos concretos y ambiciosos que permitan mejorar la protección de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en España, con un incremento de las cuotas de reasentamiento desde terceros países ampliando los programas y países desde donde realizar los traslados de personas refugiadas, con procedimientos de reagrupación familiar más ágiles que garanticen el derecho a vivir en familia, con la concesión de visados humanitarios o con el traslado permanente de personas solicitantes de asilo desde embajadas o representaciones consulares españolas, tal y como está recogido en la ley de Asilo.   

También señalan el gran trabajo que ha realizado el gobierno de España en la evacuación de personas colaboradoras afganas, a la vez que piden que siga promoviendo en la Unión Europea la puesta en marcha de corredores humanitarios que faciliten la salida segura de la población civil afgana que aún sigue atrapada en el país. 

Amenazas en el sistema de asilo  

Las organizaciones se muestran enormemente preocupadas por las bajas tasas de reconocimiento de protección internacional en España, ya que actualmente menos del 9% de las solicitudes son resueltas de manera favorable, muy lejos del 33% de la media europea. Además, aunque se han agilizado las resoluciones de expedientes, aún hay más de 100.000 personas solicitantes de asilo pendientes de una decisión de la que dependen sus vidas.  

Para un buen funcionamiento del sistema de asilo ven necesaria una estrecha coordinación entre los tres ministerios que gestionan el sistema y una Ley de Asilo que no ha sido desarrollada reglamentariamente, lo cual genera vacíos legales que no aportan todas las garantías necesarias. 

En pleno proceso de revisión del sistema de acogida, es necesario garantizar los estándares de calidad y la especialización del sistema. El modelo español tiene un enfoque integrador fundamental que debe mantenerse, pues se trabaja por la integración de las personas solicitantes de asilo desde el primer día, mientras que, en otros países de la UE, durante la fase de la solicitud de asilo se garantiza exclusivamente las condiciones materiales de acogida. Esto podría suponer un serio retroceso para España. 

Otra cuestión preocupante que señalan es la posible exclusión en el acceso al sistema de acogida utilizando criterios de basados en la nacionalidad de procedencia, con personas de países con los que existen acuerdos de readmisión, sin valorar exhaustiva e individualmente los posibles motivos de persecución. 

Preocupación ante el Pacto de Migración y Asilo UE 

A nivel europeo, la evolución del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo es otra de las cuestiones preocupantes para las garantías del cumplimiento de la Convención del Estatuto de Refugiados por su enfoque basado principalmente en retornos y externalización de fronteras. Por este motivo reclaman un mecanismo de responsabilidad compartida en el que se establezcan cuotas obligatorias de reubicación entre los estados miembro, en lugar de una solidaridad a la carta que resulta “inaceptable” para abordar el fenómeno migratorio y que traspasa toda la responsabilidad de la acogida a los países del Mediterráneo como España. 

Por último, las organizaciones consideran fundamental garantizar la coherencia de la política migratoria con otras agendas como la del cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de los derechos de las mujeres, la Agenda Urbana Española y los Pactos Mundiales de Migración y Refugio, asegurando en su implementación el necesario enfoque de derechos humanos, de género e intercultural.