La situación humanitaria del pueblo saharaui es crítica, tanto en los campamentos de personas refugiadas como en los territorios ocupados por Marruecos. Cuando se cumple más de medio siglo de su exilio en el desierto, CEAR reivindica una vez más su derecho a la autodeterminación y pide el compromiso de los partidos políticos de cara al proceso electoral y la próxima legislatura.
El Sahara Occidental fue una colonia española entre 1884 y 1975. El fallido proceso de descolonización por parte de España dio paso a la ocupación ilegal del 75 % del territorio por parte de Marruecos y al éxodo de miles de personas saharauis de manera forzosa. Más de 50 años después, el pueblo saharaui sigue privado de ejercer su derecho a la libre determinación, con consecuencias catastróficas para sus derechos humanos.
Compromisos electorales con la causa saharaui
España continúa siendo potencia administradora del Sahara Occidental según el derecho internacional, por lo que su compromiso político con la causa saharaui debe ser claro y contundente. En este sentido, CEAR ha elevado a los partidos políticos, como parte de sus propuestas electorales, la necesidad de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y garantizar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, que ha de materializarse en un referéndum que contemple distintas opciones sobre el futuro del territorio. Este referéndum, sistemáticamente bloqueado por Marruecos con el apoyo de países como Francia, Estados Unidos, Bélgica, Alemania y España, reviste de vital importancia tras la reciente votación que ha puesto fin al mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), tras 35 años de funcionamiento.
En el mismo sentido, CEAR propone abstenerse de reconocer y apoyar cualquier situación derivada de la ocupación ilegal de Marruecos. Además, es necesario fortalecer la sostenibilidad de una asistencia humanitaria adecuada y digna para la población saharaui. Según datos de la ONU, más de 173 000 personas refugiadas viven en los aislados campamentos de Tinduf. En el duro entorno del desierto, enfrentan grandes desafíos, incluidos el acceso limitado al agua, la alimentación, las oportunidades de subsistencia y económicas: el 90% sufre inseguridad alimentaria.
Hacia una ley española de nacionalidad saharaui
Una de las cuestiones que planteó la salida de España del territorio del Sáhara Occidental fue la de la nacionalidad de las personas nacidas en el territorio durante la colonización española. Los exigentes requisitos impuestos en 1976, unidos a la ausencia de una alternativa real para una segunda nacionalidad a la que optar, condujeron en la práctica a la apatridia masiva de la población saharaui. Para atajarla, debe darse continuidad a la proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a quienes nacieron bajo su administración, ya aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de septiembre.
Esta iniciativa constituye un hito fundamental en aras de la reparación histórica que desde hace más de medio siglo corresponde al Estado español. La proposición contempla la posibilidad de que las descendientes directas hasta primer grado de consanguinidad opten a la nacionalidad una vez adquirida por parte de sus ascendientes. Asimismo, incorpora una modificación del Código civil para incluir al pueblo saharaui dentro de los colectivos beneficiados por el plazo reducido de acceso a la nacionalidad por residencia, que ya se contempla para el resto de las personas originarias de países o comunidades con una especial vinculación histórica o cultural con España.
Sin embargo, el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre de 2026 y la consiguiente disolución del Congreso y del Senado han supuesto la paralización de su tramitación parlamentaria. Pese al importante respaldo obtenido en el Congreso, la proposición no ha llegado a convertirse en ley y su eventual aprobación requerirá que sea impulsada nuevamente en la próxima legislatura.
Estatuto de apatridia del pueblo saharaui en España
En la actualidad, se estima que hay unas 6.000 personas saharauis en España a quienes se les ha reconocido el estatuto de apatridia. En 2024, se presentaron 1.472 solicitudes de apatridia, de las que el 84 % se resolvieron favorablemente. Sin embargo, la apatridia presenta desventajas en comparación con la protección internacional. Es por ello que resulta necesario incluir el estatuto de apátrida dentro de su marco jurídico que, entre otras cosas, proporciona acceso al sistema de acogida para quienes lo necesiten; así como agilizar la resolución de las solicitudes para dar cumplimiento al plazo establecido de tres meses. Asimismo, debe garantizarse el derecho a la reagrupación familiar, flexibilizando la valoración de criterios como la dependencia y convivencia previa, y no exigiendo nuevos requisitos económicos y vivienda adecuada.
El pueblo saharaui no puede continuar en la situación de desamparo internacional a la que se ha visto sometido durante los últimos 51 años. Medio siglo de resistencia y defensa de los derechos humanos no pueden caer en el olvido. Hoy es más importante que nunca continuar reivindicando su libertad y el fin de la ocupación ilegal de Marruecos.
