El Gobierno debe garantizar la protección integral de los Derechos Humanos y la salud pública

Las entidades y plataformas miembro de la Plataforma DESC llevan más de dos semanas trabajando con todos sus medios personales y materiales en el acompañamiento a miles de personas en nuestro Estado, que han visto cómo esta pandemia profundiza aún más en la dificultad de acceso a sus derechos y a una vida digna (Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

A su vez, reconocen y valoran el enorme esfuerzo que las Administraciones Públicas (local, autonómica y estatal) están llevando a cabo dada la extrema complejidad que enfrentamos y que se ha ido agravando en intensidad.

 

Para todas las personas e instituciones, esta situación está suponiendo desafíos extraordinarios en el día a día. De forma especial en los sistemas sanitarios por las necesarias medidas de prevención y seguimiento de la enfermedad. También, en las consecuencias económicas y sociales que conlleva con impactos en los sistemas de protección de los Derechos Humanos en sistemas democráticos como el español. La Plataforma DESC España quiere poner el foco en que las repercusiones personales, familiares y sociales de las medidas aprobadas tengan el menor impacto posible y no supongan la regresión en el acceso a derechos más allá de la limitación de la libre circulación.

Siguiendo las recomendaciones de órganos internacionales de Derechos Humanos deben tutelarse los derechos de todas las personas que se vean afectadas por las medidas de contención que se impongan, especialmente aquellas cuya subsistencia peligre al someterse a un régimen de cuarentena, por la pérdida de sus ingresos, amenazas a sus necesidades vitales básicas, riesgo de ser desalojadas o ausencia de redes institucionales de apoyo. Las claves fundamentales son:

    • Cualquier medida que se tome ha de estar justificada desde un enfoque de Derechos Humanos y de Género, con el debido análisis de impacto en los mismos, así como con utilización de los máximos recursos disponibles de la forma más eficiente.
    • Adopción de medidas mixtas legislativas y de políticas públicas a corto y a medio plazo. Es fundamental tener presente la necesaria y lenta recuperación post-crisis que deberán afrontar miles de familias.
    • Coordinación territorial y temática, junto con todos los agentes implicados (Administraciones públicas, entidades sociales, asociaciones de personas afectadas, sindicatos, investigadores, empresas, entidades financieras…).
    • Deber de atención especial hacia los grupos en situación de especial vulnerabilidad (sanitaria, social, económica, cultural, judicial…).
    • Garantizar la igualdad de trato y no discriminación en la atención a tratamientos sanitarios. Que no se priorice a unos colectivos frente a otros en el acceso al derecho a la salud y que no se pueda comprometer su derecho a la vida bajo ninguna circunstancia.

Toda la sociedad está implicada en la responsabilidad de que “nadie se quede atrás” y les corresponde a los gobernantes garantizar que ese objetivo pueda ser cumplido. El compromiso con los Derechos Humanos es el marco que garantiza la dignidad de todas las personas, y en el contexto de grave crisis sanitaria y social que se nos presenta, deben actuar como guía y base de todas las políticas públicas.

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