Con motivo de las elecciones generales el próximo 29 de noviembre de 2026, CEAR presenta las siguientes propuestas dirigidas a los partidos políticos para que incorporen la mejora de la protección internacional en España y el respeto de los derechos humanos como una prioridad en sus programas electorales y en la agenda política.
- Vías legales y seguras para migrar que sean realmente accesibles para todas las personas que las necesitan. Para ello, se debe aplicar y reforzar el artículo 38 de la Ley de Asilo facilitando el traslado a España de personas en riesgo de persecución desde consulados y embajadas españoles. Asimismo, es urgente eliminar la exigencia de visados de tránsito aeroportuario a personas de países en conflicto o con graves vulneraciones de los derechos humanos, como Palestina, República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Malí, Sudán y Yemen.
- No más devoluciones ilegales bajo el paraguas de “rechazos en frontera” o retornos “voluntarios”. Estas prácticas habituales en las fronteras españolas ponen en grave riesgo el derecho de asilo al no garantizar a las personas el acceso al procedimiento y a las garantías debidas como facilitar información veraz, exacta, exhaustiva y en un idioma que puedan comprender sobre las consecuencias y el alcance de dichos retornos.
- Renunciar a la elaboración de una lista de países seguros. La elaboración de la misma no es obligatoria conforme al Pacto Europeo de Migración y Asilo, y entrañaría el riesgo de devolver a personas a países donde sus vidas y derechos corren serio peligro. Además, es esencial rechazar posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países, por entrañar riesgos de detención arbitraria, denegación de garantías jurídicas y violaciones del principio de no devolución.
- Un Pacto Europeo de Migración y Asilo centrado en las personas y sus derechos. Debe garantizarse que la normativa española opte por la aplicación más favorable a los derechos humanos y el derecho de asilo, cuando la legislación europea lo permita. El Pacto no debe suponer un retroceso en la asistencia jurídica, la atención sanitaria y la interpretación de calidad en una lengua que la persona pueda comprender.
- Acceso efectivo al procedimiento de protección internacional. Para ello, se debe registrar la solicitud en un plazo máximo de cinco días desde que la persona exprese su voluntad de solicitar asilo y en un plazo de 21 días desde el registro para su formalización mediante entrevista. En caso de superar cualquiera de estos plazos, se debe expedir automáticamente el documento de solicitante de protección internacional.
- Garantizar el derecho a la reagrupación familiar. Es imprescindible facilitar y agilizar la extensión familiar, estableciendo un plazo máximo de tres meses para los procedimientos, así como la concesión por silencio positivo en caso de no ser resueltos dentro de este plazo. Por otra parte, es necesario flexibilizar la valoración de criterios como la dependencia y convivencia previa, adaptándolas al contexto del país de origen y no exigiendo nuevos requisitos económicos y vivienda adecuada. Además, debe establecerse un procedimiento específico y preferente para hijas e hijos nacidos en España.
- Evitar la detención de personas solicitantes de asilo en la frontera. Esta medida tiene que ser siempre el último recurso. La futura reforma normativa debe establecer medidas alternativas a la detención y no ampliar los plazos de procedimiento en frontera donde, hasta ahora, las personas pueden permanecer retenidas hasta un máximo de ocho días. Asimismo, no deben introducirse limitaciones a la libertad de movimiento.
- Eliminar barreras administrativas en el acceso a la vivienda, el empleo, la salud o la educación. Para todas las personas, incluidas aquellas en situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y migrantes. Por este motivo, es imprescindible flexibilizar el requisito del empadronamiento, contemplar la ampliación del parque de vivienda social, garantizar el acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas. Asimismo, resulta necesario agilizar, simplificar y flexibilizar los procedimientos de homologación de títulos y garantizar el reconocimiento, por parte de empresas y administraciones públicas, de la documentación que acredita la situación administrativa y la autorización para trabajar.
- Crear una estructura administrativa dependiente de Presidencia que reúna todas las competencias en materia de asilo y refugio. Esta deberá contar con capacidad de decisión y gestión, así como del presupuesto necesario y de mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil. Así mismo se deben garantizar mecanismos estables de coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, respetando el reparto competencial y asegurando una actuación coherente y complementaria en materia de asilo, acogida e inclusión de las personas migrantes y refugiadas.
- Pacto social y político contra los discursos de odio. Frente al alarmante aumento de los mensajes xenófobos, racistas y de odio es urgente que quienes ejercen responsabilidades políticas promuevan en sus discursos la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas. Todo ello, sin promover discursos estigmatizantes, discriminatorios o informaciones falsas. Por otro lado, la incertidumbre política y los intereses vinculados a la captación de votos no deben afectar al derecho de asilo y a las personas migrantes y refugiadas
Estas diez medidas imprescindibles que deben complementarse con otras políticas migratorias centradas en las personas y sus derechos. Puedes descubrir todas las propuestas que CEAR ha hecho a los partidos políticos para sus programas a las elecciones generales 2026 descargando el siguiente documento:
