El 28 de octubre tuvo lugar la jornada ‘Primeros pasos de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España’, con la participación de especialistas tanto institucionales como de organizaciones expertas de la sociedad civil. Un encuentro para analizar los innumerables retos que plantea este Pacto en términos de garantía de derechos, tras el comienzo de su aplicación el pasado 12 de junio.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) aprobado en mayo de 2024, tras más de ocho años de intensas negociaciones, introduce una amplia reforma del sistema europeo de migración y asilo. A través de diez normas, su objetivo es armonizar las políticas y procedimientos aplicables en los distintos Estados miembro. Sin embargo, presenta numerosos desafíos en materia de derechos humanos, tal y como organizaciones de la sociedad civil llevan años advirtiendo.
Primeros meses de aplicación en la UE
La primera mesa de la jornada comenzó tras las palabras de bienvenida de Elena Rodríguez, directora general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE, y Carlos Berzosa, presidente de CEAR, quien introdujo los conceptos básicos sobre el Pacto. Esther Pozo, jefa de la unidad de Migración y Asilo de la Comisión Europea, puso de relieve tanto los avances realizados hasta la fecha, como los principales retos relacionados con la falta de adaptación legislativa en algunos Estados y las capacidades de los sistemas de protección internacional.
Por otro lado, Marie Trapet, técnica del área jurídica del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), incidió en que el proceso de implementación está siendo desigual y hay retrasos en su aplicación. También alertó sobre el hecho de que algunos Estados han optado por la adopción de las condiciones más restrictivas que plantea el Pacto. Por su parte, Gema M. Campillos, subdirectora Adjunta de Relaciones Institucionales e Información de Protección Internacional del Ministerio del Interior, subrayó las nuevas garantías que ofrece el Pacto, como aquellas relativas a las niñas y niños sin referentes familiares.
Impacto y garantía de derechos en el caso español
La segunda mesa puso el foco en los retos que plantea la implementación del Pacto respecto a la garantía de derechos fundamentales, aterrizándolos en el caso de España. Las participantes remarcaron la necesidad de que los derechos humanos vuelvan a ser el foco de las políticas migratorias. Así, Elena Arce, directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato de Defensoría del Pueblo, destacó la incertidumbre existente en relación con los recursos con los que contará el mecanismo de supervisión de derechos fundamentales. Además, expresó la importancia del papel clave de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas
Por otro lado, Beatriz Garlaschi del Área de Migraciones de Cruz Roja Española abordó la importancia del triaje, en el que las organizaciones especializadas no pueden participar.
Además, puso de relieve la importancia de realizar una correcta identificación de vulnerabilidades en el mismo, así como de la derivación al procedimiento adecuado en aras de garantizar la atención precisa, resaltando la relevancia del enfoque de infancia. Sobre esta cuestión, Jennifer Zuppiroli, especialista de políticas públicas de infancia en movimiento de Save the Children, manifestó el incumplimiento de las garantías relativas a las niñas y niños; poniendo como ejemplo su acceso a la información, a la interpretación y al asesoramiento jurídico.
Como colofón a la jornada, intervino Abel Rivera, sindicalista y defensor de los derechos humanos de Colombia. Abel planteó que categorizar a terceros países como seguros por defecto, en referencia a los listados de la UE, es un grave riesgo para la vida de muchas personas que necesitan protección internacional, como ocurre con su país. Por otra parte, relató su experiencia y aprendizaje personales destacando que “detrás de cada solicitud de asilo aprobada, hay una oportunidad de vida”.
*El proyecto ‘Primeros pasos del Pacto Europeo de Migración y Asilo: avances y desafíos en su aplicación en España’ es posible gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Descarga aquí el informe.
