Refugio LGTBIQ+: una ‘nueva normalidad’ sin discriminación por ser, sentir o amar

Este año el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ está impregnado por la actual crisis causada por la COVID-19 que ha afectado especialmente aquellas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Muchas son solicitantes de asilo y refugiadas que han tenido que huir de sus países por su orientación sexual y/o identidad de género.

 

A finales de 2019, 11 países castigaban tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo con pena de muerte y 57 países con prisión, según datos de ILGA. La pandemia ha provocado el cierre de fronteras y más restricciones para acceder al derecho de asilo. Además, durante el estado de alarma la paralización de los procesos administrativos ha retrasado aún más la tramitación y resolución de expedientes de asilo, aumentando la situación de incertidumbre y vulnerabilidad de muchas personas necesitadas de protección. Esta situación les ha condenado a sufrir en muchas ocasiones abusos y explotación, debido a que se han visto obligadas a trabajar en la economía informal o en empleos no “normalizados”.

En los países de la UE, 2 de cada 5 personas LGTBIQ+ se han sentido acosadas y 1 de cada 5 discriminadas en el trabajo, según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Vulneraciones que se agravan en el caso de mujeres lesbianas y bisexuales, y especialmente en aquellas que transgreden las normas y estigmas establecidos, como son las mujeres transexuales que afrontan más de un 80% de desempleo. “Durante tres años solo he podido trabajar dos meses y sufrí bastante discriminación por ser transexual e inmigrante”, señalaba antes de la pandemia Araeli, solicitante de asilo hondureña.

Además, las personas transexuales también encuentran más trabas administrativas para reconocer sus títulos académicos y experiencia laboral previa si no pudieron cambiar su nombre en la documentación. Debido a las restricciones de la actual ley de identidad y expresión de género, no podrán hacerlo a no ser que se nacionalicen. La incongruencia entre la documentación administrativa y la identidad sentida de la persona candidata suele tener como resultado su no contratación. El gran desconocimiento acerca de lo que implican documentos como la tarjeta roja que acredita ser solicitante de asilo también es a menudo un importante obstáculo.

Todo esto se une a los prejuicios que les impiden acceder a una vivienda o a los tratamientos de personas transexuales o intersexuales en la sanidad pública.

Amenazas durante el confinamiento

Las situaciones mencionadas se agravan si tenemos en cuenta la soledad que una persona migrante, solicitante de asilo o refugiada LGBTIQ+ enfrenta en un país en el que en muchos casos no cuentan con redes de apoyo. Debido a las medidas de confinamiento adoptadas a causa de la COVID-19 muchas de estas personas se han visto forzadas a permanecer en entornos hostiles en los que no son aceptadas.

En algunos contextos, estas personas ni siquiera han podido dejar las amenazas atrás, como por ejemplo en el sobreocupado CETI de Melilla, donde cientos de personas han permanecido durante el estado de alarma sin posibilidad de ser trasladadas a la península. Amenazas que en algunos casos provenían de personas de su mismo país de origen, caso de Marruecos, o por parte de otros residentes.

En el contexto actual, es más necesario que nunca que estas personas que huyen de sus países para poder ser, sentir y amar puedan hacerlo en condiciones de seguridad y dignidad, eliminando todos los obstáculos que tienen que sortear en el país de acogida.

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