Migreurop en España exige el respeto de los derechos humanos en las fronteras

Las asociaciones miembros de Migreurop en el estado español (CEAR, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Andalucía Acoge, Elín y SOS Racismo) muestran su rechazo a la gestión de las fronteras que el Gobierno está llevando a cabo en las últimas semanas, con motivo del aumento de llegada de personas al territorio del Estado, utilizando como instrumentos, acciones ilegales como las “devoluciones en caliente” que hemos presenciado esta semana en Ceuta o la utilización del centro penitenciario de Archidona.

 
Para estas organizaciones, resulta injustificable el uso, por parte del Ministerio de Interior, de argumentos que relacionan la situación actual a una imaginaria emergencia migratoria nacional. En este sentido, estas organizaciones respaldan el argumento de la representante de ACNUR en el que se afirma que “España puede manejar perfectamente 25.000 solicitudes de asilo o 20.000 llegadas de flujos mixtos a sus costas”, recalcando que a pesar de que estas entidades llevan años avisando de la posibilidad de un aumento de esas llegadas, el Gobierno ha hecho caso omiso a estos avisos optando por una peligrosa improvisación de estas medidas.

Esa misma falta de previsión, así como la inexistencia de otras alternativas no basadas en la detención, han hecho que se tomen decisiones de difícil justificación como la apertura improvisada de un centro penitenciario en territorio malagueño que vulnera la legislación nacional e internacional bajo un argumento criminalizador de estas personas. Las organizaciones exigen el cese inmediato de la detención de estas personas en un centro ilegal.

Por otro lado, la persistencia de las “devoluciones en caliente” en Ceuta, avalada por las imágenes en la prensa, a pesar de la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone a juicio de estas organizaciones un salto al vacío que instala al Estado en una vulneración sistemática del derecho internacional y de incumplimiento de las sentencias. Aunque estas organizaciones son conscientes de que esta sentencia es recurrible, consideran inadmisible seguir aplicando una medida criticada internacionalmente mientras esperan una sentencia definitiva.

Asimismo, la llegada en las últimas horas de un importante número de embarcaciones a las costas de la península y Canarias, a juicio de estas organizaciones, no supone un elemento suficiente para aplicar un clima de excepcionalidad migratoria. Estas organizaciones quieren recordar, no sólo la responsabilidad con el derecho internacional del estado español, así como la experiencia de gestión de un volumen superior de personas en 2006 sin que ello supusiese un quebranto de la convivencia. Sobre esta cuestión Migreurop reclama una vez más un pacto de estado para la generación de un modelo de gestión fronterizo, de la protección internacional y del derecho de asilo y de la convivencia con la participación de la sociedad civil.

Estas organizaciones sociales quieren recalcar que la imagen y los discursos criminalizadores que se están emitiendo desde algunos responsables públicos y medios de comunicación sobre la llegada de migrantes, menores no acompañados, demandantes de refugio y asilo, así como potenciales víctimas de trata de seres humanos, se traducen en la práctica en el plano externo con una gestión fronteriza vulneradora de derechos fundamentales y en el plano interno en problemas de convivencia en nuestros barrios, pueblos y ciudades, un aumento de la islamofobia, el racismo y la discriminación.

Por este motivo, las organizaciones miembros de Migreurop en España exigen al Gobierno no sólo un ejercicio de responsabilidad pública en el tratamiento ante la opinión pública sobre esta realidad, priorizando la responsabilidad en la gestión frente a la criminalización de las víctimas, el cierre inmediato del Centro de Detención de Archidona por ilegal, o el fin inmediato de las devoluciones en caliente, sino también y de forma prioritaria y urgente el cumplimiento estricto de la legislación internacional en materia de derechos fundamentales en la gestión fronteriza.

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