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En 2015, el Gobierno aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana con la que pretendió dar cobertura legal a este tipo de prácticas. Actualmente, muchas personas -especialmente subsaharianas- son expulsadas de forma colectiva de nuestro país sin recibir asistencia de un intérprete o de un abogado y sin tener la posibilidad efectiva de solicitar asilo. Además, las autoridades españolas se han inventado el concepto de “frontera móvil” para justificar estas prácticas argumentando que las expulsiones son “rechazos en frontera”.
Esta situación incumple de forma sistemática la normativa internacional, europea y española. No se puede intentar legalizar lo ilegal, y menos cuando pone en riesgo la vida de quienes se han visto obligados a huir para ponerla a salvo.
Estas prácticas han sido cuestionadas por CEAR junto a numerosas organizaciones y por el actual partido mayoritario en el Gobierno que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, aún pendiente de resolución.
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