Migreurop junto a 70 entidades exige el fin de las devoluciones sumarias y el respeto a la legislación nacional, europea e internacional
Tras el intento de entrada de más de 200 personas el pasado miércoles, 15 de octubre, a través de la valla de Melilla, las más de 70 organizaciones firmantes de esta nota de prensa queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a las prácticas llevadas a cabo por las autoridades españolas que, lejos de respetar la legislación nacional, europea e internacional y garantizar el respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución, han devuelto una vez más de forma sumaria a personas que se encontraban en territorio español. A pesar de que estas devoluciones están siendo objeto de investigación por parte de los tribunales y han llevado a la imputación del responsable máximo de la Guardia Civil de Melilla, las autoridades españolas siguen llevándolas a cabo para a expulsar a Marruecos a personas inmigrantes y potenciales refugiadas que llegan a nuestras fronteras.
Después de analizar los vídeos aportados por PRODEIN, en los que se puede observar una probable expulsión sumaria, así como posibles agresiones a personas inmigrantes, las entidades firmantes instan de forma urgente al poder judicial y a los órganos europeos de defensa de los Derechos Humanos a que abran una investigación de oficio para aclarar estos hechos. A través del primer video se puede ver cómo de manera evidente una persona es expulsada de forma sumaria tras haber atravesado todas las vallas, sin tener acceso a las garantías previstas en la LOEX, en el Tratado bilateral entre España y Marruecos y en la legislación europea e internacional; en el segundo observamos con preocupación el trato ofrecido por parte de la Guardia Civil a una persona inmigrante, de la que todavía se desconoce su estado de salud.
Además, las entidades firmantes recuerdan que muchas de las personas que llegan a nuestras fronteras huyen de conflictos y graves violaciones de los derechos humanos y se les está negando el acceso al procedimiento de protección internacional. En lugar de garantizar su derecho a pedir asilo, se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos y no se les garantiza una adecuada protección.
Al mismo tiempo, recuerdan que la exigencia del cese en la vía de hecho de las devoluciones irregulares ha sido solicitado por éstas y otras organizaciones a través de peticiones explícitas a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla los pasados 4 de marzo y 7 de abril sobre las que no se ha obtenido respuesta, a través de escritos al Defensor de Pueblo y por medio de diversas acciones judiciales.
En este sentido, las entidades firmantes consideran que el nuevo panorama político europeo configurado después de las últimas elecciones debe considerar como prioritaria en su agenda no sólo la resolución de la problemática fronteriza, aportando criterios de racionalidad a una política que está creando conflictos irresolubles, tanto humanos como institucionales, en los países de la frontera de la Unión Europea, sino que también debe contener la exigencia a los países miembros del cumplimiento de la legislación vigente, estableciendo sanciones a quien incumpla la misma.
Las entidades firmantes quieren manifestar, una vez más, su preocupación por esta situación que se prolongada en los últimos 18 meses, recordando que de nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de quienes buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución. Sólo podremos dar una solución a este problema si planteamos un diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida coercitiva.
Por último, estas organizaciones recuerdan al Gobierno que el Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no puede saltarse los acuerdos y tratados internacionales por lo que exigen de forma inmediata el fin de esta práctica ilegal, que se investiguen los hechos de este vídeo, así como que se depuren las responsabilidades pertinentes.
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