La odisea de solicitar asilo en fronteras españolas

“Que vengan, pero legalmente”. Este es una de los mensajes repetidos por responsables políticos y no pocas personas tras cada salto de valla o tras cada patera que llega a nuestras costas. Pero la realidad es que solicitar asilo en las fronteras españolas se está convirtiendo en una misión casi imposible. Apenas un 6% son formalizadas en puestos fronterizos.

 

A finales de septiembre se habían formalizado 4.728 solicitudes de asilo en fronteras de aeropuertos, puertos y oficinas terrestres de Ceuta y Melilla, según datos del Ministerio del Interior. Apenas un 6% de las 82.015 solicitudes registradas en todo el territorio español.

Una enorme brecha que refleja la dificultad de acceso a la protección internacional en los puestos fronterizos, especialmente acuciante en Ceuta y en puertos españoles. En el puesto de El Tarajal, inaugurado hace más de cuatro años, no se había registrado ninguna solicitud hasta el pasado 30 de agosto, cuando un grupo de personas migrantes logró saltar la valla y se tramitaron de urgencia 148 peticiones de asilo. Por su parte, 1.742 personas habían solicitado asilo en el puesto fronterizo terrestre de Melilla, que en todo el año pasado recibió 2.800 solicitudes. Entre las principales nacionalidades, ninguna era de origen subsahariano, lo que demuestra que se les sigue condenando a arriesgar sus vidas por mar o a saltar las vallas para poder ejercer sus derechos.

Tampoco hasta el momento han desaparecido las llamadas “devoluciones en caliente” de nuestras fronteras, declaradas ilegales en primera instancia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con la intervención de CEAR como tercera parte. A estas prácticas ilegales se sumaron el pasado año las devoluciones exprés de 171 personas en base a un acuerdo bilateral de readmisión España-Marruecos de 1992. Aunque el Gobierno aseguró que se habían realizado de manera individual, con asistencia letrada y de intérprete, tanto el equipo jurídico de CEAR como el Defensor del Pueblo denunciaron que estos procedimientos acelerados impiden detectar personas en situación de vulnerabilidad o con necesidad de protección internacional, además de vulnerar el principio de no devolución a un país donde sus vidas podrían correr peligro como Marruecos.

Además, las personas que lograron solicitar asilo en Ceuta y Melilla, pese a todos los obstáculos, volvieron a ver limitada su libertad de movimiento debido a la inclusión en la documentación que les acredita como solicitantes de asilo de la frase “Válido solo en Ceuta/Melilla”, pese a las innumerables sentencias favorables al derecho a circular libremente por todo el territorio español, tras recursos presentados por CEAR. En el caso melillense esta limitación se impone sobre todo a personas de origen marroquí y argelino.

Puertos y costas

En 2018 España se convirtió en la primera ruta de llegada por vía marítima de toda Europa ante el cierre de las rutas del Mediterráneo central y oriental. Sin embargo, a finales de septiembre, habían llegado solo 18.591 personas, un 49,3% menos que el año anterior, en gran parte debido a nuevos acuerdos de colaboración con Marruecos para frenar los flujos migratorios, sin tener en cuenta los peligros que corren en este país.

Uno de los retos que plantean las llegadas es el acceso a una atención jurídica adecuada que facilite a aquellas personas que lo necesiten el acceso al procedimiento de protección internacional. Por esa razón, en julio del año pasado CEAR inició un proyecto junto con ACNUR para la identificación temprana de necesidades de protección internacional y otras situaciones de vulnerabilidad entre las personas llegadas a las costas de Almería, Motril, Málaga, Tarifa y Algeciras. El objetivo del proyecto es ofrecer información sobre el procedimiento de protección internacional y derivar de forma más adecuada a los distintos perfiles.

Aeropuertos

Solo 1.783 personas habían solicitado hasta mediados de septiembre de este año en puestos fronterizos aeroportuarios. Sin embargo, desde febrero, España impone el visado de tránsito a todas las personas de origen palestino, pese al elevado grado de reconocimiento de protección internacional que reciben por parte de las autoridades españolas. Una medida que claramente pretende limitar las llegadas de personas de esta nacionalidad, la más numerosa entre las 3.694 solicitudes de asilo en aeropuertos el año pasado, como ya hiciera con las personas de origen sirio en 2011.

Por el contrario, se mejoró el tratamiento de niños indocumentados en el aeropuerto de Madrid-Barajas, pero que, al expresar su voluntad de pedir asilo, alegaron ser menores de edad. Si en 2017 fueron tratados como mayores de edad, al dar por buena la fotocopia del pasaporte de adulto con la que habían viajado, en febrero de 2018 se volvió a la práctica anterior de poner al presunto menor a disposición de la Fiscalía y trasladarlo inmediatamente al Servicio de Protección de Menores, en cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Extranjería, así como del Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados.

En cuanto a la aplicación del Protocolo Marco de Protección a Víctimas de Trata con fines de Explotación Sexual, continuaron las deficiencias del año anterior. Si bien la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) comunicó a la Unidad Central de Redes e Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) todos los casos en que detectó posibles indicios de trata de seres humanos, la policía especializada no suele realizar la entrevista de identificación formal.

 

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