Según ACNUR, “un promedio anual de 21,5 millones de personas ha sido desplazada a la fuerza por peligros relacionados con el clima -tales como inundaciones, tormentas, incendios forestales o temperaturas extremas- cada año desde 2008”. Además, cada año, miles de personas huyen de sus hogares y sus países por otros efectos a largo plazo relacionados con el cambio climático como son las sequías o la erosión costera vinculada al aumento del nivel del mar.
Pero, más allá de las relacionadas directamente con el cambio climático, existen otras causas derivadas de nuestro modelo energético que obligan a las personas a salir forzosamente de sus hogares: conflictos bélicos derivados de la pugna por materias primas energéticas, construcción de grandes infraestructuras energéticas que desplazan poblaciones indígenas, o la contaminación ambiental generada en las fases de extracción de recurso energético, en el transporte, en la fase de explotación o en el tratamiento de los residuos (tierras inservibles tras la extracción con metodologías de fracking, o arenas bituminosas; vertidos de hidrocarburos en costas y ríos; contaminación radiactiva, etc.)
Apostar por un nuevo modelo energético limpio, distribuido y autóctono es una forma de evitar los desplazamientos forzosos de personas. Una forma coherente de unir dos luchas, la energética y la humanitaria, que están íntimamente relacionadas.