Naciones Unidas vuelve a suspender a España en Derechos Humanos

España ha rendido cuentas sobre el grado de cumplimiento, protección y defensa de los DESC entre los años 2012 a 2016. El Comité ha escuchado al gobierno español y a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a la Plataforma DESC que ha presentado un informe apoyado por más de 150 entidades.

Tras un exhaustivo análisis los miembros del Comité aprobaron el 29 de marzo las observaciones finales al sexto informe periódico de España. El Comité DESC ha mostrado su preocupación por cómo la drástica reducción del gasto público en el ámbito social y “la prolongación de la aplicación de algunas medidas de austeridad” están afectando a la garantía de todos los derechos del Pacto y “desproporcionadamente a los grupos y personas más desfavorecidos y marginados”, en especial a “las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los gitanos y romaníes, así como los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes.” Ha recalcado que el índice de la población que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza y exclusión social es alto, y afecta de manera significativa a estas personas.

Además, ha mostrado inquietud por los altos índices de abandono escolar temprano que sigue “siendo el segundo más alto de la Unión Europea y afecta de manera desproporcionada a estudiantes pertenecientes a estos grupos”. También ha mostrado preocupación por la disparidad entre las Comunidades Autónomas y por el obstáculo “que ciertas decisiones del Tribunal Constitucional” están suponiendo para que “las Comunidades Autónomas puedan otorgar, con sus propios recursos, mayores protecciones a los derechos del Pacto que las previstas a nivel nacional”.

Con relación al derecho al trabajo, ha mostrado especial preocupación por la persistente “brecha salarial entre hombres y mujeres”, así como las altas tasas de desempleo que continúan afectando especialmente a la población joven y las repercusiones que las políticas laborales están teniendo en las condiciones laborales, profundizando la precariedad y la carencia de unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Junto a estas preocupaciones, las observaciones finales recogen un conjunto de recomendaciones para que España adapte su legislación nacional a los Tratados Internacionales de derechos humanos entre ellas:

  • Garantizar que los DESC cuentan con el mismo nivel de protección que los derechos civiles y políticos y promover su aplicabilidad en todos los niveles del sistema judicial, inclusive mediante el recurso de amparo, lo que implica un cambio constitucional.
  • Adoptar una ley integral de no discriminación que garantice una protección suficiente, incluyendo explícitamente todos los motivos de discriminación prohibidos; defina la discriminación múltiple, así como directa e indirecta; prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado; e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, inclusive por medios judiciales y administrativos.
  • Derogar el artículo 315, párr. 3 del Código Penal a fin de evitar la persecución penal de trabajadores que han participado en huelgas.
  • Elaborar y adoptar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2018-2020.
  • Reglamentar el mercado privado de la vivienda y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.
  • Adoptar un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzados, que entre otros incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas.
  • Derogación de las disposiciones del Real Decreto-ley 16/2012 que han supuesto retrocesos en la protección del derecho a la salud y asegurar que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios.

A partir de ahora los poderes públicos españoles deberán articular las recomendaciones realizadas por el Comité DESC para cumplir con las obligaciones del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para esto, una de las recomendaciones específicas realizadas en las observaciones finales, es que “establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones y los dictámenes del Comité” así como “la capacitación en DESC y en general en DIDH a jueces, fiscales, funcionarios públicos y otros operadores de la administración de justicia”.

Desde la Plataforma DESC se ha pedido a los grupos del Congreso de los Diputados, la constitución de un intergrupo parlamentario que haga seguimiento e implemente las mismas. recomendaciones y dictámenes junto con la sociedad civil.

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