Por el derecho a un empleo digno de las personas refugiadas

Tener un trabajo de calidad es una puerta para la inclusión social de las personas migrantes y refugiadas que han encontrado refugio en España. Pero la segregación laboral y la la falta de atención a sus necesidades genera desigualdad en el mercado laboral. Es hora de acabar con esas barreras. 

El derecho al trabajo es uno de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) necesarios para avanzar hacia una vida digna. Sin embargo, aunque está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay personas que enfrentan graves obstáculos y discriminación en el acceso a este derecho. Entre ellas, las personas migrantes y refugiadas.  

Mambou huyó de Malí hace tres años y al llegar a España fue acogido por CEAR, lo que le permitió aprender el idioma y formarse. Ahora trabaja como peón de albañilería y con este trabajo su vida ha cambiado. “Fran, el jefe y su hermana Laia, de recursos humanos, me dieron la oportunidad de demostrar que quiero trabajar y aprender, y mis compañeros de trabajo también me están ayudando en todo. Quiero cambiar mi vida”, cuenta. 

Él es una de las personas migrantes y solicitantes de asilo que en los últimos cinco años han impulsado el crecimiento de la población activa en España. Pero su tasa de desempleo sigue muy por encima de la de las personas españolas: 19,7%, frente al 12%. Además, existe un 34% de brecha salarial por nacionalidad, que sufren especialmente las mujeres, entre las que el porcentaje es más alto. 

Segregación laboral

Las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes son más propensas a acceder a empleos en sectores precarizados con contratos temporales e inestables, lo que las pone en riesgo de caer en la economía sumergida.  

Su presencia destaca en ámbitos como la agricultura, la hostelería o el comercio, donde el empleo es estacional y hay una gran precariedad laboral. Sin embargo, su contratación suele ser escasa en sectores con representación sindical y negociación colectiva. 

Permisos, burocracia, estereotipos 

Hay otro grave obstáculo para las personas solicitantes de protección internacional. Desde que se formaliza su petición de asilo, tienen que pasar seis meses hasta que pueden tener un permiso de empleo. Además, esta acreditación se ve afectada por la lentitud administrativa y el colapso del sistema de citas de asilo, y está sujeta a renovaciones. Si no se puede renovar la documentación, se pierden oportunidades de empleo.  Tampoco es sencillo obtener el número de la seguridad social, llegando incluso a perder ofertas o la posibilidad de homologar títulos como el carnet de conducir.  

A estas barreras burocráticas se suman otras causadas por los prejuicios y los estereotipos. Quienes contratan desconocen que las personan solicitantes de asilo pueden trabajar con estos permisos, por lo que muestran desconfianza y se niegan a ofrecerles trabajo, aunque cuenten con documentación válida como la tarjeta roja.  

Le ocurrió a Aisha, refugiada de Afganistán. “Hice una entrevista de trabajo y me llamaron para empezar a trabajar de forma casi inmediata. Entregué mi documentación a recursos humanos y ese mismo día me llamaron para indicarme que no podrían contratarme. Pedí que se me diese la oportunidad de explicar la validez de mi documentación, pero no se me permitió. Me sentí desesperada, era la segunda vez en poco tiempo que me ocurría algo así”. 

Forzadas a la precarización

Todos estos impedimentos tienen como consecuencia que las personas solicitantes de asilo tengan que aceptar contratos temporales, con todo lo que esto implica: falta de estabilidad laboral, dificultades para continuar estudios o formarse, etc. 

Pueden pasar años hasta que por fin encuentran un empleo digno y estable que vaya acorde con su formación, su experiencia y sus expectativas, como explica Maodu, solicitante de asilo senegalés que trabaja en una cristalería tras pasar por el campo o instalar placas solares, aunque su verdadera profesión es soldador. 

Es especialmente grave el caso de las personas solicitantes de asilo a quienes deniegan la protección internacional, porque pierden de manera inmediata el permiso de trabajo y residencia, y todo tipo de prestaciones. 

¿Cómo derribar las barreras? 

Las personas migrantes y refugiadas necesitan ser ciudadanas de pleno derecho con acceso garantizado a derechos como el trabajo para poder rehacer sus vidas en España. Además, el empleo no es solo un medio de vida: ofrece independencia, satisfacción, la posibilidad de conocer e integrarse en la sociedad de acogida, intercambiar culturas, mejorar la confianza, etc. 

Es fundamental allanar el camino de las personas solicitantes de asilo y migrantes hacia estas condiciones de vida dignas. Para lograrlo, urge agilizar trámites como el empadronamiento y la apertura de cuentas de pago básicas, imprescindibles para tener un permiso de trabajo; asesorar en los procesos de homologación de títulos y acreditaciones profesionales; ofrecer cursos de formación en sectores menos precarizados o promover planes de empleo para las personas migrantes o denegadas de protección puedan regularizar su situación a través del arraigo.  

También hay que abogar por políticas que faciliten el acceso a los DESC y se enfoquen en combatir el racismo, la xenofobia o la desinformación para que todas las personas que conviven en España tengan garantizados sus derechos en condiciones de igualdad.  

“A pesar de todas las dificultades que tuve, logré mi objetivo. Después del curso de capacitación, quiero trabajar duro para mi vida y lograr todos y cada uno de mis objetivos. No importa que duro y difícil es el camino, porque las mujeres somos muy fuertes y trabajadoras”, afirma feliz Narges, de Siria, desde la peluquería en la que trabaja.