La sociedad civil exige que todos los derechos humanos tengan la misma protección en España

España desoye a Naciones Unidas en la garantía de los Derechos Humanos. Derechos como la vivienda, la salud o la protección social son considerados “de segunda” en la Constitución Española.

El 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, conmemorando uno de los mayores hitos del siglo XX: la creación de instrumentos para la defensa y protección de la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos. En este día, la Plataforma DESC denuncia que en España existen situaciones de vulneración de derechos humanos que no han hecho más que empeorar desde el estallido de la crisis económica y sus años posteriores. Esta grave situación ha sido también denunciada por los diferentes mecanismos de control de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus tres informes al Estado español ha mostrado su preocupación por que los derechos económicos, sociales y culturales sigan siendo considerados como meros principios rectores de la política social y económica y que por tanto únicamente puedan ser invocados cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en relación con otros derechos que cuentan con mayor protección, tal como el derecho a la vida.

La Constitución española contempla la incorporación automática de los tratados internacionales en su ordenamiento jurídico en el artículo 10. El Estado español se comprometió al cumplimiento efectivo del Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales y a la utilización de un mecanismo para hacerlo efectivo con la firma del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976. Sin embargo, estos derechos son tratados como “derechos de segunda”, con una menor garantía, protección y desarrollo que los derechos civiles y políticos, dada su posición como “principios rectores” en la carta magna, y no como derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Gobierno español se han pronunciado recientemente de forma contundente al respecto.

Desde la Plataforma DESC denunciamos esta interpretación que en últimas impide a la ciudadanía invocar derechos como la vivienda, la salud y la protección social, ante los jueces y tribunales. Es necesaria una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos, articulando la posibilidad de la invocación de estos derechos ante los jueces y tribunales de la jurisdicción correspondiente Asimismo, urgimos al gobierno español para que establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de los Dictámenes del Comité DESC así como las Recomendaciones de los Diferentes Relatores de Naciones Unidas, de forma que se integren en el ordenamiento jurídico y social de nuestro país para garantizar que España sea un país comprometido de verdad con los derechos humanos.