El XXII Informe Asturiano sobre el estado de los derechos humanos y la paz en Colombia señala la persistencia del conflicto que se extiende y fragmenta, a pesar del acuerdo de paz firmado hace diez años.
La XXII Delegación Asturiana, que contó con la participación de CEAR, visitó Colombia entre el 5 y el 17 de marzo de 2026. A través de encuentros con distintas organizaciones y activistas, elaboró un nuevo informe sobre el estado de los derechos humanos y el necesario proceso de paz en el país. La presentación del mismo tuvo lugar en la Universidad Carlos III de Madrid de la mano de diversas de sus protagonistas.
Una paz que no llega
A pesar del acuerdo de paz firmado hace diez años, la violencia en Colombia no solo persiste, sino que se extiende y fragmenta. El impacto de los diferentes grupos armados y sus acciones inciden de forma directa sobre la población civil, las comunidades y las organizaciones sociales, que sufren desde confinamientos o amenazas, hasta masacres, capturas y ataques. Situaciones que han provocado que, el desplazamiento forzado, que se encontraba estancado, haya aumentado en los últimos meses, según señaló Javier Orozco, representante del Soldepaz Pachakuti, en la presentación del informe.
El informe destaca la situación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinado, especialmente afectados debido a que sus tierras y medios de vida se ven amenazados adicionalmente por el impacto de la minería, la deforestación, la siembra de coca y el poder de las multinacionales. Más de 130.000 personas han sido dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, según datos de la publicación.
Entre las principales vulneraciones de los derechos humanos, se encuentra el caso del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de origen indígena, afro y campesino por parte de estos grupos armados y bandas criminales. Los delitos de odio proliferan alrededor de las personas del colectivo LGTBIQA+, así como la violencia dirigida contra mujeres y niñas, que incluye la esclavitud y la trata con fines de explotación sexual. A pesar de ello, la Unión Europea considera a Colombia un país de origen seguro, posibilitando acelerar el rechazo de sus solicitudes de asilo y negando la persistencia del conflicto.
La lucha por los derechos humanos cuesta la vida
En Colombia, defender la vida cuesta la vida misma desde hace varias décadas, una realidad que parece no tener fin, tal y como denunciaba en la presentación Beatriz, líderesa social colombiana acogida por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violencia en Colombia (PAV). Desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016, “más de 1.500 personas que alzaban la voz frente a la desigualdad y la injusticia han sido asesinadas”, entre ellas, muchas de las firmantes de los propios tratados de paz, denuncia Beatriz.
Además, la delegación pudo constatar cómo, a consecuencia de las presiones y amenazas de los grupos armados, tanto las personas a nivel individual como las comunidades y organizaciones ven limitada su capacidad de denuncia ante la violación de derechos fundamentales. En este sentido, considera necesario reforzar el apoyo y acompañamiento de los procesos sociales y colectivos colombianos como única manera de defender la paz, en palabras de Menlly, cuya comunidad ha sufrido la pérdida de 327 niñas de las familias más humildes tan solo durante el primer semestre de 2026, según relata.
La Delegación Asturiana
La Delegación Asturiana de 2026 ha elaborado su trabajo a partir de su visita a las regiones del Cauca, el Valle del Cauca, Risaralda, el Norte de Santander, Guaviare, Meta y Bogotá; además, logró visitar tres cárceles. Formada por 19 personas, es fruto también de la fortaleza social que aportan 17 organizaciones asturianas. “Su mayor vigor es el tejido de alianzas, construir nuevas redes y confluencias en materia de defensa de derechos”, destacó Javier Arjona.
El objetivo de estas delegaciones es el de conocer de primera mano el estado de los derechos humanos y la paz en el país. Para ello, destacan que se mantuvieron encuentros con organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, así como con diversas representantes institucionales. “No hay derechos humanos sin defensoras. Por eso, el programa asturiano cumple un papel fundamental”, declaró durante su intervención Mauricio Valiente, director general de CEAR.
