CEAR Andalucía lanza 21 propuestas electorales con vistas al 19-J
Las elecciones al Parlamento de Andalucía se celebrarán el próximo 19 de junio. Ante los desafíos que presenta el auge de los discursos xenófobos y racistas, las próximas elecciones autonómicas cobran especial relevancia de cara a garantizar los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
La incertidumbre política y la utilización de las personas migrantes y refugiadas como elemento de campaña electoral han marcado la agenda en los últimos tiempos en España. En este contexto, reclamamos a los líderes políticos que actúen con responsabilidad y renieguen de aquellas narrativas que dañan la dignidad y criminalizan a las personas migrantes y refugiadas, amenazando gravemente la cohesión social y la convivencia intercultural.
La milenaria historia de Andalucía está marcada por la convivencia entre distintas culturas y civilizaciones, que nos han dotado de una riqueza inigualable. Mantener y nutrir esta riqueza a través de la interculturalidad conforma un reto que debe ser abordado desde los diversos niveles de la administración. No olvidemos que la comunidad andaluza tiene un papel fundamental en el acceso a los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, trabajando desde el nivel más cercano, promoviendo la convivencia y la cohesión social.
Las siguientes propuestas están dirigidas a los partidos políticos para que incorporen la mejora de la protección internacional y el respeto de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas como una prioridad en la agenda en los programas electorales y la agenda política autonómica y local.
PROPUESTAS
1. Facilitar el empadronamiento en los supuestos en los que las personas aún no han logrado formalizar su solicitud de protección internacional o en los casos en los que la misma haya sido denegada. Los requisitos para el empadronamiento deben ser homogenizados en todos los municipios.
2. Fomentar el uso en Andalucía de la tarjeta de vecindad, que ha sido identificada como buena práctica en los municipios en los que está siendo implementada. Se trata de un documento que pueden solicitar los vecinos y vecinas en situación administrativa irregular con el objetivo de acreditar su arraigo en la ciudad en el marco de procedimientos de internamiento y/o expulsión u otros procedimientos.
3. Impulsar servicios de información específicos para personas migrantes y refugiadas recién llegadas a la Comunidad Autónoma Andaluza y poner en marcha programas formativos dirigidos a profesionales de atención al público en oficinas autonómicas y locales, especialmente en cuanto al empadronamiento, tarjeta de solicitante de protección internacional y derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas asociados al uso de servicios municipales y autonómicos, desde un enfoque de género y diversidad cultural.
4. Impulsar espacios de coordinación entre las administraciones públicas locales y autonómicas y las organizaciones especializadas con personas solicitantes de protección internacional y refugiadas para el trabajo en red que requiere la atención a estas personas desde un enfoque de autonomía tras la participación en el Programa de Acogida e Inclusión Estatal.
5. Facilitación de espacios de acogida para personas solicitantes de protección internacional, refugiadas o migrantes en situación de vulnerabilidad especialmente en casos de emergencia humanitaria en que la necesidad de acogida de personas de personas excede la logística existente para este fin.
6. Eliminar las dificultades de acceso al sistema público sanitario para las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas independientemente de su situación administrativa. Entre otras cuestiones, mejorando los protocolos de información en los centros de salud sobre sus derechos sanitarios mediante formación y elaboración de circulares informativas, identificando y registrando de casos de discriminación, garantizando los servicios de traducción a los profesionales sanitarios y personal y recursos específicos en salud mental. También es importante garantizar el acceso a solicitantes de asilo con diversidad funcional ya que en algunos casos encuentran obstáculos en el acceso a determinados servicios. Es también fundamental facilitar el acceso de personas que están indocumentadas, ya sea porque aún no tienen la tarjeta de solicitante de protección internacional o porque les ha sido denegadas la protección. En este contexto resulta fundamental implementar en todas estas acciones la perspectiva de género y diversidad cultural.
7. Elaborar políticas e implementar medidas que faciliten el acceso a la vivienda de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas una vez abandonan los dispositivos de acogida. Entre otras medidas debe contemplarse la ampliación del parque de vivienda social, la puesta en marcha de incentivos dirigidos a las personas propietarias de una vivienda o los seguros públicos de impago de alquiler, bonos sociales energético con facilidades de acceso.
8. Elaborar políticas e implementar medidas que faciliten y favorezcan el acceso a formaciones para el empleo de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas, que incluyan programas específicos de inserciones laborales y prácticas para personas sin habilidades lingüísticos, con acompañamientos de mediadores/as lingüísticos y culturales
9. Favorecer la creación de recursos que rompan la barrera lingüística en las administraciones a nivel local y autonómico con competencia en la atención a personas solicitantes de protección internacional y refugiadas. Sería necesaria la ampliación de programas públicos de aprendizaje de idioma para personas migrantes.
10. Eliminar barreras administrativas que retrasan la escolarización y garantizar el acceso a las plazas de enseñanza pública. También es importante fomentar la participación de las autoridades autonómicas y locales en los planes de acceso a la educación de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas. Mayor inversión en las aulas de adaptación lingüística en los centros educativos, con dotación suficiente de docentes en estos recursos.
11. Adaptar aulas de enlace a nivel lingüístico para responder adecuadamente a la llegada de alumnos de origen diverso durante el curso escolar e incluir en currículo escolar y formación de profesorado, contenidos relacionados con migraciones y asilo como elemento clave en diferentes áreas de conocimiento.
12. Asegurar que los servicios de protección de menores dependientes de las comunidades autónomas faciliten el acceso al procedimiento de Protección Internacional de los menores sin referentes familiares (MSRF). Debe asegurarse la derivación a entidades especializadas en materia de asilo y la formación en continua de todos los agentes involucrados en el sistema de protección de menores, garantizando así el interés superior del menor. En este contexto se hace imprescindible garantizar los medios materiales y humanos para asegurar la defensa imparcial de los derechos de las personas extranjeras MSRF en los procedimientos administrativos y judiciales que les afecten, en especial dotación de medios para la efectividad de la asistencia jurídica gratuita en este ámbito.
13. Asegurar la coordinación de las entidades públicas de protección de MSRF de las Comunidades Autónomas con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las secciones de menores de las fiscalías provinciales estableciendo que toda la información disponible sobre la filiación de estos menores y los indicadores de riesgos que se hubieran detectado sea compartida entre los actores involucrados.
14. Implementar mejoras en los mecanismos de prevención, detección y lucha de personas víctimas de trata de seres humanos con especial enfoque en la explotación sexual y laboral, sin excluir otros fines, mediante una mayor implicación de todos los agentes y autoridades públicas a nivel municipal y autonómico incluyendo la ampliación de recursos especializados de atención integral. Es necesario abordar cualquier acción en materia de trata de personas partiendo de un enfoque de derechos humanos, centrado en la víctima y que respecte las especificidades de género.
15. Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia machista desde un enfoque de no re victimización con independencia de donde se ha producido el ejercicio de la violencia: país de origen, tránsito o destino.
16. Incluir en los programas de protección social y específicamente en la Renta Mínima de Inserción, a las personas solicitantes de protección internacional. Eliminar obstáculos o barreras como el requerimiento de documentación de país de origen de imposible aportación.
17. Facilitar y garantizar el acceso de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas a la valoración, a los servicios y a las prestaciones establecidos para las personas dependientes.
18. Creación de un Observatorio Andaluz contra el racismo y la xenofobia, con competencias suficientes para la lucha contra los delitos de odio así como el impulso de políticas públicas de convivencia y lucha contra la discriminación, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online. Implementar y dotar de recursos a servicios especializados de atención a personas víctimas de delitos de odio y mejora formación Desarrollo de acciones educativas en materia de igualdad y prevención de la violencia racista y xenófoba, dirigidas a niños y niñas y adolescentes, como elemento clave para combatir estas conductas desde edades tempranas. de los agentes implicados.
19. Garantizar el acceso de la personas migrantes y refugiadas a las entidades financieras, que ponga fin a la exclusión financiera que están sufriendo ante las innumerables trabas que las entidades bancarias ponen para el acceso y mantenimiento de una cuenta bancaria, incumpliendo de manera reiterada la normativa actual.
20. Favorecer la inclusión digital de las personas migrantes y refugiadas, dado que la brecha digital ha impactado de forma especial en la población de origen extranjero en España, lo que afecta muy negativamente no sólo a su inclusión digital, siendo excluidas de la sociedad, retroalimentando la desigualdad. Asimismo, impiden o limitan el acceso a su documentación dado que tras la Covid 19 todos los trámites son online, incluyendo el acceso a la Protección Internacional.
21. Establecer mecanismos de favorecimiento de la participación de la sociedad civil de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y solicitantes de protección internacional