En 2022 se ha alcanzado una cifra histórica: más de 100 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares para salvar su vida. Mientras los conflictos como el de Ucrania amenazan la vida de millones de personas, violencias como el racismo y la discriminación dificultan aún más la construcción de un mundo pacífico, justo e igualitario, según señala la ONU este año con motivo del Día Internacional de la Paz. 

Cada año viejas y nuevas amenazas obligan a un número creciente de personas a huir en busca de refugio. Sin embargo, cada vez son mayores los obstáculos que encuentran en su camino para acceder a la protección que merecen. La creciente violencia que sufren las personas migrantes y refugiadas en las fronteras es consecuencia de las políticas migratorias basadas en la externalización y control de las mismas. Además, aquellas personas que consiguen atravesarlas sufren en muchas ocasiones discriminación y racismo en las sociedades de acogida, así como las consecuencias de los crecientes discursos de odio y las trabas que les ponen en los procesos de inclusión. El racismo y la xenofobia son lacras para la paz que se deben combatir desde todos los sectores de la sociedad.  

Pero en este día también es necesario recordar los numerosos conflictos que asolan el planeta alimentando un contexto de inestabilidad y crisis global como el actual, en el que nadie está a salvo de tener que buscar refugio.  

La invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de este año causó el mayor éxodo de población en Europa desde la II Guerra Mundial: en solo un mes de conflicto, cerca de seis millones de personas se desplazaron forzosamente dentro de las fronteras del país, y cuatro millones las cruzaron para buscar refugio. Meses después, más de siete millones de personas habían salido de Ucrania en busca de protección. 

La grave emergencia humanitaria que desencadenó la guerra llevó a la Unión Europea a activar por primera vez la Directiva de Protección Temporal, una medida con carácter excepcional que permitió dar refugio de manera inmediata a quienes huyeron desde el país a los Estados miembros.  

Una respuesta sin precedentes que ha demostrado que con voluntad política es posible dar una respuesta positiva en materia de protección y que se espera pueda sentar un precedente para cualquier persona obligada a huir en circunstancias similares, sin distinción.  

En marzo se cumplieron 11 años del inicio del conflicto que ha desplazado forzosamente a más de 13 millones de personas, de las cuales 6,8 millones han buscado refugio en 129 países, con Turquía a la cabeza: alrededor de 3,8 millones de personas refugiadas sirias. 

A pesar del tiempo transcurrido, la guerra continúa causando estragos y sigue sin ser un país seguro para el retorno. Los crímenes contra la humanidad y las violaciones de los derechos humanos siguen estando a la orden del día, según denuncian organizaciones que trabajan en el país (reclutamiento forzoso, bombardeos, ataques químicos, asedios, etc). 

La crisis económica iniciada en el país en 2013 provocó un rápido aumento de la pobreza, el hambre y la escasez de productos básicos que llevó a una emergencia humanitaria y al éxodo masivo de su población. 

A esta situación se sumó en 2019 y 2020 un incremento de la violencia, los secuestros, el reclutamiento forzado a manos de grupos armados y desapariciones en la frontera de Venezuela y Colombia. Hechos violentos que se acentuaron durante los cierres fronterizos. 

La pérdida de puestos de empleo y la paralización de la economía irregular ha dejado a miles de familias sin hogar, sin oportunidades de trabajo y dependientes de la ayuda humanitaria, en una situación de inseguridad, falta de alimentos, medicamentos y escasez de servicios. España se mantiene como el primer país de acogida de población venezolana desplazada en la Unión Europea, superando las 438 400 personas. 

Afganistán lleva años siendo uno de los países con mayor desplazamiento forzado, pero 2021 resultó crítico. En este año se vivió un deterioro de la seguridad y los derechos humanos, así como de la violencia contra la población civil, que empeoró con la vuelta al poder de los talibanes el 15 de agosto.  

Desde entonces, millones de personas sobreviven en medio de una catástrofe humanitaria, amenazadas por el hambre severa, la malnutrición y las enfermedades. Un contexto al que se suman restricciones a los derechos de las mujeres, continuos ataques contra la oposición, periodistas y activistas que provocan nuevos y numerosos desplazamientos forzados. 

Cerca de 3,5 millones de personas están desplazadas dentro de las fronteras -el 80% son mujeres, niñas y niños-, mientras que 2,7 millones han buscado refugio en otros países, con el vecino Pakistán como principal país de destino (1,4 millones).  

Tras una larga guerra civil que se saldó con la muerte de cerca de dos millones de personas, se convirtió en Estado en 2011, el más joven del sistema de naciones. Pero los conflictos no terminaron ahí: desde su independencia vive asolado por una guerra en la que los niños y las mujeres son quienes padecen más sufrimiento, y los derechos humanos se ven vulnerados a diario (reclutamiento de menores, uso de la violación como arma de guerra, etc). 

En 2021 hubo un recrudecimiento de la violencia entre comunidades, lo que impulsó aún más el número de desplazamientos. Cerca de 200 000 personas cruzaron la frontera en busca de refugio, elevando la cifra a los 2,4 millones de personas que ahora viven forzosamente en el extranjero. Casi todas se encuentran en cuatro países vecinos: Uganda (958.900), Sudán (803.600), Etiopía (386.800) y Kenia (135.300).  

En este país, afectado por décadas de convulsión política y dictadura, conviven más de 130 grupos étnicos diferentes y se libra una de las guerras civiles más longevas, lo que ha hecho de los desplazamientos forzosos una triste realidad. 

La falta de reconocimiento como ciudadanos por parte de las autoridades de uno de estos grupos, la minoría musulmana rohingya, derivó en una campaña de limpieza étnica en agosto de 2017 que empujó a casi 700 000 personas a abandonar rápidamente el país para ponerse a salvo. La gran mayoría buscó refugio en Cox’s Bazar, en Bangladesh, donde se levanta el campo de refugiados más grande del mundo, a la espera de poder regresar a Myanmar en condiciones de respeto, dignidad y seguridad. 

Además, después de una breve transición democrática que se inició en 2008 tras décadas de gobierno militar, en febrero de 2021 el Ejército recuperó el poder, abriendo un nuevo período de violencia, amenazas y persecuciones que ha provocado más de 400 000 desplazamientos forzosos. 

El cambio climático y la degradación medioambiental tienen un impacto directo en el desencadenamiento de nuevos conflictos, amenazas y persecuciones, forzando el desplazamiento de millones de personas cada año. Aunque ningún lugar del mundo escapa a los efectos de la crisis climática, son los países empobrecidos donde más se sufren las consecuencias, a pesar de que los países ricos son los que más han contribuido a este cambio. En África occidental o la región del Sahel, con más de 50 millones de personas dependientes de la ganadería para subsistir, los cambios en las rutas de pastoreo han provocado hostilidades entre pastores y agricultores, según informes de la ONU. En Sudán, Somalia o Etiopía, la escasez de lluvias y las sequías están provocando unos índices alarmantes de inseguridad alimentaria y enfrentamientos por los recursos disponibles. 

Lamentablemente, estos nuevos contextos se convierten en caldo de cultivo para otras formas de persecución: niñas y mujeres están más expuestas a violencia sexual al verse forzadas a buscar recursos en lugares más remotos o por tener que sobrevivir en entornos empobrecidos, activistas por la tierra y los derechos humanos sufren amenazas o persecuciones, etc.