CEAR reclama que no se discrimine a las personas migrantes y refugiadas LGTBIQ+

Las personas migrantes y refugiadas LGTBIQ+ siguen sufriendo altos niveles de discriminación en España, que les impiden acceder a derechos como el empleo, fundamental para que puedan vivir con dignidad.

A finales 2020, 69 países penalizaban por ley a las personas LGTBIQ+, al menos en 6 de ellos hasta con la pena de muerte, aunque en otros 5 podría potencialmente imponerse, según el último informe de ILGA. Además, 42 imponen restricciones jurídicas a la libertad de expresión en relación con la diversidad sexual y en muchos sufren niveles de violencia y persecución que les impiden ser, sentir o amar sin miedo.

El principal reto de los países de acogida es garantizar el acceso a derechos y la plena inclusión de aquellas personas LGTBIQ+ que se han visto obligadas a huir de sus países. España se encuentra entre los 81 países que protegen contra la discriminación laboral y entre los 45 que prohíben la incitación al odio, la violencia o la exclusión por motivos de orientación sexual. Sin embargo, 7 de cada 10 personas refugiadas o migrantes LGBTIQ+ en España aseguran sentirse discriminadas en los procesos de selección de personal y el 100% considera que añade aún más barreras de las que ya tienen por ser migrante, según un informe de CEAR.

“Esperaba algo diferente, aún falta mucha cultura, aún hay muchísima homofobia, mucho estigma y muy pocas posibilidades de conseguir un trabajo digno”, denuncia Loren, mujer trans que ha solicitado asilo en España tras tener que huir de Colombia. Desde 2008, al menos 3.664 personas transgénero han sido asesinadas en el mundo, según un informe de Transgender Europe.

Orgullo ‘Sin Peros’

Las personas migrantes y refugiadas LGTBIQ+ suelen trabajar en el servicio doméstico o de cuidados y en la hostelería. Sin embargo, las mujeres trans o cis-lesbianas que no son vistas como “femeninas” son excluidas de empleos de atención al público, incluidos los cuidados, mientras los hombres trans sufren rechazo en los sectores masculinizados, pero también en los feminizados.

Además, las personas trans, que sufren hasta un 80% de desempleo, tienen como obstáculo añadido el nombre administrativo, que normalmente no coincide con el nombre con el que se identifica y con el que se presenta a las entrevistas de trabajo.

Los diferentes agentes socioeconómicos juegan un papel crucial, más aún con las repercusiones que la actual crisis derivada de la COVID-19 ha generado a los grupos de población en situación de vulnerabilidad. Las administraciones públicas han de garantizar su protección, el acceso a recursos, a derechos y obligaciones. Por su parte, las empresas deben potenciar procesos de selección en los que se apueste por el talento y las capacidades de cada persona, alejándose de sesgos y prejuicios por motivos de origen, expresión o identidad de género y orientación sexual.

CEAR apuesta por hacer visible las situaciones de exclusión social y discriminación que sufren para tratar de que tengan pleno acceso a sus derechos, ante el aumento de los discursos de odio. Además, trabaja en la sensibilización y formación de las empresas en materia de sexualidades, expresiones e identidades de género no normativas para alcanzar una sociedad ‘Sin Peros’.

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