CEAR exige que se deje de utilizar como argumento la creación de las oficinas de asilo en la frontera de Ceuta y Melilla para mostrar que se cumple con el acceso al derecho de asilo

 

• El Grupo Popular introduce una nueva enmienda para legalizar las devoluciones ilegales e introduce a última hora una nueva redacción para justificar que va a cumplir con los Derechos Humanos y el Derecho de Asilo
• En paralelo Marruecos expulsa violentamente a las personas migrantes de varios campos en su territorio

Mientras ayer el Grupo Popular en el Senado introducía una nueva enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para justificar la legalización de las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla, las fuerzas auxiliares marroquíes expulsaban violentamente en paralelo a las personas migrantes de origen subsahariano que se encontraban en el monte Gurugú. Estas maniobras muestran una clara arquitectura de políticas migratorias orquestadas cuyo objetivo es reforzar la Europa de la Fortaleza, bajo un marco de insolidaridad y de exclusión, con el socio y vecino Marruecos que viola sistemáticamente los Derechos Humanos.

Entre 2007 y 2013 la Unión Europea ha gastado cerca de 2.000 millones de euros en blindar sus fronteras, tres veces más que lo destinado a políticas para proteger a personas refugiadas y solicitantes de asilo. El Gobierno español ha triplicado en los últimos dos años el gasto en cooperación policial con Marruecos convirtiendo a este país en el gendarme de España y de Europa. Por ello España no debe eximirse de su responsabilidad alegando, tal y como ha defendido el Ministerio de Interior, que no puede intervenir en la política interior de Marruecos. Esto evidencia lo que desde CEAR venimos denunciando en relación a los acuerdos existentes con Marruecos que sustentan las devoluciones ilegales y las actuaciones violentas de las fuerzas del orden marroquí.

En la madrugada de ayer las fuerzas auxiliares marroquíes detuvieron con extremada violencia a más de 1.200 personas de origen subsahariano, entre ellas mujeres y niños, que se encontraban en el monte Gurugú siendo trasladados en 24 autobuses con destino desconocido, temiendo que sean expulsados al desierto en países limítrofes o sin ningún tipo de garantías. Hasta el momento se desconoce con exactitud cuál serán sus destinos.

“No se trata de un hecho puntual, las redadas son frecuentes, pero el alcance de esta última ha sido impactante. Muchas de estas personas proceden de países en conflicto y podrían ser refugiadas. Marruecos lejos de garantizar sus derechos, ejerce la violencia contra ellos dejándoles en una situación de total desprotección. España no puede ser cómplice y seguir devolviendo a estas personas a un país donde su vida e integridad física corren peligro. Con estas devoluciones España incumple el principio de no devolución contenido en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Enmendar la enmienda para legalizar lo ilegalizable

Por su parte, el  Grupo Popular en el Senado introdujo en el día de ayer la enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. El texto aprobado incluye una nueva redacción a la presentada inicialmente de la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería que fue introducida durante el trámite en el Congreso de los Diputados matizando que el “rechazo en frontera” de las personas detectadas en la línea fronteriza «en todo caso se realizará respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte». Incluyendo además la previsión de que «las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos”.

A este respecto, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declarado que existiendo las oficinas de asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla «quedará muy claro que quienes intenten acceder a los enclaves saltando las vallas no serán en principio, refugiados”. Desde CEAR recordamos que la condición de refugiado no se determina por la forma de acceso al territorio de un Estado. El derecho de asilo es un derecho constitucionalmente reconocido y la Ley de Asilo establece expresamente en su artículo 17.2 que «la entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional.

“Una vez en España, las autoridades deben dar a estas personas acceso a los procedimientos y garantías establecidos en la legislación española, europea e internacional conduciéndoles, en su caso,  a las oficinas y puestos existentes a tal efecto”, ha declarado Galán.  “El hecho de que hayan llegado a España saltando la valla no les exime de la posibilidad de pedir asilo. Las personas que llegan saltando la valla tienen derecho a ser escuchadas y a que su situación sea estudiada de forma individualizada. Muchas de ellas huyen de conflictos y graves violaciones de derechos humanos y tienen derecho a recibir protección internacional. Sin embargo a día de hoy a las personas de origen subsaharianos se les impide el acceso a estos puestos, por lo que para ellos la única posibilidad de pedir asilo es a través de la valla” afirma Galán.

Desde septiembre 800 personas han pedido asilo en la frontera melillense y no se recogió ni tramitó ninguna solicitud de ciudadanos procedentes de países subsaharianos. Esto se debe a los esfuerzos de España y Marruecos en el blindaje de las fronteras hispano-marroquí y a la violencia ejercida por las autoridades  de este país para impedir la entrada a España de estas personas.

Desde CEAR queremos alertar de la política de blindaje de fronteras que España y Europa está llevando a cabo, así como la estrategia puesta en marcha con Marruecos, están poniendo en grave riesgo la vida de miles de personas e incumpliendo tratados nacionales, europeos e internacionales.

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