CEAR espera que el proyecto de nueva Ley de Asilo no suponga retrocesos en derechos

Tras conocerse hoy la existencia de un anteproyecto de Ley de Asilo y modificación de la Ley de Extranjería, y más de tres semanas después de la entrada de miles de personas a la ciudad fronteriza de Ceuta, donde la situación humanitaria y de derechos humanos sigue siendo crítica, CEAR espera que se hayan tenido en cuenta las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para que se garanticen derechos dentro del marco, ya restrictivo, del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en aplicación desde el pasado 12 de junio. 

CEAR recuerda que, en determinadas cuestiones, los Estados miembro pueden optar por el marco más garantista que ofrece el Pacto y tienen margen de maniobra para implementarlo según los estándares de derecho internacional.  

Por ello, la organización, que fue fundamental en las anteriores leyes de asilo (1984 y 2009), remitió hace un año al Gobierno español sus propuestas para esta nueva Ley, reclamando entre otras medidas que la nueva normativa reforzara la posibilidad de habilitar vías legales y seguras, como solicitar el traslado desde embajadas y consulados para que las personas puedan solicitar asilo en territorio español y no tengan que arriesgar su vida en el intento.  

También que se mantuvieran las plenas garantías en el acceso al procedimiento existentes en el marco actual: asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información, el derecho a intérprete y el derecho a un recurso efectivo. O que en la nueva Ley quede patente que la detención solo se utilice como último recurso y que, además, se cumpla escrupulosamente el ‘principio de no devolución’ de la Convención de Ginebra, por el que una persona no puede ser devuelta a terceros países donde sus vidas y sus derechos no estén garantizados. 

CEAR también recuerda que es necesario adaptar el procedimiento y las condiciones de acogida a las personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, proponen que se refuercen las buenas prácticas del sistema actual, como el permiso de trabajo a partir del sexto mes desde que se registra la solicitud de asilo, o garantizar el derecho a vivir en familia, estableciendo plazos más breves para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país.  

Finalmente, considera fundamental instaurar un mecanismo de monitoreo independiente en las fronteras para evitar vulneraciones flagrantes de los derechos humanos como las que provocaron las muertes de Tarajal en 2014 o la masacre de Melilla en 2022. 

“Esperamos que el texto que llegue al Congreso sea un punto de inflexión en la peligrosa deriva que están tomando las políticas migratorias a nivel europeo. España puede y debe tomar otro rumbo y demostrar que los derechos humanos no son negociables”, sostienen Mónica López y Mauricio Valiente, directora y director de CEAR.