Defensor del Pueblo reclama presunción de minoría de edad a refugiados

A raíz de siete quejas de CEAR, el Defensor del Pueblo ha instado a la Fiscalía del Estado que aplique la presunción de minoría de edad en las solicitudes de protección internacional en aeropuertos cuando haya dudas sobre la misma.

Desde el pasado mes de mayo, CEAR ha interpuesto repetidas quejas ante el Defensor del Pueblo de España tras detectar varios casos en los que no se aplicó la presunción de minoría de edad a posibles menores no acompañados que solicitaron asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, incumpliendo las obligaciones legales nacionales e internacionales.

En los siete casos asesorados por CEAR, se trata de solicitantes de protección internacional que afirman ser menores de edad, tras viajar con documentación de adultos, única manera que tienen para poder salir de sus países. Algunos presentan original o fotocopia de su partida de nacimiento que acredita su minoría de edad, pero al constar en el expediente policial fotocopia del pasaporte de mayor de edad con el que viajaron, la policía no da credibilidad a sus alegaciones de minoría de edad. Por su parte, la Fiscalía asume el criterio de los agentes del control de fronteras sin tener en cuenta sus declaraciones y la documentación aportada, y no realiza ningún tipo de diligencia para determinar la edad ni solicita la puesta a su disposición de los posibles menores.

La no presunción de minoría de edad permitió que estas solicitudes se tramitaran como las de adultos, lo que impidió su protección e ingreso en un centro especializado. Una vez admitida su solicitud se les facilitó su entrada en territorio nacional sin que en la actualidad se conozca el paradero de varios de ellos.

Antes, cuando una persona indocumentada manifestaba ser menor, la policía activaba el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados, poniéndolo a disposición de la Fiscalía para que realizara las pruebas de determinación de edad y trasladarles a un centro de menores. Desde mayo, cuando a la policía les consta que esa persona indocumentada ha viajado con pasaporte de mayor de edad, aunque solo tengan una fotocopia de la que no pueden extraer su veracidad o falsedad, comunican por escrito este hecho a la Fiscalía, la cual no realiza ningún tipo de diligencia. Lo que obliga al posible menor a permanecer en dependencias del aeropuerto y realizar solicitud de asilo como mayor de edad, tal y como viene constatando el equipo jurídico de CEAR.

A un menor no se le puede aplicar el procedimiento acelerado de frontera, ya que debe contar con la asistencia de un tutor, ser entrevistado por personal especializado y no puede permanecer en las dependencias con adultos extraños a su entorno. “Esta actuación vulnera el principio del interés superior del menor y de beneficio de la duda, establecidos en la Convención de Derechos del Niño.  Es desproporcional privar a un posible menor de estas garantías, cuando es común que los menores se vean obligados a utilizar pasaportes falsos para poder salir de sus países huyendo de una persecución”, señala Elena Muñoz, abogada de CEAR que ha llevado alguno de estos casos.

Evaluación individual y pormenorizada

Las solicitudes de menores no acompañados exigen una evaluación en profundidad y el puesto fronterizo no es un “lugar adecuado para que se pueda identificar de manera correcta si la persona es o no menor de edad y cuáles son sus necesidades de protección internacional”, tal y como refleja el escrito remitido por la Defensor del Pueblo a la Fiscalía del Estado.

Un puesto fronterizo no es un lugar adecuado para determinar la edad de una persona Clic para tuitear

“Es evidente que solo resultará posible determinar la situación del menor si se le escucha utilizando la metodología adecuada para ello, y se efectúa la valoración correspondiente, que deberá tener en cuenta no solo sus manifestaciones, sino también sus expresiones no verbales y su madurez”, concluye.

Más de 63.000 menores no acompañados solicitaron protección internacional en Europa el año pasado, tan solo 30 lo hicieron en España, según datos de Eurostat.