Nueva condena a la restricción de derechos fundamentales que están sufriendo las personas que solicitan asilo en Ceuta y Melilla

La sentencia lograda por CEAR se suma a otras muchas que reconocen el derecho a circular libremente por todo el territorio español de los solicitantes

Ceuta y Melilla se han convertido en ‘ciudades-cárceles’. Refugiados sirios permanecen aislados sin atreverse a pedir protección. 

Madrid, a 30 de octubre –Una sentencia de un Juzgado Ceutí^[1] reconoce el derecho de un solicitante de asilo, nacional de Malí, a circular libremente por todo el territorio español, advirtiendo a la administración que no es posible realizar interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. Es una práctica habitual de la Delegación de Gobierno no permitir el acceso a la península a las personas solicitantes de protección internacional admitidas a trámite en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Medida que solo debería adoptarse con carácter excepcional y que carece de justificación al tratarse de un derecho, la libertad de circulación, del que son titulares las personas solicitantes de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Española y la Ley de Asilo. Este hecho representa un retroceso sin precedentes en el régimen de protección internacional en España. Y está provocando que personas que solicitaron asilo renuncien a su solicitud, y que algunas se jueguen la vida intentando cruzar el estrecho escondidos en los camiones y ferrys que realizan el trayecto hasta la península.

El colectivo de personas sirias residentes en ambas ciudades autónomas está padeciendo sobremanera esta situación. En Melilla las casi setenta personas sirias que residen en el CETI, estando en necesidad de protección internacional, no han formalizado su solicitud de asilo porque temen quedarse atrapados en Melilla. Actualmente este colectivo protagoniza en ambas ciudades autónomas una acampada de protesta ante las respectivas Delegaciones del Gobierno. Este colectivo, compuesto por algunas familias con menores, protestan por la carencia en los CETIs de espacios adecuados para familias, así como por las consecuencias de solicitar asilo en Melilla.

No es la primera vez que esta situación es condenada por los tribunales, reiteradas son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y por instituciones nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo, el ACNUR y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Racismo, Xenofobia, Discriminación e Intolerancia^[2]. Pese a estos pronunciamientos, el Gobierno español ha persistido en mantener la prohibición de acceso a la península.

A la prohibición de viajar a la península se suma el férreo control fronterizo. La valla de separación, la vigilancia perimetral en la zona y el control de las fronteras con la colaboración de Marruecos y Argelia, dificultan cada vez más la llegada de personas necesitadas de protección internacional a territorio español y, con ello, la posibilidad de solicitar protección en un lugar seguro. Todas estas medidas están teniendo como consecuencia una significativa disminución de las peticiones de asilo en ambas ciudades. En Melilla el número de solicitudes pasó de 42 en 2011 a 33 en 2012 y en Ceuta el descenso fue alarmante, de 505 en 2011 a 184, un descenso del 63,5%.

CEAR reitera su exigencia al Gobierno para que respete los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo reconocidos en la Constitución, la Ley de Asilo y las normativas internacionales. También quiere denunciar los efectos perversos de las políticas de blindaje de las fronteras, que están provocando que tantas personas se jueguen la vida intentando entrar en Ceuta y Melilla o queden atrapadas en Marruecos, país donde no existe un sistema eficaz de asilo y se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes subsaharianas.

Foto: «Sirga tridimencional» de Pedro Jiménez Beatriz.